La decisión de Estados Unidos de revocar las visas de 12 ciudadanos bolivianos y restringir el ingreso de otros nueve no puede reducirse a una anécdota diplomática ni tampoco interpretarse como una sentencia judicial. Sería irresponsable tratarla como un asunto menor, porque entre los afectados hay fiscales, jueces, magistrados, un exministro de Justicia, un exejecutivo de la Aduana, un policía que estuvo al frente de la Felcn y un empresario privado. Y, sobre todo, porque Washington formuló una acusación específica contra el fiscal general del Estado, Roger Mariaca.
Según el Departamento de Estado estadounidense, Mariaca usó sus cargos públicos al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes a evadir la justicia. A diferencia de las restricciones migratorias aplicadas al resto de los bolivianos incluidos en la medida, contra el Fiscal General existe una designación pública directa por lo que EEUU califica como “corrupción significativa”.
Son acusaciones gravísimas, pero hay que mantener una distinción fundamental: una decisión administrativa del Gobierno de Estados Unidos no es una condena judicial en Bolivia. La presunción de inocencia no desaparece porque una potencia extranjera formule una acusación. Mariaca tiene derecho a defenderse y las autoridades bolivianas tienen la obligación de establecer, con pruebas y mediante el debido proceso, si existen o no responsabilidades.
Precisamente por eso resulta insuficiente responder al asunto con indignación patriótica. La soberanía no consiste en negar cualquier señal que llegue desde el exterior, sino en tener instituciones capaces de investigar por sí mismas a sus funcionarios, sin importar su jerarquía, sus relaciones políticas o los intereses que puedan estar detrás de las denuncias.
Washington tampoco es un tribunal internacional. Estados Unidos utiliza las visas y otras restricciones de ingreso como instrumentos de su política exterior. Su gobierno afirma que esta medida —que afecta también a ciudadanos de otros tres países: Colombia, Ecuador y Perú— forma parte de una estrategia regional contra la corrupción y el narcotráfico y que busca proteger la gobernabilidad democrática. Pero esa explicación corresponde a Washington y debe ser entendida dentro de sus propios intereses y objetivos internacionales.
Bolivia, por tanto, no debería limitarse a protestar ni a aceptar automáticamente las acusaciones. Debería investigar.
Y aquí aparece la verdadera dimensión del problema. Si las acusaciones contra Mariaca y los demás funcionarios fuesen falsas, el Estado boliviano tiene la oportunidad de demostrarlo mediante investigaciones transparentes. Si existen indicios serios, corresponde que el Ministerio Público, los tribunales y las instituciones de control actúen conforme a la ley. Lo que no puede ocurrir es que las denuncias queden atrapadas en la lógica conocida de una justicia que investiga con intensidad a unos y con cautela a otros.
También corresponde preguntarse por qué una autoridad extranjera puede presentar ante el mundo acusaciones de esta magnitud contra integrantes del sistema judicial boliviano mientras dentro del país muchas denuncias terminan convertidas en disputas políticas. La respuesta no debería ser cerrar filas automáticamente alrededor de los funcionarios cuestionados. Tampoco entregarles automáticamente la razón a sus acusadores. Aquí lo que debe prevalecer es lo institucional: pruebas, investigación, transparencia y debido proceso.
Una visa estadounidense es un documento migratorio y puede ser revocado por decisión soberana de EEUU. La credibilidad de la justicia boliviana, en cambio, no debería depender de Washington.Por eso, el verdadero desafío no está en recuperar 12 visas, sino en demostrar que Bolivia puede investigar a sus propias autoridades y establecer la verdad sin que tenga que hacerlo otro Estado.
