La estabilidad tarifaria no puede convertirse en una promesa que oculte el traslado de los costos económicos a los consumidores. El Decreto Supremo 5750, promulgado el 13 de octubre, modifica las fórmulas para actualizar los precios y tarifas de electricidad en Bolivia. Aunque el Gobierno presente la medida como una adecuación técnica, sus efectos deben medirse por lo que terminarán pagando los hogares y las actividades productivas.
La norma incorpora variables como el tipo de cambio oficial, el índice de precios al consumidor y otros costos de generación, transmisión y distribución. En términos sencillos, busca que los precios regulados reflejen la evolución de esos costos. Pero una fórmula no es neutral cuando sus resultados, a la larga, alcanzarán a la factura de familias que ya enfrentan alimentos, transporte y servicios más caros.
No se trata de negar que las empresas eléctricas deban cubrir sus costos ni de exigir tarifas congeladas para siempre. Un sistema que no recupera sus gastos puede deteriorar las inversiones, el mantenimiento y la calidad del servicio. La cuestión es quién asume la volatilidad económica, bajo qué controles y con qué protección para los usuarios. No está bien sostener el sector trasladando cada variación al bolsillo de la población.
En julio, el Gobierno defendió el Decreto Supremo 5647 como un mecanismo para evitar aumentos abruptos y crear una compensación temporal que amortiguara las variaciones de costos. Ahora, el Decreto 5750 modifica la metodología de actualización y ordena aplicar nuevas fórmulas de indexación. El Ejecutivo debe explicar cómo se relacionan ambas normas, qué mecanismos de amortiguación siguen vigentes y qué consecuencias puede tener el nuevo cálculo.
También es indispensable distinguir entre tarifa y monto final de la factura. Este último depende del consumo, pero eso no elimina la obligación de informar si cambiaron los precios regulados, qué componente se modificó y desde cuándo. Las distribuidoras y la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN) tendrían que explicar esos cambios en lenguaje comprensible, no esconderlos en cuadros técnicos.
En Chuquisaca y Potosí, donde Cessa y Sepsa, respectivamente, prestan un servicio esencial para hogares, comercios e industrias, la discusión tiene consecuencias concretas. La electricidad es una condición para estudiar, conservar alimentos, producir y sostener pequeños negocios. Cualquier incremento puede elevar también los costos de producción y trasladarse al precio de bienes y servicios. Por eso, el debate no debe quedar restringido a las empresas ni a los despachos ministeriales.
Que la AETN fiscalice, publique los cálculos y verifique que ninguna distribuidora interprete la nueva normativa como autorización para aumentar cobros unilateralmente. Y que el Gobierno presente escenarios claros, explique los posibles impactos por categoría de usuario y establezca salvaguardas para los hogares vulnerables. La transparencia no es un favor, es una obligación al regular un servicio público.
Bolivia necesita un sistema eléctrico sostenible, capaz de invertir y ofrecer continuidad y calidad. Pero también reglas previsibles y socialmente justas. Si las fórmulas cambian, la población tiene derecho a saber por qué, cómo se calculan y quién responde por sus efectos.
La estabilidad no se demuestra con decretos ni anuncios tranquilizadores, sino con facturas explicables, controles verificables y un servicio cuyo costo no se convierta en otra carga para las familias.
