La crisis del Ministerio Público y la designación de José Armando Urioste Viera como fiscal general interino abren una oportunidad, pero también una advertencia: la institución encargada de perseguir el delito no recuperará credibilidad solo con cambios de nombres ni decisiones adoptadas bajo presión.
La suspensión definitiva de Roger Mariaca, aprehendido e imputado en investigaciones penales, y la elección de Urioste se produjeron después de que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobara la Ley 1773, que incorporó un mecanismo para apartar al Fiscal General cuando esté formalmente imputado o sujeto a una medida cautelar por delitos sancionables con privación de libertad. Las acusaciones contra Mariaca deberán establecerse en un proceso judicial; no corresponde convertir una imputación en condena anticipada. Pero tampoco se puede ignorar la dimensión institucional de una crisis que alcanza a la máxima autoridad del Ministerio Público.
La rapidez con que se modificó la ley y se aplicó al caso concreto merece escrutinio. Una norma puede responder a una necesidad, pero su legitimidad depende de que respete la Constitución Política del Estado (CPE), la seguridad jurídica y el debido proceso. Cuando una regla se aprueba y se utiliza en cuestión de horas, la ALP debe explicar sus fundamentos y asegurar que no se haya creado un mecanismo excepcional para una coyuntura determinada.
La Fiscalía no es una extensión del Gobierno ni un instrumento de la mayoría parlamentaria. La CPE le asigna la defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad, y exige que ejerza sus funciones con autonomía. Esa independencia debe notarse en las investigaciones y en la ausencia de privilegios para quienes detentan poder.
El nuevo fiscal interino ha anunciado medidas para revisar procesos y evaluar el funcionamiento institucional. El país espera que lo guíen los procedimientos transparentes, los criterios objetivos y el respeto a los derechos de funcionarios y litigantes.
El plazo del interinato es limitado. Por eso, la ALP debe iniciar sin demora un proceso público y meritocrático para elegir al titular, con reglas claras, evaluación de antecedentes y control ciudadano.
En este punto, los asambleístas tendrán que ser lo suficientemente inteligentes para limpiar la imagen del Congreso, ensuciada en las últimas horas por las denuncias —que confirmaron incluso algunos exparlamentarios— de serias sospechas de que Mariaca habría pagado por los votos que lo hicieron fiscal general.
La crisis no se resuelve con discursos sobre una limpieza institucional ni con el respaldo que el Ejecutivo ofrezca a la nueva autoridad, sino investigando sin selectividad, respetando la presunción de inocencia, actuando con celeridad y publicando resultados verificables. La independencia se probará investigando a los adversarios del poder y también a quienes lo ejercen cuando existan indicios suficientes.
Bolivia necesita un Ministerio Público leal a la Constitución y a la sociedad, no a un partido político, a una bancada o a un gobernante. Urioste tiene la oportunidad de demostrarlo durante su interinato; la ALP, la responsabilidad de garantizar una elección definitiva transparente.
La confianza no se decreta ni se obtiene con una votación: se construye con decisiones imparciales, resultados comprobables y reglas que no cambien al ritmo de cada emergencia.
