PhD. en Derecho Constitucional y Administrativo
El sistema republicano brasileño somete al Poder Ejecutivo a un riguroso esquema de pesos y contrapesos que imposibilita la concentración hegemónica de la autoridad estatal. Para la administración de Luiz Inácio Lula da Silva, la subordinación a la Constitución Federal trasciende el mero postulado doctrinario o jurídico para convertirse en una realidad matemática ineludible, dictada de forma estricta por la configuración representativa del Congreso Nacional y de los gobiernos regionales. En la arquitectura política contemporánea del Brasil, el diseño institucional vigente obliga al oficialismo a operar dentro de márgenes estrechos y claramente delimitados, neutralizando cualquier tentativa de reformismo unilateral y garantizando la supremacía absoluta del orden constitucional por encima de la agenda programática del poder de turno. La Constitución de la República Federativa del Brasil, promulgada en 1988, fue concebida precisamente para evitar los excesos del hiperpresidencialismo, estableciendo un entramado normativo donde la voluntad del jefe de Estado se encuentra permanentemente condicionada por el escrutinio, la validación y el contrapeso de un Poder Legislativo dotado de amplias prerrogativas presupuestarias y de fiscalización.
La política brasileña tiene una regla de oro no escrita, pero firmemente anclada en su diseño institucional, la cual establece que ningún presidente gobierna en solitario. Su sistema republicano somete al Poder Ejecutivo a un riguroso esquema de pesos y contrapesos que impide la concentración hegemónica del mando. Para la actual administración de Luiz Inácio Lula da Silva, acatar la Constitución Federal dejó de ser una simple formalidad jurídica para convertirse en una cuestión de supervivencia política, dictada por la fría matemática del Congreso Nacional. Hoy, la arquitectura del Estado obliga al oficialismo a moverse dentro de márgenes muy estrechos, desactivando cualquier intento de reforma unilateral y colocando a la ley fundamental por encima de los deseos o promesas del gobierno de turno. El Poder Constituyente de 1988 buscaba con rigurosidad evitar los abusos del hiperpresidencialismo, y para lograrlo dejaron atada la voluntad del Palacio de Planalto al control constante de un Parlamento con enorme poder sobre el presupuesto y las leyes.
Para entender este cerco institucional basta con mirar las reglas del juego legislativo. La Constitución brasileña protege su esencia exigiendo mayorías cualificadas de tres quintos en ambas cámaras antes de permitir cualquier cambio en su texto. Al cruzar esta exigencia legal con los resultados salidos de las urnas, el panorama para el oficialismo se vuelve cuesta arriba. En un Senado compuesto por 81 escaños, la fuerza opositora agrupada alrededor de Bolsonaro, donde convergen partidos como el PL, PP, União Brasil, Republicanos, Podemos y Novo, controla una mayoría sólida de 50 asientos.
Ese número no es menor, ya que supera por sí solo la barrera de los 49 votos necesarios para aprobar o enterrar cualquier enmienda constitucional en la Cámara Alta. Mientras tanto, la bancada fiel a Lula, repartida entre el PT, PCdoB, PV, PSB, PSOL, Rede y PDT, apenas llega a los 15 senadores. Con una bancada tan reducida, el gobierno depende por completo de los 16 legisladores que integran el bloque de los no alineados, un grupo variado donde conviven el PSD, el MDB, el PSDB, Cidadania, Avante y Missão. En la práctica, esto significa que la oposición tiene la llave del Senado y cuenta con un poder de veto total, convirtiendo a esta cámara en un muro de contención donde ninguna reforma estructural ni el nombramiento de jueces o autoridades clave puede avanzar sin el visto bueno de los sectores conservadores y de centro.
Si cruzamos el pasillo hacia la Cámara de Diputados, donde nacen la mayoría de los proyectos de ley y se define el destino de los fondos públicos, la situación no es más alentadora para el Ejecutivo. Allí conviven 513 diputados y la Constitución exige 308 votos para dar luz verde a cualquier reforma constitucional. Los números cantan por sí solos al mostrar que el bloque bolsonarista domina el recinto con 286 bancas, consolidándose como la principal fuerza de oposición. Del otro lado, la coalición de izquierda que respalda a Lula reúne a 124 diputados, al tiempo que los partidos no alineados suman 103 representantes. Esta radiografía parlamentaria demuestra que al gobierno no le alcanza la realidad ni para soñar con cambios constitucionales, pero tampoco para asegurar por cuenta propia los 257 votos de mayoría simple que requiere una ley común o la aprobación del presupuesto anual.
Hagamos un ejercicio simple de suma política. Incluso si los negociadores del gobierno lograran alinear en una misma votación a sus 124 diputados junto a la totalidad de los 103 legisladores independientes, apenas juntarían 227 manos alzadas, quedándose cortos para dominar el recinto y a una distancia abismal de los 308 votos que pide una reforma de fondo. Por eso mismo, la presidencia está atada de pies y manos al marco legal vigente y al humor de una mayoría legislativa ajena o directamente hostil, lo que traslada el verdadero centro de gravedad del poder desde el despacho presidencial hacia los pasillos del Congreso Nacional.
Pero el freno al poder central no termina en Brasilia, sino que se extiende por todo el mapa a través del federalismo que consagra la propia Constitución. En Brasil, los gobernadores no son meros administradores locales, sino caudillos con peso propio, chequera autónoma y capacidad directa para ordenar cómo votan los diputados y senadores de sus regiones en la capital. Al revisar quién manda en las 27 gobernaciones del país, sumando los 26 estados y el Distrito Federal, el cerco territorial sobre el Ejecutivo salta a la vista. Los aliados de Bolsonaro gobiernan en 11 estados que incluyen las locomotoras económicas del país; los partidos independientes administran otras 9 gobernaciones de peso, y el oficialismo lulista solo tiene el mando en 7 estados, casi todos concentrados en el noreste. Este tablero fragmentado obliga al presidente a cuidar las formas, respetar la autonomía de cada región y sentarse a negociar obra por obra y presupuesto por presupuesto con gobernadores opositores, haciendo imposible bajar órdenes desde Brasilia sin antes tejer acuerdos territoriales muy amplios.
Todo este rompecabezas legislativo y regional lleva al famoso presidencialismo de coalición brasileño a su prueba más exigente. Sin votos propios suficientes, la única forma que tiene el gobierno para no quedar paralizado es pactar con ese gran bloque de partidos no alineados conocido popularmente como el Centrão.
Este sector político no se mueve por grandes cruzadas ideológicas, sino por un pragmatismo puro que busca administrar ministerios y asegurar partidas del presupuesto para sus distritos. Como la Constitución le da hoy al Congreso un control enorme sobre el dinero público, el presidente ya no puede imponer condiciones, sino que debe compartir el poder real y posiblemente entregar carteras clave a dirigentes que jamás hicieron campaña por él. Lejos de ser una falla del sistema, esta dinámica refleja con exactitud lo que votó la sociedad brasileña, la cual eligió a un presidente de izquierda, pero decidió rodearlo de un Congreso y de gobernadores mayoritariamente conservadores, enviando un mensaje claro a favor del equilibrio y en contra de cualquier aventura radical.
Al ser este artículo una redacción con base firme constitucional y sin la mínima especulación en base a emociones ideológicas, se puede concluir en definitiva que lo que vive hoy Brasil es la prueba de fuego superada por su diseño constitucional frente a los impulsos de cualquier facción política. Sin los votos para tocar una sola coma de la Constitución en el Senado, donde la oposición tiene mayoría propia, y muy lejos de controlar la Cámara de Diputados, el gobierno de Lula da Silva está obligado a rendir cuentas a diario ante el Parlamento y los líderes regionales. La paz institucional del gigante sudamericano no depende hoy del carisma de su presidente, sino de la firmeza de sus reglas. Gobernar bajo estas condiciones exige tragarse sapos políticos, ceder espacios y aceptar una verdad evidente para toda la democracia regional, donde la Constitución brasileña manda sin discusiones y obliga a quien ocupe el sillón presidencial a dejar de lado las hegemonías para someterse a la negociación, la mesura y la ley.
