En la teoría jurídica, la ley debe ser el vehículo de realización del derecho; sin embargo, la práctica institucional boliviana demuestra que ambos conceptos viven en un permanente conflicto. Mientras el derecho encarna el sistema de garantías, la proporcionalidad y los límites al poder, la ley en Bolivia ha sido reducida a una herramienta de coerción selectiva, subordinada a la coyuntura política, a la aplicación arbitraria por parte de los jueces, fiscales, magistrados y al chantaje de grupos corporativos. Esta fractura ha consolidado un régimen donde abundan las normas, pero impera la arbitrariedad y la exclusión del derecho.
En el apremio corporal laboral y la supremacía de la presión sindical, el ejemplo más crudo de la victoria de una ley regresiva sobre el derecho fundamental se encuentra en la jurisdicción laboral. En Bolivia sigue vigente la detención por deudas patronales (apremio corporal por beneficios sociales), una figura sustentada en normas preconstitucionales de orígenes totalitarios como el decreto ley del Código Procesal del Trabajo de 1979 y blindado por una jurisprudencia constitucional inconvencional.
Esta práctica vulnera frontalmente el artículo 7.7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que forma parte del bloque de constitucionalidad boliviano, establecido en los arts. 410 y 256 de la Constitución, y prohíbe expresamente la detención por deudas, con la única excepción del incumplimiento de deberes alimentarios de familia. La distorsión llega al extremo de que, aun cuando el empleador ofrece o sufre el embargo preventivo de bienes suficientes que garantizan plenamente el pago de la obligación, los jueces laborales emiten mandamientos de apremio y envían a prisión a representantes legales. La razón no es jurídica, sino corporativa y arbitraria; la presión de la Central Obrera Boliviana (COB) y de los sindicatos sobre los estrados judiciales pesa más que el principio de proporcionalidad, el derecho patrimonial y los tratados internacionales de derechos humanos.
De este modo, la privación de libertad se desnaturaliza y opera como un mecanismo coactivo de extorsión patrimonial. Se configura así una profunda asimetría procesal; mientras el aparato estatal impone una tutela implacable sobre el sector privado, deja en absoluta indefensión los derechos del empleador. Esta desigualdad se vuelve aún más perversa al observar el doble estándar del Estado como empleador; sus propios empleados públicos carecen de la misma protección y tutela laboral, materializando una discriminación institucionalizada. Esta flagrante paradoja, donde la norma castiga o ignora según de quién se trate, refleja una ley puramente instrumental. En conclusión, el Estado vela por los derechos de los trabajadores, pero ¿quién vela por los derechos del empleador? Este vacío es la evidencia más nítida del choque entre la ley y un Derecho ausente.
Por otro lado, la desnaturalización de la detención preventiva en el ámbito penal es una contradicción frontal, en el sentido de que el derecho procesal moderno y la Constitución establecen que la libertad es la regla y el encarcelamiento sin condena es una medida estrictamente excepcional. No obstante, la ley procesal penal ha sido distorsionada por fiscales, jueces y magistrados para convertir la detención preventiva en una pena anticipada y en un instrumento de persecución.
Mientras ciudadanos sin influencias u opositores a los regímenes son enviados a prisión de forma expedita bajo el argumento genérico de "riesgo de obstaculización", actores afines al poder político o exfuncionarios implicados en desfalcos millonarios se benefician del silencio, medidas sustitutivas, chicanas convalidadas o procesos que duermen indefinidamente. La misma norma procesal sirve para encerrar a unos y para garantizar la impunidad de otros.
El Código Penal sanciona el atentado contra la seguridad de los transportes, el impedimento del ejercicio de funciones y el avasallamiento de tierras. Sin embargo, la vigencia de la ley depende de quién cometa el delito. Cuando sectores corporativos afines al poder del oficialismo o de la oposición han bloqueado carreteras estratégicas durante semanas, destruyendo la cadena productiva y vulnerando el derecho al trabajo y a la libre transitabilidad de millones de personas, el Estado renuncia a aplicar la ley y termina casi siempre premiando a los infractores con amnistías de facto bajo el rótulo de “acuerdos de pacificación”.
En contraste, cualquier protesta ciudadana sin padrinazgo corporativo es reprimida de inmediato con imputaciones. Esta misma indefensión ocurre en el ámbito agrario; productores con títulos legalmente saneados sufren tomas violentas de sus tierras sin que la fuerza pública ejecute las órdenes de desalojo, sometiendo la propiedad privada a la fuerza de los grupos de choque y al tráfico de influencias en el INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria).
La instrumentalización de la justicia constitucional ha conllevado que las garantías constitucionales, creadas por el derecho para defender a las personas frente al abuso estatal, han sido secuestradas para servir al poder. A través de denuncias infundadas presentadas ante jueces de provincias remotas, se han paralizado procesos electorales, inhabilitado candidatos y prorrogado mandatos de magistrados en contra del texto expreso de la Constitución. La formalidad procesal se usa para destruir la seguridad jurídica.
La suma de estas distorsiones confirma que en Bolivia la norma escrita no opera como un límite racional al poder, sino como un arma que se activa o desactiva según la identidad, la filiación política o el respaldo sindical del involucrado.
En conclusión, la realidad cotidiana en los tribunales demuestra que en el país no hay igualdad, que no todos somos iguales ante la ley y que vivimos sepultados bajo decretos autoritarios, precedentes constitucionales contradictorios, presiones de la COB, de grupos corporativos y fallos por consigna. En resumen, en Bolivia sobran códigos, leyes, decretos y sentencias, pero el Derecho está ausente.
* Es PhD. en Derecho Constitucional y Administrativo.
