Más de dos años después de la asonada militar del 26 de junio de 2024, el juicio contra el general Juan José Zúñiga coloca sobre la mesa algo necesario: una explicación verificable sobre lo ocurrido aquella vez en la ciudad de La Paz.
Las recientes declaraciones no han cerrado el caso, sino más bien han abierto nuevas interrogantes. Zúñiga volvió a sostener que recibió órdenes para trasladar efectivos y vehículos militares hacia la plaza Murillo y que esas instrucciones provenían del entonces presidente Luis Arce y del exministro de Defensa Edmundo Novillo.
Su versión será valorada por el tribunal. Pero, también hay elementos que no se puede ignorar. El exviceministro Jhonny Aguilera, convocado como testigo de descargo, declaró que el 26J no hubo golpe de Estado y que la actuación de las fuerzas del orden y la reacción ciudadana impidieron que los militares ingresaran al Palacio de Gobierno.
La declaración de Luis Arce tampoco despejó las dudas. El expresidente negó haber tenido un contacto previo con los integrantes del Alto Mando Militar, aunque reconoció haberse comunicado con el entonces ministro de Defensa, quien se encontraba reunido con las autoridades militares. Zúñiga, por su parte, cuestionó ese testimonio: dijo que encontró contradicciones y vacíos.
Hay demasiadas preguntas abiertas para conformarse con una versión política. La primera es elemental: ¿Quién ordenó que los blindados y efectivos militares se trasladaran a la plaza Murillo? Luego, ¿con qué propósito? ¿Quiénes conocían de antemano ese movimiento? Y, ¿qué pretendían hacer los militares cuando un blindado derribó la puerta del Palacio Quemado?
No basta con establecer que no se produjo un cambio de gobierno. Un golpe puede fracasar y seguir siendo una tentativa.
Del mismo modo, tampoco resulta suficiente afirmar que hubo un supuesto autogolpe, porque, tal como lo sospechan varios analistas, el Gobierno pudo haber obtenido algún beneficio político de la crisis. Una hipótesis no sustituye a una prueba judicial.
Lo que corresponde es investigar ambas posibilidades. Si Zúñiga recibió una orden presidencial para movilizar tropas, se debe demostrar quién la impartió y con qué finalidad. Si actuó por iniciativa propia o existió un plan para tomar el poder, también se debe demostrar. Y si hubo una operación para provocar una crisis que favoreciera al Gobierno, sus responsables tendrán que responder ante la justicia nacional.
La justicia no puede escoger la versión más conveniente para una corriente política, ni convertir el juicio en una prolongación de disputas partidarias, mientras que el país tiene derecho a conocer la verdad sobre lo ocurrido aquella tarde. No una verdad oficial, militar, partidaria o mediática, sino una sustentada en documentos, comunicaciones, órdenes, registros, testimonios y pericias. Y determinar responsabilidades individuales.
Obedecer órdenes no significa automáticamente que sean legales; una instrucción civil tampoco se convierte, ipso facto, en legítima. En un Estado de derecho, la obediencia tiene límites y el poder civil también está sometido a la ley.
El juicio es una gran oportunidad para cerrar una herida política profunda. Pero necesita independencia, transparencia y rigor. No sirven las declaraciones contradictorias para fabricar culpables ni para absolver anticipadamente a nadie. (R)
