Que Bolivia haya avanzado un puesto en el Índice Mundial de Estado de Derecho no constituye motivo suficiente para celebrar. El país pasó del lugar 131 al 130 entre 143 naciones evaluadas, pero continúa en la parte baja de la clasificación y ocupa el puesto 29 de 32 en América Latina y el Caribe. Más que una mejora significativa, el resultado confirma la persistencia de problemas estructurales que las autoridades no han logrado resolver.
Los datos del World Justice Project (WJP) exponen una realidad preocupante: la debilidad de la justicia, las dificultades para controlar el poder y las deficiencias de transparencia siguen condicionando el funcionamiento de las instituciones bolivianas. Desde 2015, el país acumula retrocesos, estancamientos y avances insuficientes para abandonar los últimos lugares del indicador. La pregunta es por qué las reformas necesarias no se traducen en resultados sostenidos.
Los indicadores específicos son todavía más reveladores. En justicia penal, Bolivia ocupa el puesto 141 de 142 países evaluados; en justicia civil, el 140 de 143. En ausencia de corrupción, figura también en el puesto 140 de 143 y en el 31 de 32 a nivel regional. Estas posiciones reflejan dificultades profundas en ámbitos esenciales para garantizar seguridad jurídica, igualdad ante la ley y confianza ciudadana.
Un sistema judicial que no ofrece respuestas oportunas ni garantías suficientes debilita los derechos y erosiona la credibilidad institucional. Cuando los procesos se prolongan, las investigaciones presentan deficiencias y persiste la percepción de impunidad, la ciudadanía cuestiona no solo a los operadores de justicia, sino también la capacidad del Estado para cumplir sus obligaciones.
La situación es especialmente delicada en la relación entre justicia y poder político. El Estado de derecho exige que ninguna autoridad esté por encima de la ley, que los controles institucionales funcionen y que los jueces actúen sin presiones indebidas. Si estos principios no se traducen en hechos, las normas pierden fuerza y la justicia queda expuesta a intereses particulares.
El problema no es exclusivamente boliviano. El informe señala que el 62% de los países evaluados sufrió un deterioro de su Estado de derecho durante el último año. También advierte sobre restricciones a las libertades, debilitamiento de los controles al Ejecutivo e injerencias gubernamentales en la justicia. Sin embargo, esta tendencia internacional no puede servir de excusa para relativizar las deficiencias nacionales. Bolivia tiene la responsabilidad de fortalecer sus instituciones y garantizar los derechos de su población.
El Gobierno abierto constituye una excepción relativa: el país ocupa el puesto 87 a escala mundial y el 23 en la región. Pero esta posición no compensa las debilidades en justicia penal, justicia civil y control de la corrupción. La institucionalidad debe evaluarse por su capacidad integral para proteger a los ciudadanos y limitar los abusos de poder.
Frente a este diagnóstico, no bastan los anuncios de reformas ni los discursos sobre modernización institucional. Bolivia necesita cambios verificables: procesos judiciales transparentes, investigaciones eficaces, mecanismos independientes de control, rendición de cuentas y garantías contra la interferencia política. También debe evaluar los resultados de las reformas y establecer responsabilidades cuando fracasan.
La independencia judicial no puede depender de quién gobierna, del mismo modo que la aplicación de la ley no debe variar según la influencia económica o política de una persona. Esa es la base del Estado de derecho y una condición indispensable para recuperar la confianza pública.
El puesto 130 no es solamente una cifra en una clasificación internacional. Es una advertencia sobre la distancia que separa al país de instituciones capaces de responder con eficacia, imparcialidad y transparencia. Avanzar una posición mejora el registro estadístico, pero no transforma por sí solo la realidad.
Bolivia no puede conformarse con subir lentamente en un ranking. Debe demostrar, con hechos, que la justicia funciona, que la corrupción se investiga y que el poder tiene límites efectivos. Mientras esas garantías sean insuficientes, cualquier avance será marginal frente a una crisis institucional que exige decisiones de fondo.
