La economía de un país no se estabiliza de verdad cuando mejoran las cuentas del Estado, sino cuando sus habitantes pueden vivir con dignidad. Si una familia debe dejar de comprar alimentos o reducir sus comidas para soportar el ajuste, el problema fiscal se habrá trasladado a la mesa de los hogares. Esa factura tiene un costo social.
Un monitoreo de la Defensoría del Pueblo, realizado en diez ciudades entre el 31 de julio y el 25 de septiembre, encontró que 18 de los 21 alimentos básicos observados registraron incrementos superiores al cien por ciento, con alzas que en algunos casos superaron el 200%. El 71% de los hogares consultados consideró insuficientes sus ingresos para comprar alimentos; el 33% declaró haber reducido sus raciones diarias y el 76% destinaba entre la mitad y más del 90% de sus ingresos a alimentarse. Son cifras alarmantes.
El levantamiento de la subvención al diésel, oficializado en septiembre, fue presentado como una medida para garantizar el abastecimiento y liberar recursos para inversión y apoyo a las familias. Pero reconocer ese problema no obliga a ignorar las consecuencias: el combustible es esencial para el transporte y la producción, y su encarecimiento repercute en los precios.
No todo aumento se explica por el diésel: influyen la especulación y los problemas de distribución. Hacen falta controles e información pública. Si intermediarios aprovechan la incertidumbre para elevar precios sin justificación, el Estado debe actuar y no esperar a que el mercado corrija por sí solo los desequilibrios.
El Decreto Supremo 5750, aprobado en la semana que termina, modificó las fórmulas de actualización de tarifas eléctricas, incorporando variables como el tipo de cambio y el índice de precios al consumidor. El Gobierno y el ente regulador deben explicar cómo se aplicará la norma y cuál será su efecto en las facturas. No basta con anunciar un impacto moderado: hay que demostrarlo con datos verificables.
Se necesita ordenar las cuentas del país, asegurar combustibles y reactivar la producción. Pero la política económica no puede evaluarse solo por el ahorro presupuestario: debe medirse por sus efectos sobre el empleo, la nutrición y la capacidad familiar para cubrir necesidades básicas. La disciplina fiscal pierde legitimidad si los más pobres soportan la carga.
El ajuste tendría que estar acompañado de medidas focalizadas: protección para hogares vulnerables, vigilancia de precios, publicación de costos y márgenes de comercialización y coordinación con productores, transportistas y municipios. Las ayudas deben llegar a quienes las necesitan, sin clientelismo ni gastos sin control. Cada boliviano ahorrado en subsidios debe tener un destino público, comprobable y coherente con las promesas oficiales.
Gobernar exige explicar los resultados y corregir el rumbo si la evidencia demuestra que el costo social supera lo previsto. No basta con negar el malestar ni atribuirlo todo a factores externos; hay que anticipar consecuencias, escuchar y responder. La paciencia indefinida, como pedido de sacrificio, tiene un tiempo de caducidad; para no poca gente, es cuestión de sobrevivencia.
Un ajuste puede ser técnicamente defendible y, aun así, socialmente injusto si deja a familias sin capacidad para alimentarse adecuadamente. Ninguna cifra de ahorro compensa ese fracaso. Ordenar las cuentas públicas es una obligación, pero garantizar que todos puedan poner comida en su mesa también lo es.
