Las impactantes revelaciones de un alto mando de la inteligencia policial de São Paulo, en una entrevista con la televisión brasileña publicada el lunes en CORREO DEL SUR, dejan una tremenda sensación de indefensión. Más aún con la ola de crímenes que arrecia al país, principalmente a las regiones de Santa Cruz y Cochabamba.
Precisamente Santa Cruz de la Sierra es el lugar apuntado en dicha entrevista por el delegado Fábio Pinheiro Lopes (‘Fábio Caipira’), jefe del Departamento de Operaciones Policiales Estratégicas (DOPE) de São Paulo. Él comentó que estuvo alrededor de diez días detrás de Roberto Prieto Filho (‘Betinho da Baixada’), una de las cabezas del Primeiro Comando da Capital (PCC), y que allí constató cómo los narcotraficantes viven a sus anchas, al parecer, gozando de la protección de la Fiscalía y la Policía de Bolivia.
Sus declaraciones son prácticamente coincidentes con los hallazgos de las últimas semanas en torno al caso del exfiscal general del Estado, Roger Mariaca, quien cumple detención preventiva en la cárcel de Cantumarca mientras se investigan sus supuestos vínculos con el narcotráfico, entre otros delitos. Él, según el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, debe ser visto “como el jefe de una organización criminal”.
La misma autoridad dijo este martes que “ya no hay lugar seguro en Santa Cruz”, mientras oficializaba que, en vista del incremento de los casos de inseguridad, su ministerio trasladaba sus operaciones a la capital oriental.
En paralelo, el presidente Rodrigo Paz viene hablando de este tema en todos los actos públicos a los que se presenta. Lo último fue directamente una advertencia: dijo que el crimen organizado busca “romper la democracia y pervertir” las instituciones. Antes, en al menos tres oportunidades, aseguró que él mismo ha sido víctima de amenazas de muerte y, en tal sentido, mencionó las recientes capturas de peces gordos del narco brasileño. Por lo demás, cada día nuestros periódicos informan de asesinatos a plena luz del día, varios de ellos con características de ajustes de cuentas. También se vienen registrando asaltos a mano armada, en ocasiones, con víctimas mortales.
Es bueno recordar que esta ola de crímenes se intensificó a partir del asesinato del magistrado del Tribunal Agroambiental Víctor Hugo Claure Hinojoza, la noche del 30 de abril de este año, en Santa Cruz de la Sierra. Un caso que involucró a una alta autoridad del Estado y que, por lo demás, hasta ahora, no fue esclarecido.
Otro antecedente a destacar es el de la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset como producto de un megaoperativo en el barrio Las Palmas de aquella ciudad oriental. Acusado por autoridades de varios países de liderar una red internacional de tráfico de cocaína y lavado de dinero conocida como el Primer Cartel Uruguayo (PCU), era uno de los fugitivos más buscados a nivel internacional.
Ese fue el mayor acierto de este gobierno, elogiado tanto dentro como fuera del país. En las últimas horas, un piloto al que se vincula con Marset —ahora encarcelado en Estados Unidos, donde enfrenta cargos de lavado de dinero y narcotráfico— fue asesinado a tiros en el interior de un taller mecánico ubicado en la zona del Zoológico Municipal de Santa Cruz.
En un video que en los meses pasados circuló profusamente, Marset llama “mi amigo” a Mariaca. Y no pocos analistas y expertos en el tema explican con esa amistad la impunidad con la que se movió el narco extranjero en Bolivia por años, llevando incluso una vida social sin restricciones. Se sabe que en 2022 vivió en la exclusiva zona del Urubó junto a su familia; un año después hubo un allanamiento policial en su casa, donde se encontraron armas, vehículos de lujo y animales exóticos, pero él escapó.
Pero, al escuchar los pormenores inéditos de la estructura de blindaje judicial y policial en Bolivia que denuncia el delegado Lopes en el programa televisivo “True Crime”, de la cadena brasileña SBT News, realmente se puede dimensionar la magnitud del problema: criminales de alta peligrosidad vinieron operando con carta blanca, al menos, en Santa Cruz. En tal sentido, el Gobierno tendrá que hacer mucho más que sentar presencia en el terreno del conflicto. De principio, como señal, sirve, pero debe actuar y mostrar resultados.
