"Pensé que me iba a matar"

En Sucre, entre el 50 y 80% de las mujeres que son acogidas en la casa municipal para víctimas de violencia decide volver a su hogar

VIOLENCIA. Las mujeres tienen un marco normativo de avanzada que las protege, pero la falta de recursos impide su... VIOLENCIA. Las mujeres tienen un marco normativo de avanzada que las protege, pero la falta de recursos impide su...

La Paz y Sucre/EFE y CORREO DEL SUR
Panorama / 19/11/2017 06:02

"Pensé que me iba a matar", es una frase sobrecogedora común entre las víctimas de la violencia machista en Bolivia, que no da tregua ni con las agresiones físicas ni las psicológicas.

Dos mujeres de El Alto hablaron con EFE en el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, que funciona en esa ciudad vecina de La Paz, y es una asociación que les ha brindado "tanto apoyo legal como psicológico".

Estas víctimas prefieren mantenerse en el anonimato por las posibles represalias, pero se atreven a alzar la voz con sus testimonios por si pueden concienciar a alguien o animar a las víctimas a que abandonen finalmente el círculo de la violencia.

Ambas tienen 34 años y están visiblemente afectadas por rememorar una vez más las agresiones de parte de sus parejas.

"Yo fui mamá soltera. El padre de mi hijo no quiso convivir conmigo, en el momento que decidimos casarnos, él se escapó", relata una de las víctimas.

Con el paso del tiempo, ella comenzó una relación con otro hombre, pero "cuando el papá de mi hijo apareció, ahí aparecieron los celos y mi esposo me comenzó a golpear".

"A veces yo tenía un ojo hinchado, al otro mes, del otro lado, o pasadas dos semanas ya tenía la boca hinchada. Siempre tenía marcas. Cuando uno empieza a recordar, quieren salir las lágrimas", agrega.

Fue un proceso muy largo de angustia que le ha permitido entender a esta mujer que "él nunca valió la pena".

"Me pegaba también. Como él salió bachiller y yo no he salido, me llamaba ignorante, que era una burra", relata la otra mujer entrevistada en el centro Gregoria Apaza.

"Le hice levantar, le pregunté dónde estaba el dinero, dijo que él no había gastado nada y me pegó. Me quería escapar. Después en la cocina me agarró, me arrastraba, me pegó con una sartén en la cabeza. Pensé que me iba a matar", relata muy acongojada.

Ambas coinciden en que confiaban en que la situación cambiase y que la violencia desapareciese: "Un tiempito cambió, de un mes, tres meses estaba bien, pero de ahí otra vuelta a lo mismo. Si íbamos a la fiesta, le daba celos de cualquiera. Me golpeaba los dos ojos", recuerda una de las entrevistadas.

No obstante, tras los terribles episodios de violencia que han sufrido, ambas convienen en que están superándolo: "Yo me quiero y me amo, tengo que salir adelante por mí y por mis hijos", dice una.

"Yo tenía mucho miedo. Pero ahora ya no tengo miedo de qué me diga o qué me haga, porque él igual es un cobarde. Sólo se aprovecha de una persona débil", sostiene la otra mujer.

Pero ellas ya no son débiles. Son muy valientes.

En Sucre, la casa de acogida a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, a cargo de la Alcaldía, tiene tres años.

Según la directora del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) de Sucre, María Susana Ariaz, la casa de acogida tiene capacidad para 100 mujeres y dos hijos por cada una de ellas. Sin embargo, el número de hijos siempre varía; en algunos casos, las mujeres llegaron hasta con cuatro y seis hijos.

Las víctimas de violencia física, psicológica y económica llegan al centro con requerimiento fiscal. Una de las constataciones que motiva la acogida es que hay riesgo si la mujer permanece en casa al lado de su agresor.

De acuerdo con la norma, una mujer puede permanecer hasta tres meses en el centro de acogida donde no sólo recibe tratamiento psicológico para su rehabilitación sino también capacitación en una rama técnica para la generación de sus propios ingresos económicos.

En una estimación que realizó Ariaz, el 80% de las mujeres que son víctimas de violencia psicológica y económica decide regresar a su hogar antes del tiempo previsto, mientras que el 50% toma la misma decisión cuando se trata de víctimas de violencia física.

Su argumento: fortalecer su relación familiar previo compromiso de cambio de conducta del esposo agresor.

En Bolivia, según la Encuesta de Prevalencia y Características de la Violencia contra las Mujeres (EPCVcM) de 2016, el 75% de mujeres casadas o unidas, de 15 años o más, declararon haber sufrido algún tipo de violencia de su pareja en el transcurso de su relación.

La cifra incluye la violencia física y la psicológica, la sexual y la económica, todas recogidas en la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, conocida como Ley 348.

Se trata de una norma aprobada en 2013 que protege a las mujeres de todo tipo de violencia y castiga el feminicidio con 30 años de prisión. Sin embargo, la ley, considerada de avanzada, tiene una pobrísima aplicación por la falta de recursos económicos.

La encuesta revela que el 46.5% de las solteras declararon haber sufrido violencia psicológica y el 21.2%, violencia sexual.

Bolivia registra el nivel más alto de violencia física reportado en toda Latinoamérica (53.3%), según datos de Oxfam.

Al contrastar los datos de los ministerios, la Fiscalía y asociaciones defensoras de mujeres, la entidad denuncia que en Bolivia cada tres días una mujer muere por violencia machista.

Hay más casos de violencia, pero pocos detenidos y menos sentencias

El proceso judicial es un camino largo y complejo, un hecho que dificulta que las mujeres concluyan los juicios hasta el final.

En este sentido, según datos del Ministerio Público, de los 87.718 casos de violencia contra la mujer registrados entre 2013 y 2016, sólo el 36% derivaron en una sentencia.

En Sucre, el delito que encabeza las listas: violencia contra la mujer, aún no llega a derivar en sentencias condenatorias para los agresores, cuando más reciben detención preventiva pero con cifras paupérrimas; por ejemplo, hasta el primer semestre de este año sólo 20 personas están aprehendidas en la cárcel San Roque de las más de 800 denuncias que ingresaron a los cinco juzgados cautelares de la Capital.

 

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