Bolivia se acerca a un punto de inflexión energético. Después de más de tres décadas de exportar gas natural y consolidarse como proveedor regional, el país enfrenta la posibilidad de convertirse en importador a partir de 2029. La advertencia del Gobierno, sustentada en las proyecciones de producción y demanda, expone las consecuencias de años de declive de los campos hidrocarburíferos y de una exploración insuficiente para reponer las reservas consumidas.
La viceministra de Hidrocarburos, Tatiana Genuzio, señaló que, si se mantienen las actuales tendencias y no entran en producción nuevos descubrimientos, la oferta nacional podría igualar la demanda en 2029. En ese escenario, Bolivia tendría que importar gas para garantizar el abastecimiento interno y, por mandato de la normativa vigente, suspender sus exportaciones a Brasil si no dispone de volúmenes suficientes para atender primero el mercado nacional.
Las cifras reflejan la magnitud del retroceso. La producción alcanzó su máximo histórico en 2014, con alrededor de 60 millones de metros cúbicos diarios, mientras que las reservas certificadas llegaron a 10,1 trillones de pies cúbicos en 2013. Actualmente, las reservas probadas se sitúan en 3,7 trillones de pies cúbicos y la producción promedio proyectada para 2026 oscila entre 26,6 y 27 millones de metros cúbicos diarios. La pérdida de capacidad productiva compromete tanto los ingresos por exportaciones como la seguridad energética.
Ante esta situación, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 5755, que permite a empresas públicas y privadas importar gas natural (GN) y gas natural licuado (GNL) para sus propias operaciones y para generar electricidad. La medida busca aliviar la presión sobre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y abrir alternativas de suministro ante una eventual escasez. Sin embargo, autorizar importaciones no equivale a resolver el problema estructural: permite cubrir necesidades, pero no recupera los yacimientos ni sustituye la producción nacional.
La importación también plantea interrogantes sobre los costos. El gas adquirido en el exterior podría encarecer el suministro para los consumidores finales, aunque el impacto dependerá de las condiciones de compra, transporte y distribución. Genuzio recordó que se ha planteado focalizar las subvenciones en los sectores de menores ingresos. Cualquier modificación deberá considerar la capacidad de pago de los hogares y evitar que el costo de la transición recaiga desproporcionadamente sobre la población más vulnerable.
El sector productivo, entretanto, reclama previsibilidad. Los empresarios advierten que la industria necesita garantías de abastecimiento para sostener sus operaciones y planificar inversiones con horizontes de 15, 20 o 30 años. Sin energía confiable, la producción, la competitividad y la generación de empleo quedan expuestas. La posibilidad de importar abre una alternativa, pero las empresas también necesitan claridad sobre los precios, la infraestructura disponible y las condiciones de contratación.
El exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos coincide en que la importación es necesaria para anticiparse al déficit, pero sostiene que la prioridad debe ser recuperar la producción. Argentina dispone de gas en Vaca Muerta, aunque el transporte hacia Bolivia constituye un desafío que exige planificación y capacidad de los ductos. La experiencia demuestra que asegurar moléculas de gas no basta: también se requieren contratos, infraestructura y condiciones comerciales viables.
En paralelo, el Gobierno anuncia una nueva ley de hidrocarburos para atraer inversiones en exploración y explotación. Su aprobación será decisiva para establecer reglas claras, reducir la incertidumbre y generar incentivos que permitan desarrollar nuevos campos. No obstante, la demora legislativa en otras normas económicas evidencia la necesidad de construir consensos y transformar los anuncios en decisiones concretas.
Bolivia no puede recuperar en pocos meses el terreno perdido durante años, pero tampoco puede postergar las decisiones. La importación es una respuesta de contingencia; la exploración, la inversión y una política energética de largo plazo son indispensables para reducir la dependencia externa. El horizonte de 2029 debe asumirse como una advertencia y no como una fecha inevitable. De lo contrario, el país corre el riesgo de cambiar su condición de exportador por la de importador sin haber construido las bases para garantizar energía accesible, industria competitiva y seguridad de abastecimiento.
