El debate sobre el costo del pasaje en el transporte público capitalino suele estancarse en una pugna de cifras que desgasta tanto a los usuarios como a los propios transportistas. Cuando discutimos si la tarifa debe ajustarse o mantenerse, a menudo perdemos de vista el problema estructural: no se trata únicamente de cuánto cuesta moverse, sino de cómo nos movemos y qué calidad de servicio estamos financiando con ese pago diario.
Para abordar este desafío con la seriedad económica que amerita, es fundamental transparentar las finanzas del sector, separando mitos de realidades contables; la clave para una discusión honesta radica en no confundir la recaudación bruta diaria con la utilidad económica real.
Un modelo tarifario responsable debe separar claramente el costo operativo (combustible y mantenimiento) de la reserva para reponer el vehículo, la justa remuneración por el tiempo del conductor y el retorno al capital invertido.
Bajo esta lupa técnica, el debate tarifario deja de ser un tira y afloja emocional para convertirse en una cuenta verificable. Si los costos justifican una revisión, esta debe estar respaldada por una auditoría técnica transparente sobre el kilometraje, la demanda de pasajeros y la flota efectivamente operativa.
Sin embargo, ajustar una tarifa para seguir financiando un modelo operativo basado en flotas que en muchos casos superan las dos o tres décadas de antigüedad, con mantenimientos diseñados para motores de los años noventa es simplemente postergar el colapso del sistema.
Aquí es donde la ecuación exige incorporar dos variables innegociables: la calidad del servicio y la modernización tecnológica. El ciudadano de Sucre comprende que la operación de un sistema de transporte requiere sostenibilidad financiera, pero exige, con justa razón, que su esfuerzo económico se traduzca en unidades seguras, cumplimiento estricto de rutas (especialmente en aquellas zonas periféricas a menudo marginadas), horarios predecibles y un trato digno. Un incremento tarifario sin un compromiso tangible de mejora es un contrato roto con la población.
La verdadera respuesta a esta crisis cíclica no se encuentra en parches tarifarios periódicos, sino en dar un salto estructural hacia la electromovilidad. Sucre tiene la escala urbana y la necesidad imperiosa de transitar hacia un sistema de transporte masivo de buses eléctricos de cero emisiones. Reestructurar el servicio hacia tecnologías limpias cambia por completo la matriz de costos operativos; un sistema eléctrico elimina la altísima dependencia de los combustibles fósiles, reduce drásticamente los gastos de mantenimiento mecánico y abre la puerta a modelos de financiamiento de cooperación internacional, diseñados para el desarrollo urbano sostenible.
Migrar hacia la electromovilidad no es una utopía; es una decisión de planificación financiera estratégica. Requerirá estructurar proyectos de preinversión sólidos y alianzas público-privadas que permitan transformar el actual modelo de operación tradicional en verdaderas empresas administradoras de movilidad urbana moderna. El objetivo final debe ser dignificar el transporte, garantizando que cada boliviano pagado financie un viaje eficiente, limpio y propio de una ciudad que diseña su futuro.
* Es economista y magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile.
