La detención de Roger Mariaca, fiscal general del Estado, se convirtió en la noticia política del momento. Su rostro apareció en periódicos, televisión y redes sociales, acompañado de acusaciones de narcotráfico, corrupción y supuesta persecución política. Como suele ocurrir en Bolivia, aparecieron dos verdades absolutas: para unos, Mariaca es parte de una estructura criminal; para otros, es una víctima del poder. Probablemente la realidad sea más incómoda que ambas versiones.
Mariaca fue detenido después de que Estados Unidos revocara su visa junto con la de otras autoridades y exautoridades bolivianas. El Gobierno sostiene que existieron vínculos con actividades del narcotráfico. Sus defensores denuncian injerencia extranjera y una venganza por el caso Cerimedo. Mientras no exista sentencia, corresponde respetar la presunción de inocencia. Pero esa garantía no debería cerrar el debate sobre una institución que dejó de ser políticamente inocente.
En las últimas horas, Mariaca no solamente quedó detenido. También perdió el cargo de fiscal general después de que la Asamblea aprobara una ley y lo suspendiera definitivamente. También circularon denuncias sobre dinero enviado mediante códigos QR para conseguir votos, algo que merece investigación. Pero resulta más preocupante la facilidad con que una parte de la sociedad convierte a una autoridad en santo o demonio según quién la acusa y quién ocupa el Gobierno.
Para entender lo ocurrido hay que mirar atrás. La Fiscalía y el poder judicial boliviano nunca consiguieron construir una independencia verdaderamente sólida frente al poder político. Han sido instituciones que, con diferentes intensidades, terminaron acercándose al gobierno de turno. Cambian los nombres, cambian los discursos y cambian los perseguidos, pero permanece una lógica bastante conocida: quien tiene el poder político termina teniendo demasiada influencia sobre quienes deberían controlar sus abusos.
El Movimiento Al Socialismo llevó esa lógica a un nivel mayor. Durante sus años de gobierno buscó consolidar una hegemonía que necesitaba tener bajo control las instituciones estratégicas. Las elecciones judiciales pretendieron presentar una justicia elegida por el pueblo. Sin embargo, la preselección de candidatos continuó dependiendo de la Asamblea. Incluso cuando hubo votación popular, quedó la duda fundamental: ¿cuánto puede ser independiente una autoridad que necesita primero el respaldo de los políticos para llegar a la papeleta?
En 2019, con la renuncia de Evo Morales y la llegada de Jeanine Añez al poder, la Fiscalía y el Órgano Judicial mostraron su camaleonismo político. Bastó que cambiara el inquilino del Palacio para que cambiaran de piel. Juan Lanchipa, designado durante el gobierno de Morales, entendió que la coyuntura exigía acomodarse y la Fiscalía comenzó a actuar contra el expresidente. Cuando llegó Luis Arce, el libreto volvió a cambiar y Jeanine Añez terminó encarcelada. Años después, el mismo aparato judicial actuó contra Arce. Una maravilla de la justicia boliviana: cambia el poder, cambia el perseguido y parece cambiar el criterio. Más que independencia, parece tener olfato para saber hacia dónde sopla el viento y arrimarse al árbol con sombra.
La carrera de Mariaca tampoco escapa a esa lógica. En pocos años pasó de ocupar cargos dentro de la Fiscalía durante el gobierno del MAS a convertirse en fiscal departamental y posteriormente en fiscal general, elegido por una Asamblea donde el MAS tenía una posición dominante. En 2025 apareció enfrentando judicialmente a Evo Morales y actuando contra una figura poderosa. Hoy es él quien está detenido y destituido. La historia vuelve a girar.
El error de Mariaca, por sus actuaciones, pudo haber sido sentirse demasiado poderoso. Mostrar su fortuna, manejar la Fiscalía con un estilo personalista, enfrentarse públicamente con medios de comunicación cuando las preguntas no le gustaban y, sobre todo, exhibir una cercanía política con sectores enfrentados al Gobierno de Rodrigo Paz. Si se demuestra que participó en acciones para desestabilizar al Gobierno, deberá responder. Una autoridad judicial no puede convertirse en operador político.
También resulta cuestionable la indignación selectiva de quienes hoy descubren la importancia de la independencia judicial porque el afectado es Mariaca. Algunos políticos y abogados hablan de una afrenta a la soberanía por la actuación de Estados Unidos. ¿De qué soberanía institucional se puede hablar cuando durante años se ha permitido que la justicia sea utilizada por gobiernos y grupos de poder? La soberanía no puede servir para defender a una persona y olvidarse de la institución.
También resulta peligroso creer que destituir a Mariaca resolverá el problema. Una ley aprobada rápidamente puede producir una solución política, pero no necesariamente institucional. Si mañana cambia el Gobierno y el nuevo poder vuelve a utilizar la Fiscalía contra sus adversarios, habrá quedado demostrado que nada cambió. El problema no es quién ocupa el despacho del fiscal general. El verdadero problema es el sistema que permite que quien llega a ese despacho tenga demasiadas razones para mirar hacia el poder que lo hizo posible.
La justicia boliviana no se volvió política con Roger Mariaca, ni comenzó a serlo con el actual Gobierno. Lleva años en esa lógica. Por eso sería sencillo convertir este caso en una pelea entre buenos y malos. Lo que se necesita es una justicia que no tenga que agradecerle el cargo a un partido, que jueces y fiscales lleguen por mérito y concursos transparentes, y que exista una verdadera selección independiente. De lo contrario, se seguirán cambiando personas mientras el poder continúa siendo el mismo actor detrás del escenario.
Mariaca deberá responder por las acusaciones en su contra. Si cometió delitos, debe ser sancionado; si son falsas, deberá ser reivindicado. Pero el país no debería quedarse en esa discusión. El verdadero juicio debe recaer sobre las instituciones. Mientras la Fiscalía y el Órgano Judicial actúen como actores políticos, cada gobierno tendrá incentivos para conquistarlos. Y cada cambio de gobierno volverá a cambiar los perseguidos, pero no cambiará esta vergonzosa historia.
* Es investigador y analista socioeconómico.
