La posesión de nueve fiscales departamentales en suplencia legal abre una oportunidad para recuperar la confianza en el Ministerio Público, pero también plantea un riesgo: confundir resultados con titulares. La justicia no se mide por el ruido de una acusación, sino por las pruebas y el respeto al debido proceso.
En Sucre se encuentran la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Departamental de Chuquisaca; ninguna otra ciudad concentra la responsabilidad nacional y la atención territorial del Ministerio Público. La investigación que involucra al exfiscal general Roger Mariaca y las denuncias sobre una presunta red de corrupción mantienen los ojos del país puestos allí. Los hechos tienen que ser esclarecidos en la vía legal.
Pero la crisis no se limita a Sucre. Potosí tiene razones propias para exigir explicaciones. En este último departamento se han acumulado procesos contra exautoridades: un exgobernador encarcelado y más de una veintena de funcionarios —entre ellos exalcaldes y exconcejales— afrontan procesos con medidas cautelares alternativas. Sin embargo, las solicitudes de información sobre varios casos han tropezado con el hermetismo de anteriores administraciones fiscales. La reserva legal no puede convertirse en excusa general para el silencio, menos cuando se trata de asuntos de interés público.
Respecto a lo último mencionado, el nuevo fiscal departamental de Potosí, Pablo Daniel Manrique Videla, tiene una tarea concreta: informar sobre el estado de los casos dentro de los límites legales y evitar que las investigaciones se prolonguen indefinidamente. No se trata de anticipar culpabilidades, sino de demostrar que los expedientes avanzan con criterios jurídicos y sin privilegios.
Los nueve fiscales no han sido designados como titulares, sino en suplencia legal y por un periodo inicial de 90 días. En esta transición, la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene que encaminar la elección del nuevo fiscal general y, posteriormente, la máxima autoridad titular del Ministerio Público deberá designar a los fiscales departamentales, también, titulares.
Siempre está latente el riesgo de que fiscales en funciones intenten ganar notoriedad con anuncios rimbombantes, filtraciones o acusaciones de alto impacto para mejorar sus posibilidades de designación como titulares, si es que desean postular. No corresponde afirmar que eso vaya a ocurrir, pero sí advertir que el sistema debe prevenirlo. Nada de campaña de méritos personales ni de plataforma de promoción en casos de investigaciones penales de interés nacional. El país está cansado de la politiquería y sería una lástima que funcionarios del Ministerio Público, abogados de trayectoria, se apartaran de su labor para dedicarse a la figuración pública por algún interés personal.
La respuesta no es exigir inacción, sino resultados verificables. Una Fiscalía independiente debe investigar al poderoso y al desconocido, informar con transparencia dentro de los límites legales, y sostener sus decisiones en evidencias, no en conveniencias políticas o aspiraciones profesionales.
Por otro lado, ya con la mirada puesta en La Paz, sería gravísimo que para la próxima elección del fiscal general titular se incurriese en lo mismo que pasó con Mariaca y que derivó en serias denuncias de compra de votos en el Congreso conocidas en las últimas semanas.
La llegada de José Armando Urioste a la Fiscalía General del Estado trajo esperanzas que, hasta ahora, no han sido defraudadas sino todo lo contrario. Ante la magnitud del descrédito institucional, se ha mostrado firme y con discursos fundados en valores necesarios para reafirmar la convicción mayoritaria de que el país no saldrá adelante sin profesionales probos y moralmente íntegros. En sus manos y en la cooperación que reciba de los políticos, en esa línea, está el futuro del Ministerio Público.
