El Gobierno decretó el fin de semana emergencia nacional ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño, que este año, por su gravedad, adquirió la forma denominada “Súper Niño”. El objetivo es movilizar recursos económicos y humanos, además de gestionar cooperación internacional para hacer frente a eventuales sequías e inundaciones en el país.
En las últimas semanas, este periódico vino informando de sequías y granizadas que afectaron animales y cultivos en diferentes regiones. No se trata de una novedad, pues anualmente se presentan los mismos fenómenos climáticos, con pequeñas variaciones y, por supuesto, con un número diferente de damnificados. Pero sí preocupa por la falta de atención oportuna de parte de las autoridades locales, departamentales y nacionales.
En general, las lluvias escasean en esta temporada. En cambio, cada tanto se desatan tormentas cargadas de granizos que perjudican severamente a los agricultores y, por ende, a la provisión de productos a los centros de abasto. Esto determina, además, un encarecimiento de la mercadería algo que, en las actuales circunstancias de crisis, resulta una carga más a la deteriorada situación económica de las familias bolivianas.
Cada fenómeno meteorológico debería ser suficiente para dejar de tratar cada emergencia climática como si se tratara de un acontecimiento inesperado. Las lluvias y las nevadas son fenómenos previsibles y, si bien no se puede saber siempre con exactitud qué comunidad será la más afectada ni cuál la magnitud de un evento determinado, sí se conocen las temporadas, las regiones vulnerables y los efectos que suelen provocar. Por eso, el verdadero problema no es que llueva o no, sino que sus consecuencias continúen encontrando al Estado insuficientemente preparado.
Cuando un fenómeno se repite y sus consecuencias son conocidas, la prevención deja de ser una opción y se convierte en una obligación. En días pasados, el ministro de Defensa Civil, Roger Rivero, declaró que el cambio climático afectó hasta ahora con mayor fuerza a Oruro, La Paz, Chuquisaca, Cochabamba, Potosí y Santa Cruz. Esto obliga a las autoridades a redoblar esfuerzos y no esperar que la situación se agrave para recién actuar.
Pero las cifras muestran, además, que el problema no se limita a la atención de las familias damnificadas. Decenas de miles de hectáreas de cultivos y cientos de miles de cabezas de ganado han sufrido daños en los últimos años. Detrás de cada animal perdido y de cada parcela destruida hay ingresos que desaparecen y una producción que tardará en recuperarse.
De esa manera, una emergencia climática puede pasar de la crisis económica —que en mayor o menor medida alcanza a todos, sin excepción— a una crisis alimentaria para comunidades enteras.
Por supuesto que hay que llevar alimentos, medicamentos, abrigo, forraje y asistencia a quienes lo necesitan. Pero esa es la respuesta a la emergencia, no una política de prevención. Se necesita aprender a actuar antes. La clave está en activar con anticipación los mecanismos de protección, disponer maquinaria y suministros, preparar albergues, asegurar el abastecimiento de forraje y establecer rutas de atención para las comunidades que podrían quedar aisladas.
La improvisación ha sido durante demasiado tiempo el signo de los gobiernos en Bolivia. Que no vuelva a ocurrir nunca más.
