La crisis judicial boliviana no se reduce a la caída de dos autoridades ni a una disputa política. Las investigaciones que involucran al exfiscal general Roger Mariaca y al todavía presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, dibujan un escenario muy grave: la posible penetración del narcotráfico en instituciones llamadas a perseguirlo.
El fiscal general interino, José Armando Urioste, confirmó que la investigación contra Saucedo estaría vinculada con la que se sigue a Mariaca, quien cumple detención preventiva en la cárcel de Cantumarca. Y a esto se suman las declaraciones del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, sobre la relación personal entre ambos y los señalamientos del caso de las 31 maletas.
La exdiputada Laura Rojas afirmó que el controvertido equipaje era de Saucedo y le atribuyó participación en su internación. El exjuez Hebert Zeballos, por su parte, sostuvo que las maletas contenían marihuana procedente de Estados Unidos y denunció que Mariaca habría brindado protección para retirarlas de Viru Viru. Son versiones de personas investigadas, aún por contrastar; ellos hablan casi un año después de los hechos y horas más tarde de la salida de Saucedo del país; pero, la gravedad de sus afirmaciones exige una pesquisa transparente y sin privilegios.
El episodio más inquietante es la salida de Saucedo. La orden de aprehensión fue emitida el 3 de noviembre; al día siguiente, alrededor de las 7:00, él anunció que había abandonado Bolivia con su esposa y sus hijos. La orden no era pública, pero él conocía su existencia y estaba fuera del país. El Fiscal General interino reconoció que pudo haber una filtración. ¿Quién le avisó?, ¿desde qué oficina salió la información? ¿Y por qué la orden no pudo ejecutarse? La reserva de una investigación no debería convertirse en ventaja para quien tiene que comparecer ante la justicia.
Tampoco es menor la dimensión económica. Trasladar a una familia e instalarla en otro país exige recursos. El sueldo de un magistrado no explica automáticamente cómo se financia una operación semejante. No cabe presumir un origen ilícito, pero sí contrastar su declaración jurada con ingresos, patrimonio, deudas y gastos. Preguntar por el origen del dinero es fiscalización pública. A ello se añade la denuncia sobre vehículos de alta gama incautados en el caso de Sebastián Marset. El TSJ informó que un automóvil BMW ingresó al Órgano Judicial en calidad de comodato en 2023 y luego fue asignado para uso de Saucedo. ¿Quién autorizó esa asignación?, ¿bajo qué figura legal? ¿Y quién utilizó los motorizados? ¿Los bienes incautados son privilegios de autoridades?
Por lo demás, si funcionarios del Ministerio Público o del Órgano Judicial facilitaron operaciones del narcotráfico, la responsabilidad debe alcanzar a todos, sin importar cargo o influencia. Y si hubo una filtración que permitió eludir una orden de aprehensión, sus responsables deben ser identificados.
