El tema de la elevación indiscriminada de los pasajes, tanto del transporte público urbano como el interdepartamental, preocupa al grueso de la población y hasta ahora no ha sido resuelto por las autoridades, por lo que la incertidumbre se prolonga.
Derivada del levantamiento de la subvención al precio del diésel, la cuestión de las tarifas en las ciudades es competencia de las alcaldías y tuvo reacciones dispares, según cada región. Pero, en general, persiste la disconformidad por los incrementos arbitrarios y, en tal sentido, distintos sectores de la sociedad —los universitarios, por ejemplo, en Sucre— han salido a expresar su protesta, incluso, controlando directamente a los micros.
Como es obvio, el aumento afecta a los buses que utilizan el diésel como carburante, puesto que sus empresas han visto súbitamente incrementada sus hojas de costos. Sin embargo, esto no significa dar carta blanca a incrementos inusitados.
La respuesta de los usuarios tampoco se dejó esperar: los viajes entre departamentos sufrieron un bajón en cuanto a demanda, puesto que algunos pasajes se volvieron sencillamente impagables.
El caos vivido en días pasados no es solo la consecuencia del alza del precio del diésel, sino de una inadecuada —o inexistente— política de transporte. Como el sector está en manos privadas, las instituciones públicas poco o nada han hecho para ajustar los mecanismos de regulación. El gobierno de Rodrigo ha llegado al punto de permitir incrementos abusivos incluso antes del levantamiento de la subvención.
Lo ocurrido revela, además, que existe una norma que no se aplica adecuadamente: La Ley 165, Ley General de Transporte, establece que las tarifas deben considerar los costos reales de operación y la prestación eficiente del servicio. El artículo 228 dispone que la autoridad competente debe realizar estudios de costos reales y eficiencia para fijar las tarifas y actualizar estas cuando varían los precios de los insumos.
Por tanto, el incremento del precio del diésel justifica una revisión de las tarifas, pero no una elevación arbitraria. La ley no autoriza al transportista a establecer por su cuenta cuánto debe pagar el pasajero.
El artículo 230 determina también quién tiene que aprobar las tarifas: los gobiernos municipales para el transporte urbano, los gobiernos departamentales para el interprovincial e intermunicipal y el nivel central para el interdepartamental. La responsabilidad, entonces, no corresponde exclusivamente a los choferes ni puede ser eludida por las autoridades.
El problema es que los gobiernos suelen intervenir cuando el conflicto ya está en las calles. Se espera el paro, la protesta o el incremento unilateral para recién convocar a reuniones. Una verdadera política de transporte se anticiparía a esas situaciones límite mediante estudios periódicos de costos y mecanismos transparentes de actualización.
No sería razonable exigir que los transportistas absorban indefinidamente un aumento sustancial de sus costos. Pero tampoco corresponde trasladar automáticamente el incremento del combustible al usuario común. Para eso existen los estudios técnicos: para establecer cuánto representa realmente el diésel dentro del costo total de operación y cuál debe ser la tarifa resultante.
En lo que respecta al Gobierno nacional, la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) planteó a los choferes un incremento de 15% para las tarifas del transporte interdepartamental. Admitió que, actualmente, hay tarifas “excesivas” que van desde el 40% al el 100% de aumento.
Al cierre de esta edición, las negociaciones continuaban.
