PhD. en Derecho Constitucional y Administrativo
La crisis del sistema judicial en Bolivia ha dejado de ser una novedad para convertirse en parte de nuestra resignación cotidiana. Nos hemos acostumbrado al deterioro progresivo del servicio de justicia, pero existe un dato alarmante en Sucre que refleja con crudeza la magnitud real de esta problemática institucional; en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se acumulan hoy más de 20.000 causas que ni siquiera han sido sorteadas para la emisión de su respectiva sentencia y están empolvadas en la Comisión de Admisión.
Conviene detenerse en el significado de esta cifra. No se trata de fallos complejos en etapa de redacción, sino de expedientes acumulados a la espera de ingresar al sistema de sorteo para ser asignados a un magistrado relator. Esto supera cualquier deficiencia meramente administrativa; constituye la evidencia objetiva de que el máximo intérprete de la Constitución ha incumplido su función esencial de garantizar una justicia pronta y oportuna.
Para dimensionar la gravedad de este rezago procesal, basta recordar la naturaleza de los asuntos que llegan a dicha instancia. Al TCP no acuden controversias menores, sino acciones de libertad, amparos constitucionales, recursos contra cobros fiscales ilegales o demandas de inconstitucionalidad, entre otros. Son, por definición, mecanismos extraordinarios y urgentes diseñados para restablecer derechos fundamentales frente a excesos del poder público o de particulares. Que más de veinte mil causas permanezcan en la antesala del sorteo equivale a mantener en la incertidumbre jurídica a decenas de miles de ciudadanos, familias, trabajadores y actores productivos. Cuando la tutela constitucional se posterga de manera indefinida, el órgano encargado de proteger los derechos termina convalidando, por omisión, la vulneración que debía reparar.
Sin embargo, el aspecto más crítico de esta mora procesal no radica únicamente en su volumen, sino en su tratamiento asimétrico. Mientras el ciudadano común o el contribuyente observan cómo sus recursos aguardan durante años el turno de sorteo, ese mismo Tribunal ha demostrado una notable celeridad para tramitar y resolver consultas, medidas cautelares o acciones vinculadas a la coyuntura en varios casos. Esta disparidad de criterios ha terminado por instalar una justicia constitucional de dos velocidades; sumamente ágil para las controversias de relevancia política y excesivamente lenta para las garantías del ciudadano común.
En el plano de los derechos personales, patrimoniales y administrativos, esta demora produce consecuencias a menudo irreversibles. Quienes acuden a la justicia constitucional advierten que la resolución inicial de una sala departamental no siempre suspende las pretensiones coactivas de la administración ni detiene la ejecución de actos viciados de nulidad. Durante los años en que el expediente aguarda su sorteo en Sucre, los efectos del acto impugnado se consuman; se prolongan restricciones indebidas a la libertad personal, se ejecutan cobros tributarios controvertidos, se rematan bienes de terceros, se cierran unidades productivas y se consolidan destituciones al margen de la ley; por supuesto que existen otros ejemplos. Para cuando el TCP finalmente emite su sentencia de revisión, el pronunciamiento suele resultar tardío e ineficaz frente a derechos humanos, laborales o patrimoniales que ya sufrieron un daño irreparable.
Este escenario no es producto del azar, sino el resultado de más de quince años de debilitamiento institucional acumulado. Se partió de la premisa de que la elección de magistrados mediante el voto popular fortalecería la legitimidad de la justicia, pero en la práctica el filtro previo de preselección en la Asamblea Legislativa desplazó la meritocracia, el rigor académico y la idoneidad profesional en favor de cuotas e intereses meramente políticos. A esa falencia estructural se sumaron posteriormente la provisionalidad de los jueces y la permanencia de magistrados más allá de su mandato constitucional, afectando severamente el principio de legalidad y la seguridad jurídica. Un tribunal inmerso en cuestionamientos sobre su propio ejercicio difícilmente reúne las condiciones de estabilidad e independencia necesarias para evacuar las veinte mil causas pendientes del justiciable.
Superar esta crisis exige mucho más que medidas paliativas o un simple recambio de autoridades bajo las mismas reglas que generaron el colapso.
Resulta indispensable un acuerdo institucional serio que erradique la injerencia política en los tribunales. Ello requiere encomendar la preselección de los altos tribunales a comisiones técnicas verdaderamente independientes, edificar una carrera judicial sustentada de forma estricta en el mérito, aplicar las responsabilidades de ley por el incumplimiento de plazos procesales y transparentar mediante una auditoría pública el sistema de sorteo de causas en el TCP.
Cuando el órgano encargado de velar por la supremacía constitucional incumple su mandato, toda la estructura del Estado queda expuesta a la inseguridad jurídica. Destrabar esas más de 20.000 causas pendientes y exigir al Tribunal Constitucional Plurinacional que asuma su verdadera función de garante imparcial es hoy la condición mínima para recuperar el Estado de Derecho; de lo contrario, habremos resignado nuestro destino a un país donde la justicia dejó de ser un valor real para convertirse en una mera utopía.
