Marcelo y su juicio al Estado

En 1979, el desaparecido Marcelo Quiroga Santa Cruz terminó su alegato al plantear el juicio a Hugo Banzer Suárez con una premonición: “Sabemos, ¡que más pronto que tarde, se cobrarán esto que estamos haciendo! ¡Estamos dispuestos a pagar este precio! El Juicio de Responsabilidades a Banzer es, según la lectura del autor, un programa político para transformar Bolivia

El Juicio de Responsabilidades de Marcelo Quiroga Santa Cruz a Hugo Banzer Suárez es un documento actual para explicar la historia de los países dependientes, un programa de lucha contra la corrupción como forma de gobierno y un programa político vigente por la democracia, libertad, defensa de los recursos naturales y liberación nacional.

Marcelo Quiroga inició un Juicio de Responsabilidades en 1979 a Hugo Banzer (1971/1978), a quien acusó de graves delitos: violaciones a los derechos humanos, venta de gas a Brasil comprometiendo las reservas y la seguridad energética de la nación, la masacre del Valle, endeudamiento, crisis económica y contrabando de carburantes al Paraguay, entre otros.

El Juicio buscó inhabilitar de por vida para el ejercicio de funciones públicas a Banzer y sus colaboradores.

Es un juicio, en la figura de Hugo Banzer, al estado y clase social intermediaria del saqueo de los recursos naturales para sentar un precedente en un país dependiente y atrasado, un juicio a una clase social “que muda presidentes, ministros y gobiernos, pero que jamás renuncia al control del poder político que resulta del control del poder económico que detenta”, según la visión del mismo Marcelo.

ANTECEDENTES

Marcelo protagonizó un primer Juicio de Responsabilidades a René Barrientos Ortuño en 1968 por daño económico contra el Estado y violación de derechos humanos. Fue la primera demanda a un presidente en ejercicio que provocó que fuera privado de su condición parlamentaria, a lo que siguió la cárcel en San Pedro, el confinamiento en Alto Madidi y amenazas de muerte.

En 1979, inició otro juicio de Responsabilidades a Hugo Banzer. Presentó el pliego acusatorio al Congreso el 30, 31 de agosto y 3 de septiembre. La exposición de cargos duró diez horas, durante tres días.

Entregó a la Comisión Mixta del Congreso 270 folios, cuatro libros, una cinta magnetofónica y 26 Decretos Reservados. Su discurso mantuvo en vilo a la ciudadanía que escuchaba en las calles y en sus casas su voz decidida.

A la conclusión del alegato, las amenazas de muerte contra Marcelo se repitieron. Aclaró que se trataba de un juicio político, no personal ni partidario, y que se juzgaba, en la persona de Hugo Banzer, a una clase social.

La clase social juzgada, aliada a los intereses norteamericanos, tenía como pivotes a los sectores vinculados a la “minería mediana”, la agroindustrial del oriente, el sector financiero, y las nuevas castas de militares y civiles beneficiadas por los gobiernos militares de Barrientos y del régimen banzerista que había dispuesto de un extraordinario excedente económico que dilapidó durante siete años.

Estos sectores calcularon la dimensión política del juicio y los efectos negativos para sus intereses, según la investigación llevada adelante por la cátedra Marcelo Quiroga Santa Cruz.

Más allá de las trabas burocráticas que fueron retardando ilegalmente el desarrollo del Juicio por un congreso dominado por el MNRI, el MNR y ADN, el proceso fue interrumpido, en una primera instancia, por el golpe de estado del 1 de noviembre de 1979, comandado por el Cnl. Natusch Busch, uno de los acusados, quien ocupó el cargo de ministro de agricultura cuando el régimen banzerista perpetró la matanza del valle en 1974.

Lo que se había denunciado en reiteradas oportunidades como planes para eliminar físicamente al diputado socialista, se materializó con el golpe militar de Luis García Mesa el 17 de julio de 1980 y con ello se bloqueó el desarrollo del Juicio de Responsabilidades.

PLIEGO ACUSATORIO

El 9 de agosto de 1979, cinco diputados del PS-1, mediante carta a la Honorable Presidenta del Honorable Congreso Nacional, solicitaron en aplicación del artículo 68 de la Constitución Política del Estado, fijar fecha y hora de reunión del Honorable Congreso Nacional para la presentación del pliego acusatorio respectivo en el Juicio de Responsabilidades que plantea, en su fase sumarial, contra el ex presidente de la República general Hugo Banzer Suárez y los ministros de Estado, embajadores y contralores generales de la República que él designó y prestaron servicio bajo sus órdenes, que resultaren corresponsables en la comisión de delitos que se mencionarán en la substanciación del Juicio referido.

La petición de Juicio se dio sobre la base de la Ley de 23 de octubre de 1944, que en su artículo segundo decía que a propuesta por cualquier representante nacional o ciudadano, la denuncia será leída en sesión pública y pasada de inmediato a la Comisión de Policía Judicial y era el Congreso al que tocaba la misión de sobreseer o acusar a los ciudadanos imputados ante la Corte Suprema de Justicia que era, en última instancia, el tribunal que debía juzgar a los acusados.

El 30 de agosto de 1979 se inicia el juicio. El alegato de Marcelo es equilibrado, tolerante y democrático: “Nos hacemos cargo, señora presidenta, de la excepcional importancia que tiene este Juicio de Responsabilidades y, confiamos que en su desarrollo, todos los congresales seamos capaces de demostrar tolerancia y un alto sentido de responsabilidad. No es precisamente una característica nuestra, partidaria ni personal, el hacer uso de recursos subalternos para disminuir moralmente a nuestros antagonistas políticos. No lo hemos hecho; estamos acá cinco parlamentarios socialistas luego de haber demostrado en nuestro país que es posible y se debe hacer política sin denigrar al adversario, sin ofenderlo, sin corromperse, sin derrochar dinero mal habido, sin prometer lo que no se va a cumplir, y vamos a seguir respetando estas normas de conducta personal y partidarias, pero no vamos a silenciar nada de lo que creemos que debe decirse en este Congreso”.

Marcelo fundamenta su alegato en la teoría y doctrina del juicio político: “Debe juzgarse a las personas que incurrieron en la comisión de delitos, pero no en cuanto personas privadas, no en cuanto individualidades desvinculadas del ejercicio de funciones públicas, sino en cuanto personas que delinquieron en ejercicio de funciones públicas”.

CLASE INTERMEDIARIA

El parlamentario socialista precisa que lo que se juzga, en la figura de Banzer, es a una clase social: “El contenido del golpe del 21 de agosto de 1971 se opera en Bolivia como parte de una estrategia de rectificación del imperialismo, no solamente para impedir el desarrollo de un proceso revolucionario, sino para restablecer el dominio de la clase intermediaria en el sistema de explotación de nuestros países y por este medio asumir la defensa de sus intereses”. De ahí el juicio a la clase.

En sus palabras, “El golpe del 21 de agosto de 1971 se produce no para derrocar al general Torres como una finalidad en sí misma, sino como un medio para detener un proceso ascensional de las masas, como un medio para liquidar un proceso revolucionario, para involucionar políticamente al país y para consolidar un régimen de gobierno que asuma la defensa de los intereses de la oligarquía y del imperialismo norteamericano”.

Se trata de un juicio a “esa misma clase social que muda presidentes, ministros y gobiernos, pero que jamás renuncia al control del poder político que resulta del control del poder económico que detenta”. “Y a ello vamos a referirnos mostrando en cada caso, cómo el delito que se imputa tiene una relación directa con la defensa de los intereses de ese sector de nuestra sociedad dependiente”, sostiene.

Explica lo que él considera como entreguismo y represión del régimen banzerista: “Cuando se persigue, cuando se asesina, se lo hace obedeciendo a una necesidad inherente de un sistema de poder. La represión es una necesidad de un régimen de gobierno que expresa los intereses de un sector minoritario de nuestra sociedad dependiente (…) Por eso, señor presidente y señores congresales, el régimen presidido por Banzer persiguió, por eso torturó y asesinó, por eso comprometió la economía nacional, por eso afectó gravemente la dignidad y la soberanía nacionales”.

DELITOS QUE VE MARCELO

Marcelo caracteriza los delitos del régimen: “Hemos dividido los delitos a los que vamos a referirnos, en tres tipos de acciones delictivas. Una de ellas corresponde a los delitos cometidos contra los derechos, libertades y garantías fundamentales; otra a aquellos que se refieren a la seguridad, a la integridad y dignidad nacionales y, finalmente, también hemos consignado aquellos delitos que se refieren a la economía popular y nacional”.

Describe la corrupción del régimen como forma de gobierno: “Dijo él: “Personalmente, tengo una filosofía: Al amigo, todo; al indiferente, nada; y al enemigo, palo”. Esta frase del general Banzer ilustra de una manera elocuente cómo entendía él la responsabilidad del cargo que había asumido a pesar y en contra de la voluntad del pueblo de Bolivia y por mandato de la institución que ocasionalmente encabezaba. Y cumplió, cumplió con una fidelidad admirable este principio que acabamos de leer. Evidentemente, a los amigos dio todo, y cuando hablemos de los delitos contra la economía popular y nacional, veremos cuánto dio a esos amigos y quiénes son esos amigos. A los indiferentes, es decir aquellos que le negaban el elogio diario que alimentaba su vanidad, les negó crédito, les negó ayuda, les negó cargos, y a los enemigos, es decir, a los trabajadores, a la juventud de avanzada, a los hombres y mujeres de este pueblo que lucharon en defensa de derechos irrenunciables, a los representantes leales de los intereses obreros y populares, ese palo alegórico, al que se refería sintéticamente pero que tenía en la práctica una traducción más bien siniestra”.

Marcelo acusa a la dictadura de Hugo Banzer por: venta de tierras fiscales, inmigración racista, desaparecidos y exiliados, violaciones a la libertad de prensa y de asociación, Matanza del Valle, asesinatos de Selich y Zenteno Anaya, delitos contra la seguridad, soberanía e integridad nacionales, política exterior del banzerismo, relaciones con el Brasil (brasileñización del poder), Ley de Inversiones, negociaciones con Chile (Abrazo de Charaña), venta de tierras, delitos contra la economía nacional y popular, venta de gas al Brasil (comprometiendo las reservas de gas y la seguridad energética del país) y venta de carburantes (contrabando al Paraguay).

DIMENSIONES

Quiroga Santa Cruz sintetiza con precisión las dimensiones históricas, políticas, económicas y éticas del juicio contra Banzer Suárez y la clase intermediaria, al final de su alegato, el 3 de septiembre de 1979, al calificarlo de un juicio político:

"El general Banzer y quienes con él son responsables, aunque, en distinta manera, de los delitos que hemos mencionado, intenta, lo que ya se ha hecho costumbre en él y sus seguidores, ampararse con una absoluta falta de valor civil en centenares de funcionarios a quienes atribuya el mismo grado de responsabilidad que él no puede eludir como ex presidente de la república. No demuestra valor civil, no demuestra hombría ante un Juicio de Responsabilidades como éste, quien intenta convertir en responsable de delitos, como los que hemos señalado, al último subteniente de nuestro ejército, a aquél que estaba en una guarnición fronteriza, tal vez mejorado en su sueldo, tal vez gratificado por alguna concesión irregular, pero finalmente ignorante de los factores de poder y de sus intereses.

(...) Hay un principio jurídico que no podemos ignorar en este momento. El de la indivisibilidad de un juicio, y aquél que dice que la causa mayor compromete, involucra a la menor. Aunque el general Banzer y los ex ministros de Estado que se hicieron cómplices y ex contralores y ex jefes de misiones diplomáticas, disfrutan, porque es un privilegio, de caso de corte y no son juzgados como sería juzgado cualquier ciudadano, ese que no puede pagar una deuda y tiene que ir a la cárcel por ocho años. Aunque él disfrute del privilegio de ser juzgado acá, en un Congreso de la república, también tienen que responder de estos delitos todos aquellos funcionarios que no gozan de caso de corte cuando llegue el momento de sancionarlos en la Corte Suprema de Justicia.

(...) Sabemos, ¡que más pronto que tarde, se cobrarán esto que estamos haciendo! ¡Estamos dispuestos a pagar este precio! ¡Siempre estuvimos dispuestos! ¡Jamás vamos a rehuir el peligro, porque mucho más temible que ese enemigo que está buscando la manera de anularnos, aun físicamente, es una conciencia culpable! ¡Y no podríamos soportarnos a nosotros mismos si no cumpliéramos nuestro deber!”.

EL PROGRAMA

Entre sus efectos, este juicio generó una nueva correlación de fuerzas a través del afianzamiento del Partido Socialista. Esto se reflejó en las elecciones del 29 de junio de 1980, cuando el PS-1 superó los 120 mil votos, constituyéndose en la cuarta fuerza electoral del país. El PS-1 se proyectaba como primera fuerza política para las elecciones de 1984.

El éxito del PS-1 estaba en directa relación con el desarrollo del juicio contra Banzer, el estado y clase social intermediaria.

En lo central, Marcelo develó el funcionamiento y atrofia del Estado, y la inercia de la dependencia de un país atrasado y empobrecido. El pueblo boliviano durante el alegato vio desfilar ante su mente siete años de injusticia, robo y saqueo de los recursos naturales que habían caracterizado el régimen banzerista, al mismo tiempo, la permanencia/vigencia de una estructura dependiente y colonial que soporta desde la fundación de la República, siempre según la visión que propugna la cátedra.

Cabe decir que Marcelo, en un texto anterior, definió la dependencia y la corrupción como los problemas centrales del país y remarcó: “No somos dependientes porque somos pobres, somos pobres porque somos dependientes”.

En esta perspectiva histórica, juzga en la figura de Banzer, el hombre más poderoso de la época, el entreguismo histórico del estado boliviano y la clase intermediaria del saqueo de los recursos naturales, al mismo tiempo, la corrupción como base de un modelo de gobierno que genera atraso, dependencia y más pobreza, como él mismo sostuvo durante sus alegatos.

Con el golpe de estado de García Meza y el asesinato de Marcelo Quiroga el 17 de julio de 1980, el juicio quedó bloqueado y con ello la posibilidad de sentar un precedente histórico contra la clase intermediaria del saqueo.

Sin embargo, a 37 años de la desaparición física de Marcelo, y en el marco de la persistencia de la dependencia y el atraso, el juicio, es un programa político/ético vigente para transformar Bolivia.

Es un legado a la memoria de lucha de la nación boliviana.

Golpe frenó juicio

El proceso iniciado por Marcelo Quiroga Santa Cruz contra Hugo Banzer Suárez fue interrumpido, en una primera instancia, por el golpe de estado del 1 de noviembre de 1979, comandado por el coronel Natusch Busch.

Otro golpe, bloqueo

Con el golpe de estado de García Meza y el asesinato de Marcelo Quiroga el 17 de julio de 1980, el juicio quedó bloqueado y con ello la posibilidad de sentar un precedente histórico contra "la clase intermediaria del saqueo".