Evo Morales, no en su calidad de expresidente sino de dirigente sectorial, dio plazo hasta el próximo sábado 3 de octubre para que el Gobierno abrogue los decretos referidos al precio del diésel y a la reorganización, disolución o liquidación de empresas públicas. Advirtió que, si no lo hace, diez días después, el 13, comenzará una marcha nacional. En concreto, amenazó: “Si no es de buenas va a ser a malas”.
Claramente, se trata de la pretensión de condicionar una decisión del Estado mediante la capacidad de movilización de un sector. Pero, después de casi 44 años de democracia, llegó la hora de preguntarse sobre la legitimidad de los llamados de ciertas dirigencias.
Morales fue presidente de Bolivia, pero dejó de serlo. Actualmente no ocupa ningún cargo dentro de la administración pública; en cambio, representa un liderazgo orgánico de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, desde donde ha encabezado acciones y pronunciamientos políticos públicos en los últimos años, pese a tener dos mandamientos de aprehensión que no se ejecutan hasta ahora.
Su condición de dirigente sindical por supuesto que, en democracia (esa misma que él mismo quiso desconocer, por ejemplo, haciendo caso omiso a los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016), le permite expresar opiniones, formular demandas y convocar a sus bases. Mas no le confiere autoridad constitucional para darle órdenes o “ultimátums” (el término utilizado por el mismo Morales) al Gobierno.
La diferencia es fundamental. Cualquier ciudadano puede cuestionar al poder y cualquier organización protestar contra una política pública. Una federación campesina, una organización empresarial, un sindicato o un movimiento político tienen derecho a expresar sus desacuerdos dentro de la ley. Pero no debería confundirse la representación de un sector con la representación de la sociedad entera.
El Gobierno tampoco está exento de responsabilidades. Las medidas sobre combustibles y empresas públicas afectan a las familias y merecen explicaciones claras, datos verificables y diálogo con los sectores afectados. El derecho a cuestionarlas no está en discusión. Corresponde al Ejecutivo, en este caso encabezado por el presidente Rodrigo Paz, demostrar que sus decisiones responden al interés público y no simplemente exigir obediencia.
Además, una cosa es reclamar y otra amenazar.
Bolivia conoce demasiado bien el costo de convertir la presión callejera en mecanismo de decisión política. Los bloqueos pueden paralizar el transporte, encarecer los alimentos, perjudicar a productores y afectar a ciudadanos que nada tienen que ver con la disputa. El derecho a la protesta no debería convertirse en patente de corso para afectar los derechos de los demás.
La cuestión de las fechas límites no es una moda reciente. Incluso en días pasados, también los gobernadores han fijado un plazo al Gobierno para que cumpla su palabra de efectivizar el famoso “50-50”, relacionado con el pacto fiscal, y otras demandas inherentes a los departamentos.
Ante la última amenaza de Morales, la respuesta oficial ha sido que las diferencias políticas deben resolverse por las vías democráticas y legales y que nadie está por encima de la ley, ni por haber sido presidente ni por tener capacidad de movilización.
Lo preocupante del ultimátum no es solamente quién lo pronuncia, sino que sienta un precedente. Si un dirigente sectorial se da el lujo de fijar plazos al Presidente (cualquiera sea este) y amenazar que si no cumple, será “a las malas”, el día de mañana cualquier otro podrá atribuirse el mismo privilegio. Entonces, la pregunta ya no será quién gobierna Bolivia, sino quién tiene la suficiente fuerza para imponer su voluntad.
Una democracia saludable necesita dirigentes, pero que no estén por encima de las instituciones. Reclamos, protestas, marchas si lo consideraran así sus bases, pero siempre con límites. La oposición es importante, pero ella no implica suplantación de poderes.
Que un dirigente le diga a un gobierno cuándo obedecer no forma parte de lo que requiere un país políticamente maduro. Gobierno, oposición y organizaciones sociales cuentan con la legitimidad para disputarse sus respectivas posiciones dentro de las reglas establecidas. Pero no es lo mismo tener poder de convocatoria que tener autoridad para gobernar.
