En septiembre, Sucre registró la inflación más alta del país. Más allá de la cifra, este dato constituye una señal de alerta sobre una realidad que venía gestándose desde hace varios años: la creciente vulnerabilidad económica y alimentaria de nuestro departamento. No estamos frente a un fenómeno aislado ni exclusivamente coyuntural. Estamos observando los efectos de procesos estructurales que, de no abordarse oportunamente, pueden comprometer el bienestar de miles de familias chuquisaqueñas.
Hoy convergen tres factores que se alimentan mutuamente: la inflación alimentaria, los efectos cada vez más visibles del cambio climático y el incremento de los costos del transporte y la logística. Cada uno de estos desafíos tiene la capacidad de afectar la economía familiar; juntos conforman una verdadera tormenta perfecta para los sistemas alimentarios del departamento.
Cuando aumentan los precios de los alimentos, las familias deben destinar una mayor proporción de sus ingresos a la alimentación. Cuando se incrementan los costos del transporte, prácticamente todos los productos y servicios se encarecen. Cuando se presentan las sequías, las heladas o la irregularidad de las lluvias reducen la producción agrícola, disminuye la oferta y los precios vuelven a presionarse al alza. El resultado es una disminución gradual del poder adquisitivo, una mayor exposición al endeudamiento y una creciente inseguridad alimentaria, especialmente en los hogares más vulnerables.
A ello se suma una característica estructural de Chuquisaca: nuestra fuerte dependencia de productos provenientes de otras regiones. Esta situación convierte al departamento en particularmente sensible a las fluctuaciones de los costos de transporte, los problemas de abastecimiento o los impactos climáticos que afectan a otros territorios. Paralelamente, nuestros productores enfrentan costos crecientes, limitaciones hídricas y mayores riesgos climáticos, reduciendo su capacidad de respuesta frente a un contexto cada vez más incierto.
La respuesta a esta situación no puede limitarse al control de precios o a medidas de corto plazo. El desafío requiere una visión estratégica capaz de fortalecer la resiliencia territorial. Esto significa producir más alimentos en el propio departamento, mejorar la gestión del agua, reducir las pérdidas postcosecha, optimizar la logística, fortalecer los mercados de proximidad y desarrollar capacidades institucionales para anticipar riesgos y responder oportunamente a las crisis.
En este contexto, resulta fundamental impulsar una estrategia departamental de resiliencia alimentaria y logística territorial que proteja simultáneamente a productores y consumidores. Su finalidad debe ser garantizar que las familias puedan acceder de manera estable a alimentos suficientes, nutritivos y asequibles, aun en escenarios de inflación, eventos climáticos extremos o incrementos en los costos de transporte.
Esta visión debe sustentarse en cuatro pilares: producción agroalimentaria resiliente, infraestructura logística y de almacenamiento, fortalecimiento de mercados territoriales y sistemas de información y alerta temprana. Sin embargo, ningún esfuerzo tendrá éxito si se actúa de manera aislada.
La magnitud del desafío exige una alianza territorial amplia y comprometida. La Gobernación puede liderar la articulación de una agenda departamental de seguridad alimentaria. Los gobiernos municipales pueden impulsar inversiones estratégicas y fortalecer la gestión local. Las organizaciones de productores pueden consolidar cadenas de valor y circuitos cortos de comercialización. El sector privado puede contribuir mediante inversiones en transformación, almacenamiento, transporte y comercialización.
De igual manera, la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca está llamada a desempeñar un papel central como motor del conocimiento y la innovación. Su capacidad de investigación, formación profesional y vinculación con el territorio puede contribuir al desarrollo de tecnologías adaptadas al cambio climático, sistemas de monitoreo, innovación agropecuaria, estudios de mercado y soluciones logísticas que fortalezcan la resiliencia del sistema alimentario departamental. La construcción de resiliencia requiere también ciencia, evidencia y talento humano comprometido con el desarrollo regional.
La cooperación internacional encuentra aquí una oportunidad concreta para apoyar iniciativas alineadas con los desafíos globales de seguridad alimentaria, adaptación climática y desarrollo territorial sostenible. Por su parte, la sociedad chuquisaqueña cuenta con capacidades productivas, organizativas y humanas suficientes para convertir una amenaza en una oportunidad de transformación.
La inflación que hoy observamos no debe ser entendida únicamente como un problema económico. Debe asumirse como una advertencia y, al mismo tiempo, como una oportunidad para repensar el futuro de nuestro territorio.
La verdadera pregunta no es cuánto costará construir resiliencia alimentaria. La verdadera pregunta es cuánto nos costará seguir siendo vulnerables.
Hoy tenemos la posibilidad de construir un gran pacto por la seguridad alimentaria, la resiliencia climática y el desarrollo económico de Chuquisaca. No se trata solamente de garantizar alimentos. Se trata de proteger el bienestar de nuestras familias, fortalecer nuestra economía y asegurar un futuro más sostenible para las próximas generaciones.
