La promesa del 50-50 debería tratarse a través de un análisis estrictamente técnico que permita plantear un pacto fiscal equitativo a nivel nacional, actualmente tenemos un país asfixiado por una crisis económica estructural, acompañada de una contracción del Producto Interno Bruto del -3,27%, y una escasez crítica de dólares que ha disparado la inflación en Bolivia; en medio de este panorama contractivo, surge el debate sobre el modelo que plantea transferir el 50% de los recursos nacionales y descentralizar competencias clave en salud, educación e infraestructura entre otros a las gobernaciones, alcaldías y universidades públicas.
La gran pregunta que debemos hacernos como sociedad es si ¿estamos peleando por la mitad de una torta que se está reduciendo con tendencia a desaparecer?
Para que este debate pase de la retórica política a la viabilidad técnica, es indispensable proponer una metodología de cálculo clara, apoyándonos en modelos econométricos que permitan formular propuestas para alcanzar una redistribución de recursos estructurada sobre la recaudación del nivel central del estado. Por ejemplo: mantener un 20% de coparticipación para los municipios, un 5% para las universidades, sumar una coparticipación departamental del 15% para las gobernaciones y destinar el 10% restante a un fondo solidario de compensación sería una opción para discutir. Este cálculo consolida matemáticamente la mitad de los recursos para las regiones, pero exige que estas asuman verdaderas responsabilidades financieras a través del cumplimiento de ciertas competencias, mismas que deberán ser discutidas a profundidad.
Para que la aplicación de este modelo econométrico sea verdaderamente equitativa, la distribución de los recursos y del fondo solidario no puede hacerse al azar o de forma estrictamente lineal, por ello se propone considerar y analizar las siguientes variables socioeconómicas:
• Población: Es el criterio base para asegurar que, en principio, todos los habitantes reciban una asignación igualitaria per cápita para lograr la provisión de bienes y servicios mínimos necesarios.
• Participación porcentual en la recaudación (esfuerzo fiscal): Debe medir y premiar la eficiencia tributaria de cada departamento, sirviendo como un indicador directo para beneficiar a las regiones con menor evasión fiscal y mayor crecimiento recaudatorio.
• Crecimiento económico departamental: Permite que el nivel central del Estado asigne transferencias en función a la producción de bienes y servicios de cada región.
• Indicadores de pobreza (NBI): El uso de las Necesidades Básicas Insatisfechas es fundamental para realizar una distribución horizontal progresiva que funcione como mecanismo para reducir las inequidades históricas entre regiones.
• Población migrante: Las transferencias deben considerar la movilidad social para ayudar a las entidades autónomas a financiar y equilibrar las crecientes necesidades de servicios públicos de los ciudadanos que migran en el interior del país.
Para que la propuesta funcione, es de vital importancia considerar que cualquier modelo de distribución sostenible no puede depender exclusivamente de una histórica renta extractivista centralista que hoy se desmorona frente a nuestros ojos. Por lo que se debe acompañar esta redistribución con un viraje estructural que garantice la ampliación de la base tributaria para tener más recursos mediante la eliminación de los regímenes especiales, la atracción de capitales privados nacionales e internacionales, la reestructuración focalizada de los subsidios energéticos y la reducción eficiente del déficit fiscal, de lo contrario cualquier fórmula será simplemente un espejismo; y de poco o nada servirá que los departamentos y municipios sigan luchando por conquistar mayores recursos financieros, si al final del día terminaremos administrando el 50% de cero.
