Diez años después, no hay un juicio por La Calancha

Un día como hoy, hace diez años, Sucre olía a petardo y sonaba a llanto. Se perdía la tercera vida en los enfrentamientos de Noviembre Negro. Hoy, los afectados y familiares de los fallecidos piden que se haga justicia y se tome una decisión respecto al juicio de responsabilidades.

El juicio fue solicitado en 2008, pero tras el silencio del Legislativo y un amparo presentado por uno de los imputados alegando de que no había sido notificado, el archivo fue devuelto a la entonces Corte Suprema de Justicia que lo había derivado al ente congresal.

Tras eso, a inicios de noviembre de 2010, el expediente fue nuevamente derivado ante la Asamblea Legislativa, pero desde ese entonces, el caso no avanzó.

Cuando La Calancha dejó de ser sólo un lugar y se convirtió en la escena de luto de mayor conmoción para Sucre en su historia reciente, la gente gritaba en busca de entender lo que había ocurrido y desde la Fiscalía General se anunció un juicio de responsabilidades.

El 31 de julio de 2008, efectivamente el fiscal general de ese tiempo, Mario Uribe, presentó un requerimiento acusatorio en contra del ex ministro de Gobierno Alfredo Rada, y los ex jefes policiales Miguel Vásquez, Jorge Espinoza y José Galván, este último, comandante Departamental de la Policía en Chuquisaca.

El presidente Evo Morales fue excluido al no haberse encontrado, según Uribe, alguna prueba objetiva de su participación en los sucesos.

Desde entonces el pedido de juicio de responsabilidades con las pruebas adjuntadas por la labor de fiscales no contó con pronunciamiento alguno de parte de las autoridades legislativas.

Para los familiares y víctimas de los hechos, las memorias, incluso a diez años, son nítidas, recuerdan cómo las turbas avanzaban de un punto a otro y todo enardeció aún más cuando la Asamblea Constituyente decidió trasladar su sesión al Liceo Militar, un 23 de noviembre.

Todos bajaron en busca de exigir que se tratara el tema de la Capitalidad para Sucre, el pedido que había movilizado a cientos desde mediados de año.

“Lo más impactante de lo que sucedió en La Calancha es el pedido de Capitalía Plena para Chuquisaca, con la visión de tener mejores días y oportunidades para nuestros hijos y nietos, para eso, el único escenario era la Asamblea Constituyente. El 23 los asambleístas se apostaron en marcha rumbo al Liceo Militar cuando fueron interceptados por la Policía Nacional y Departamental, la Policía estaba ahí con el Ministro Alfredo Rada comandando”, recuerda Juan Cardozo, hermano de José Luis Cardozo, el tercer fallecido y que habla a nombre de las familias de los tres muertos.

La primera muerte de Noviembre Negro fue la de Gonzalo Durán Carazani, quien falleció el sábado 24 de noviembre cuando una bala se alojó en su cuerpo.

Juan Carlos Serrudo le siguió. Él murió el domingo 25 de noviembre debido a una hemorragia interna causada por el fuerte golpe de un proyectil –no bala–que le llegó al pecho.

Uno de los ejecutivos universitarios que participó de los enfrentamientos de La Calancha fue Franz Quispe, quien recuerda cómo había estudiantes que se encargaban de proteger a los demás con una suerte de escudos, mientras otros veían de avanzar o responder a los ataques policiales.

Quispe resultó herido cuando se acercó a intentar devolver a la Policía un artefacto de gas lacrimógeno. No tuvo secuelas mayores.

“Nunca olvidaremos cómo ese día fuimos a llorar a la tumba a enterrar a nuestros tres compañeros. Producto de esto hay una persecución política a todos los líderes de Chuquisaca (…) nunca olvidaremos La Calancha, el recinto del Liceo Militar, cómo universitarios fueron secuestrados, emboscados y cómo los rescatamos”, comenta el ex dirigente que fue también procesado por los hechos del 24 de Mayo.

SU VOZ SE UNE POR JUSTICIA

“Lo que clamamos las tres víctimas y mutilados es siempre justicia, no nos estamos poniendo en contra de nadie ni nada, lo que pedimos es que las autoridades tanto oficialistas como opositores nos escuchen y estos hechos no queden en la impunidad”, afirma Cardozo.

Él dice que un juicio además ayudará a esclarecer todo lo que ocurrió esas jornadas y quiénes estuvieron involucrados en los hechos.

A la espera de tener alguna respuesta, el jueves, Cardozo y los familiares de los fallecidos presentaron una nueva solicitud a la Asamblea Legislativa pidiéndole tratar la imputación fiscal.

“Las nuevas generaciones son las que van a buscar y se encargarán de pedir justicia y paz para quienes perdieron a sus seres queridos”, comenta por su parte Álvaro Ríos, universitario que también fue parte de las movilizaciones de 2007, al destacar que con los actos que se realizaron este año buscan que la población recuerde que a la fecha no hay un juicio de responsabilidades por esos enfrentamientos.

Ríos, en representación de la agrupación ciudadana PAIS, reclama a la Brigada de Asambleístas de Chuquisaca, impulsar el juicio de responsabilidades que esperan desde hace una década.

Otro de los testigos de esas jornadas es la entonces alcaldesa interina, Graciela Pinto, quien afirma que siente que tiene “una herida que aún no cierra, que sigue latente, con soledad y con olvido. Siento indiferencia y frustración porque no hubo resarcimiento de daños a las víctimas de parte del Estado, pero fundamentalmente, siento una grave injusticia porque la investigación está sin avance”.

Para ella, el dolor es intenso porque no puede olvidar el llanto de las familias de los fallecidos, pero también destaca la unidad que se vivió esos días cuando las personas acudían a entregar insumos y hasta alimento a quienes se movilizaban.

“Creo que jamás los sucrenses olvidarán esos días de lágrimas luto y dolor pero también de amor y solidaridad (…) y mientras haya un solo chuquisaqueño y sucrense con la memoria fresca para no olvidar estos luctuosos hechos, llegará la justicia”, sostiene la que fue Ejecutiva Municipal en reemplazo de la titular Aydeé Nava, el 24, 25 y 26 de noviembre.

Desde sus distintas miradas y vivencias todos coinciden en que la justicia no ha llegado y reclaman porque no recibieron resarcimiento del Estado y porque quienes fueron acusados de ser responsables no se han sometido siquiera a un proceso. Diez años después, sin respuestas a sus pedidos, los recuerdos y la fe persisten.

El recuento

• El 23 de noviembre de 2007 la Asamblea Constituyente decide trasladar sus sesiones al Liceo Militar.
• Esa tarde y noche comienzan las movilizaciones y vigilias en la zona de La Calancha, donde había cerco policial.
• El sábado 24 de noviembre cae el abogado Gonzalo Durán, la primera víctima, a causa de un impacto de bala.
• El 25, muere Juan Carlos Serrudo, por un impacto de un proyectil –no bala– en el pecho, el golpe le provocó una hemorragia.
• El lunes 26, fallece José Luis Cardozo, por una bala que le rozó la cabeza. Ese día se enterraron las primeras dos víctimas.