La propuesta de asignar el 1% de la coparticipación tributaria a las gobernaciones abrió una discusión que no puede reducirse a porcentajes. La pregunta es cuánto retorna a los territorios que producen riqueza y soportan sus consecuencias.
Hasta el momento, cuatro gobernadores —los de Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y Oruro— rechazaron la oferta por insuficiente. La Paz y Beni la respaldaron como primer paso. No existe una posición común sobre el modelo 50/50 y faltan pronunciamientos. El 1% no es un acuerdo definitivo.
El Gobierno sostiene que la propuesta permitirá iniciar una redistribución desde 2027. Las gobernaciones reclaman más y algunas, como Santa Cruz, plantean comenzar con el 5%, para avanzar hasta el 15%. Distribuido entre nueve departamentos, puede resultar modesto mientras crecen las competencias y obligaciones.
La discusión debe mirar la realidad territorial. Potosí es el principal departamento productor y exportador de minerales. Su actividad genera valor, divisas y tributos que contribuyen a los ingresos del Tesoro General del Estado. Sin embargo, esa riqueza también debe medirse por cuánto retorna para caminos, salud, educación, servicios básicos, protección ambiental y diversificación productiva. Para nadie es un secreto que la legislación minera se hizo a la medida de los operadores.
El valor bruto de las exportaciones no ingresa íntegramente al Tesoro: intervienen costos, actores productivos, impuestos, regalías y distintas formas de distribución. Por eso, el país necesita información pública sobre cuánto aporta cada departamento, qué recauda el nivel central y qué transferencias recibe cada territorio. Sin transparencia, el 50/50 será una negociación sin base compartida.
En las últimas horas, siete de los nueve gobernadores (todos menos los de Potosí y Cochabamba) reclamaron al Gobierno el reembolso de los recursos propios erogados para cubrir el bono de vacunación y los prediarios. Por su parte, los alcaldes de las capitales departamentales del país y El Alto, reunidos en La Paz, pidieron ser parte del debate de la ley de coparticipación tributaria.
El centralismo no se corrige transfiriendo recursos sin definir responsabilidades, tampoco reteniendo en el nivel nacional la mayor parte de los ingresos mientras los departamentos reclaman competencias y financiamiento.
Si el Gobierno propone avanzar hacia el 50/50, debe explicar qué recursos se compartirán, bajo qué fórmula, en qué plazos y con qué obligaciones. Y las gobernaciones priorizar inversiones y evitar diluir fondos en gasto corriente.
En ese sentido, es fundamental que la distribución combine población, necesidades, capacidad fiscal y aporte económico, con reglas verificables.
Ningún departamento debería quedar condenado por producir menos, ni uno productor ser ignorado por generar riqueza. La solidaridad regional es legítima; la opacidad y la arbitrariedad, no.
Eventualmente, el 1% puede ser un comienzo solo si existe una ruta pública para incrementarlo, evaluación periódica y garantías de que no será una promesa indefinida. De lo contrario, será un gesto que no modifica la estructura estatal. Bolivia necesita un pacto fiscal con ingresos, competencias y resultados.
Del Gobierno se espera una propuesta transparente, sostenible y equitativa. El 50/50 no será realidad por anunciarlo: deberá construirse con cifras, responsabilidades y voluntad de cambiar el centralismo.
