El futuro de los "dreamers", los jóvenes indocumentados que llegaron de niños a Estados Unidos, está en el centro del confuso debate migratorio que tiene lugar en Washington.

El presidente Donald Trump condiciona la firma de una ley que los proteja de la deportación a que esta contenga financiación para el muro que quiere levantar en la frontera con México.

Y los demócratas exigen una solución para ellos a cambio de dar su apoyo, imprescindible, al presupuesto que financie la administración federal republicana este 2018.

Los "dreamers" son hijos de inmigrantes sin papeles que entraron con ellos ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños. Han crecido en el país y se consideran estadounidenses.

Ante la imposibilidad de aprobar una reforma migratoria, el presidente Barack Obama aprobó en 2012 un programa, DACA, para protegerlos de la deportación con permisos temporales de residencia y trabajo. La administración Trump lo canceló en septiembre. Considera que Obama se extralimitó en sus poderes presidenciales e instó al Congreso a buscar una solución legislativa para ellos.

DACA ha protegido en sus cinco años de vida a unos 800 mil"dreamers" (soñadores). Los beneficiarios son casi 700 mil, el 80% de ellos nacido en México. Tras la cancelación de DACA, sus permisos comenzarán a expirar en marzo. Si para entonces no hay solución legislativa, quedarán expuestos a una posible deportación.

El presidente Donald Trump ha sido ambiguo y contradictorio. En campaña se comprometió a cancelar DACA, pero como Presidente electo dejó la puerta abierta a una solución. Hace un año, ya como Presidente, puso a todos los indocumentados como prioritarios para la deportación, con la excepción de los "dreamers". Pero en septiembre acabó cancelando DACA. Desde entonces usa a los "dreamers" como moneda de cambio para lograr fondos para el muro: sólo firmará una ley del Congreso que dé una solución para ellos, si contiene dinero para la barrera.

Esta semana abrió por sorpresa la puerta a una solución que incluya una vía para que obtengan la nacionalidad estadounidense en diez o 12 años. "Va a pasar en algún momento en el futuro", dijo tras irrumpir en una reunión informativa entre altos funcionarios y periodistas en la Casa Blanca. "Díganles que no se preocupen", contestó cuando los informadores le insistieron en la cercanía de la fecha en la que los permisos de los "dreamers" comenzarán a expirar.

Los presentes aseguran que lo que dijo Trump tomó por sorpresa a los funcionarios de su administración, que estaban defendiendo ante la prensa una agenda migratoria más restrictiva. Esto y la trayectoria del mandatario hacen dudar de sus palabras a activistas y políticos.

El presidente también dijo que pedirá 25.000 millones de dólares para el muro como parte de la negociación y otros 5.000 adicionales para medidas de seguridad fronteriza adicionales.

El lunes, la Casa Blanca presentará su propuesta de "marco legislativo" en materia de inmigración, en la que incluirá una solución para los "dreamers", según anunció su portavoz, Sarah Sanders. En la Casa Blanca tiene mucho peso un grupo de personas con ideas restrictivas de la inmigración e incluso opuestas a ella que influyen en Trump.

Uno de ellos es su propio jefe de gabinete, el general John Kelly. Otro es el asesor senior, Stephen Miller, otro duro en inmigración.

También hay dos senadores republicanos, David Perdue y Tom Cotton, con influencia. En agosto, Trump abrazó una propuesta de ley migratoria redactada por ellos para sustituir por un sistema basado en el mérito el actual sistema migratorio, que tiene su base en la reagrupación familiar.

El marco legislativo que presentará la Casa Blanca incluye el cambio de sistema y el final del sorteo anual de "green cards", los permisos de residencia, otro elemento de la propuesta de los senadores.

Los demócratas defienden la legalización de la situación de los "dreamers" y una vía para que sean nacionalizados. Los republicanos están divididos. Hay legisladores que apoyan lo mismo que los demócratas. Otros quieren una solución para los jóvenes, pero sin la nacionalidad. Y también hay una línea más dura. El senador por Texas Ted Cruz, por ejemplo, se refirió recientemente a una solución para los "dreamers" como una "amnistía para inmigrantes ilegales".

Todas las encuestas muestran que una amplia mayoría no quiere que sean deportados y apoya una solución para ellos. Una del Pew Research Center publicada la semana pasada cifra en un 74% a los que quieren que obtengan un estatus legal permanente en Estados Unidos.