Las cifras deberían ser suficientes para encender las alarmas. Más de 3.000 personas fueron mordidas por animales en Chuquisaca y más de 2.700 de esos casos corresponden a Sucre, donde se registran entre 25 y 30 agresiones por día. Detrás de cada número hay una persona lesionada, una familia preocupada y un sistema de salud que debe responder a un riesgo que, en muchos casos, pudo evitarse.
El responsable de Zoonosis del Sedes, Alfredo Carvajal, advirtió que entre el 85% y el 90% de las mordeduras del departamento ocurren en la capital. Además, siete u ocho de cada diez personas agredidas son atacadas por animales que tienen dueño, pero permanecen en las calles sin supervisión. Este dato derriba una excusa recurrente: el problema no se limita a los perros abandonados, sino que también involucra a propietarios que incumplen sus obligaciones.
La gravedad quedó expuesta con el ataque de dos dóberman a un niño de nueve años en inmediaciones del coliseo Jorge Revilla Aldana, en Sucre. El menor sufrió mordeduras en el brazo derecho y el abdomen y debe cumplir un tratamiento profiláctico. Los animales fueron trasladados al Centro Municipal de Zoonosis para permanecer bajo observación durante 14 días y descartar síntomas de rabia. Según Zoonosis, los canes serían reincidentes. La Alcaldía anunció acciones legales contra el propietario por el presunto incumplimiento de la normativa.
Potosí también registró un hecho preocupante: una niña de diez años fue mordida por dos perros pitbull en la zona de Huachacaya y sufrió varias lesiones. El alcalde Williams Cervantes pidió aplicar sanciones más drásticas y advirtió que la responsabilidad de los propietarios no puede reducirse a pagar los gastos médicos y dar por cerrado el asunto. En Tarija, la activista animalista Fabiana Rivera recordó que la tenencia de razas consideradas peligrosas está sujeta a condiciones específicas y que su incumplimiento puede derivar en responsabilidades económicas y penales.
Bolivia cuenta con la Ley 553, que regula la tenencia de perros peligrosos, entre ellos dóberman, pitbull y rottweiler. La norma establece requisitos de autorización y registro, condiciones adecuadas para los animales, seguro obligatorio de responsabilidad civil y medidas de seguridad en espacios públicos, como el uso de bozal y correa no extensible. No se trata de recomendaciones opcionales, sino de obligaciones destinadas a proteger la integridad de las personas. Sin embargo, una ley pierde eficacia cuando no se fiscaliza y sus infracciones quedan sin consecuencias.
Por eso, la respuesta no puede limitarse a actuar después de cada ataque. Las alcaldías, la Guardia Municipal y la Policía deben reforzar los controles, verificar registros y licencias, exigir las medidas de seguridad y aplicar las sanciones correspondientes. También es necesario informar a los propietarios sobre sus deberes y evitar la reproducción y comercialización indiscriminada de animales sin garantías de cuidado adecuado.
La prevención sanitaria es igualmente urgente. Para este domingo 25 de octubre, Sucre anunció una campaña antirrábica con más de 100.000 dosis, 576 brigadas y 45 vehículos, de 8:00 a 16:00. Aunque este año se reportó un solo caso de rabia canina, la vacunación de perros y gatos es fundamental para evitar la circulación del virus. Ante una mordedura, además, se debe lavar la herida con abundante agua y acudir inmediatamente a un centro de salud, porque la rabia humana es mortal.
El desafío es asumir que tener una mascota implica mucho más que alimentarla o darle un espacio en casa: exige control, cuidado y responsabilidad frente a los demás. Los animales no pueden responder por las decisiones de quienes los tienen a su cargo. Si las autoridades actúan únicamente después de una tragedia y los propietarios continúan ignorando la normativa, las campañas de vacunación serán necesarias, pero insuficientes. La seguridad ciudadana también se protege evitando que una mascota se convierta en un peligro para los demás.
