Una imagen se ha convertido en el símbolo de una crisis boliviana: la fila de vehículos esperando por combustible. En varios casos, kilómetros de motorizados, conductores que pasan las noches en sus vehículos y jornadas de trabajo perdidas. Lo preocupante es que, después de tantos meses, esa fila se vuelve infinita: no termina nunca.
En algunas ciudades como, por ejemplo, Potosí, la situación ha vuelto a adquirir características de conflicto abierto. Los transportistas denuncian que permanecen más de dos días esperando gasolina o diésel y que, aun después de semejante espera, el combustible no llega. El malestar ya se tradujo en bloqueos, como de este sábado en la carretera Potosí-Sucre, a la altura de Betanzos, donde choferes y comunarios exigieron abastecimiento con esa medida de presión.
En Sucre, también se han registrado problemas de abastecimiento, filas y movilizaciones. No se trata solamente de discutir el nuevo precio del diésel. Hay una pregunta que sigue sin respuesta: ¿Cómo es posible qué se pague más por un combustible que continúa sin llegar oportunamente a los surtidores?
El problema tiene varias capas: precio, disponibilidad y capacidad logística para llevar el combustible hasta donde se necesita. Si una de esas piezas falla, toda la economía paga las consecuencias.
La Defensoría del Pueblo ya había advertido en junio sobre la reducción de cupos y los tiempos de espera. Su verificación encontró reducciones de entre 20 y 50 por ciento en algunos cupos de diésel y esperas de hasta 24 horas. Ahora, las denuncias de los transportistas vuelven a colocar sobre la mesa la cuestión de los cupos.
YPFB, por su parte, ha reportado irregularidades como doble carguío, vehículos con placas presuntamente clonadas y personas que comercializaban espacios en las filas. Esas prácticas deben investigarse y sancionarse, porque perjudican a quienes esperan legítimamente por combustible. Pero también por eso resulta indispensable transparentar cuánto combustible se asigna, cuánto llega y cómo se distribuye.
Está, además, la explicación logística. En Potosí, YPFB ha señalado que para normalizar el abastecimiento se necesitan alrededor de diez cisternas diarias, mientras estarían llegando apenas cuatro o cinco. Si ese dato es correcto, la pregunta es inevitable: ¿Por qué no se completa el número de cisternas necesario para atender la demanda?
Mientras las autoridades explican las causas y los transportistas protestan, el costo lo absorbe la población. Lo paga el chofer que pierde días haciendo fila. Lo paga el pasajero cuando aumenta el pasaje. Lo paga el comerciante cuando sube el transporte. Lo paga quien necesita una ambulancia, un taxi, un camión o simplemente llegar a su trabajo.
Porque, además, el problema se extiende por toda la economía y se convierte en una crisis de movilidad, producción y abastecimiento.
El país necesita saber qué está ocurriendo. No bastan los anuncios de normalización ni las explicaciones generales. Se requiere información verificable sobre los volúmenes importados, los cupos asignados a cada departamento, las cisternas programadas, las que efectivamente llegan y las razones por las que algunas estaciones reciben combustible y otras no. Mientras esa información no sea transparente, cada fila alimentará una sospecha y cada bloqueo encontrará una justificación.
La crisis no termina cambiando el precio del diésel, después del fin de la subvención. Si el combustible continúa sin llegar, la pregunta seguirá siendo la misma: ¿Cuánto tiempo más tendremos que esperar en la fila?
