El constitucionalismo moderno nació con una promesa inquebrantable: someter el poder político al imperio de la Constitución y de la ley. Sin embargo, cuando las garantías democráticas colapsan y los frenos institucionales son deliberadamente desmantelados, emerge un fenómeno patológico: el Estado Inconstitucional de No Derecho. En contextos de profunda crisis estructural, como la que atraviesa Bolivia en la actualidad, esta figura deja de ser una abstracción teórica para convertirse en una cruda realidad. Se trata de la falla sistémica del pacto constituyente, donde la total ausencia de institucionalidad constitucional y la severa erosión del Estado de Derecho transforman a la Constitución en una simple fachada retórica que encubre y legitima la arbitrariedad.
El tránsito hacia este colapso no ocurre de la noche a la mañana, sino que es el resultado de un desgaste progresivo de las bases institucionales republicanas.
En Bolivia, la Constitución Política del Estado de 2009, diseñada con un vasto catálogo de derechos, deberes, principios y garantías, ha sido paulatinamente vaciada de su fuerza material, cediendo ante un diseño donde el poder fáctico somete al normativo y consolida la erosión institucional del país.
Esta crisis ha derivado en un marcado alejamiento de la Norma Suprema y ha instaurado un sistema de "legalidad paralela". Bajo este esquema, la ley es implacable contra el ciudadano de a pie o el disidente, pero sumamente elástica y permisiva frente al abuso del poder y la corrupción. En este escenario discrecional, la voluntad popular es moldeada o ignorada mediante malabarismos interpretativos, tal como quedó en evidencia con el flagrante desconocimiento del referéndum constitucional vinculante del 21 de febrero de 2016.
A este quiebre se suman sucesivas contrarreformas constitucionales que operan, en la práctica, como modificaciones informales de la Constitución, inaplicando su propio texto mediante fallos constitucionales arbitrarios y de clara vocación dictatorial.
Un caso paradigmático es la Sentencia Constitucional Plurinacional N.º 0084/2017, mediante la cual se dejó sin efecto el artículo 168 de la Norma Suprema para declarar la reelección presidencial indefinida como un supuesto derecho humano, sumándose a esta otras contrarreformas realizadas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, que inaplicaron la Norma Suprema sin ninguna potestad que emane de ella. Esa conducta amoral generó un conflicto entre el Poder Constituyente y el poder constituido. Otro ejemplo inicial es la Declaración Constitucional Plurinacional No. 003 del año 2013 que inaplicó la disposición transitoria primera de la Constitución y permitió a Juan Evo Morales Ayma repostularse y ejercer la presidencia de la República por tercera vez, lo cual fue inconstitucional y quebró el sistema democrático.
Estas contrarreformas, fenómeno abordado como parte de una tesis doctoral inédita sustentada en la Universidad Mayor de San Andrés en 2024, se ven agravadas por un sinnúmero de precedentes judiciales contradictorios en todas las materias. En su conjunto, esta degradación institucional genera una absoluta inseguridad jurídica y deja en la indefensión a miles de ciudadanos.
El síntoma más agudo de este deterioro es la captura del Órgano Judicial por intereses político-partidarios y corporativos vinculados a los denominados movimientos sociales.
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), concebido originalmente como el máximo guardián de la Constitución, se ha transmutado en un superpoder; a través de sentencias hechas a la medida, el sistema judicial ha dinamitado su propia legitimidad, llegando al extremo inaudito de validar la autoprórroga inconstitucional de sus propios magistrados al margen del voto popular. En consecuencia, la división de poderes y su sistema de contrapesos se han convertido hoy en un mero espejismo institucional. El aparato judicial es instrumentalizado abiertamente y, en este engranaje represivo, el Ministerio Público juega un rol operativo central en la judicialización de la política. Paralelamente, la Asamblea Legislativa Plurinacional ha sido sistemáticamente eludida, neutralizada o paralizada mediante fallos judiciales, como se evidenció en el bloqueo al proceso de las últimas elecciones de las autoridades judiciales, lo que anula por completo su capacidad de fiscalización y legislación.
Toda esta maquinaria estatal queda inmovilizada a causa de la profunda fractura del sistema de gobernabilidad. Queda demostrado así que los poderes públicos ya no responden a la supremacía constitucional, sino a los dictados de caudillos en pugna, agravando con ello la crisis política y económica ante un evidente vacío de certidumbre jurídica. Este simulacro normativo genera una asfixiante indefensión en la ciudadanía, la cual comprende que acudir a los tribunales no representa buscar justicia, sino someterse a una ruleta de extorsión y lealtades políticas. De este modo, el Estado de Derecho es reemplazado por un "Estado de Hecho", disfrazado de legitimidad, pero carente de méritos democráticos.
La crisis estructural boliviana demuestra de forma contundente que el problema central no radica en reformar parcialmente el texto constitucional, sino en desmantelar la estructura fáctica que lo subvierte. Superar el Estado Inconstitucional de No Derecho exige una reinstitucionalización profunda e inaplazable. Esta reconstrucción comienza, de manera ineludible, por la recuperación de la independencia judicial mediante mecanismos meritocráticos reales que extirpen definitivamente el manoseo político, así como por la restauración de una auténtica separación de poderes. Sin tribunales imparciales y sin límites efectivos al ejercicio del poder, Bolivia continuará atrapada en una espiral de degradación democrática. Salvar la institucionalidad implica devolverle a la Constitución su carácter vinculante y supremo, antes de que el autoritarismo extremo, tanto político como judicial, termine de consumir por completo los cimientos de la República.
*G. Gonzalo Hidalgo Neuenschwander es Ph.D. en Derecho Constitucional y Administrativo.
