Penales bolivianos, el anómalo caso en el que reos son administradores

En Palmasola, la afamada cárcel cruceña, ocurrió hace 11 días el enésimo acto de violencia en los penales bolivianos. A las cuatro de la mañana del miércoles 14 de marzo, con el respaldo de 2.000 uniformados que cuidaban el perímetro del recinto, 300 efectivos policiales ingresaron al penal, se dirigieron al sector denominado PC-4 y en confusas circunstancias murieron seis detenidos. Uno más falleció posteriormente en un centro médico. Fotografías y videos de los cuerpos muestran que por lo menos cinco de ellos tenían señales de haber recibido tiros en la cabeza, lo que descarta un supuesto "enfrentamiento" entre los internos y la Policía. Además, todos ellos pertenecían al cuerpo de seguridad de un notable acusado, Víctor Hugo Escobar, alias Oti.

Algunos testigos de los hechos dijeron a periodistas que los policías ingresaron directamente al lugar donde estaba Oti y sus guardias y los ejecutaron. La Policía niega esta versión y sostiene que, cuando los uniformados ingresaron en la madrugada a Palmasola, fueron recibidos con disparos de armas de fuego y que los siete internos murieron por efecto de intercambio de fuego.

El operativo policial tuvo el objetivo oficial de retomar el control de la cárcel Palmasola, desde hace décadas en manos de los propios internos. En Bolivia, la Policía resguarda el perímetro y el exterior de los penales, para evitar fugas, pero el interior está bajo administración de los presos, quienes imponen la disciplina, ofrecen seguridad a quien la pueda pagar, cobran extorsiones y en general organizan la vida diaria de los penales. El trabajo de los internos que dominan los penales es incluso realizar inversiones para construir nuevas celdas. Ese es precisamente el primer problema de los penales en Bolivia: el abandono por parte del Estado del control de las cárceles y la seguridad de los internos.

ORIGEN DEL PROBLEMA

La ley 1008, aprobada en 1988, llenó las cárceles de Bolivia, afirma el ex director de Régimen Penitenciario Ramiro Llanos. Hasta antes de ese año el problema de hacinamiento y presos sin sentencia era un fenómeno de menor importancia. La mencionada ley antidroga, que penaliza a quienes trafican incluso pequeñas cantidades y hasta a los consumidores, cambió por completo el sistema penitenciario nacional.

Un antiguo estudio de Inter Iuris, una ONG especializada en el tema carcelario, estableció que por lo menos el 40% de los internos son acusados de tráfico de drogas. Otras estimaciones establecen que los acusados de tráfico superan el 50%, muchos de ellos por delitos menores, como venta de marihuana, que en otros países de la región ya se ha despenalizado.

Llanos asegura que, con el aumento de los presos debido a la ley 1008, "también aumentaron los recursos disponibles dentro de los penales y, a la vez, el Estado se retiró paulatinamente de sus responsabilidades". Por ejemplo, dejó de invertir en infraestructura, y dejó esa tarea a los detenidos más poderosos económicamente, que en el pasado construyeron bloques de celdas e hicieron diversas refacciones.

El abogado penalista Carlos Flores, docente de criminología y derecho penitenciario, asegura que el hecho de que las cárceles estén bajo control de los propios internos hace que los líderes de las mismas "dominen e inspiren el terror", ya que tienen armas y supervisan el ingreso y egreso de los internos.

Los delegados también imponen la "ley del silencio" al resto de los internos, y por ello es muy difícil descubrir crímenes dentro de las penitenciarías. Y, desde dentro de la cárcel, siguen administrando los delitos que se realizan fuera.

LOS DELEGADOS

Si un detenido tiene los recursos necesarios logrará ingresar a secciones más seguras y con mejores condiciones, como Chonchocorito o La Posta, en el caso del penal paceño San Pedro. Sólo el ingreso puede variar entre 1.000 y 3.000 dólares, según familiares de los presos consultados. El dinero va a los bolsillos de los delegados, que no rinden cuentas de los montos que reciben.

Luego el interno debe erogar por una celda, que dependiendo de las comodidades que tenga, puede llegar a costar 10.000 dólares o más en "anticrético". Para eso debe negociar con los delegados y los "propietarios" de las celdas. José, un acusado de delitos relacionados al negocio de los casinos, y que ya logró su libertad, contó que en Palmasola tuvo prácticamente que "rogarle" a otro detenido, además de pagarle un elevado monto, para que le permitiera compartir su celda por varias semanas, hasta que logró "comprar" la suya propia cuando otro reo fue liberado. En la cárcel cruceña los precios por "alquileres", "compras" y "anticrético" son incluso más elevados que los de La Paz. Palmasola, especialmente el sector PC4, luce como un barrio pobre de cualquier ciudad, y pueden vivir familias enteras si es que el reo puede erogar por ello.

PAGAR POR SEGURIDAD

Otro gasto que deben hacer los presos es pagar por seguridad. Quienes no pagan son susceptibles de golpizas y otros vejámenes. Los acusados de violación son los más vulnerables ya que si no entregan montos altos son usualmente abusados sexualmente por otros internos.

El peor escenario lo viven quienes no tienen dinero. Ellos pasan a "población" y deben contentarse con dormir en celdas hacinadas, a 100 bolivianos al mes, pero si no logran un acuerdo con los delegados deben hacerlo donde puedan: en los entretechos, debajo de lavanderías, en los pasillos o en los baños, muchas veces sin siquiera un colchón ni frazadas. Muchos pasaron varias noches en alguno de los patios del penal.

Responsabilidad

Ramiro Llanos

Ex director de régimen penitenciario

"Aumentaron los recursos disponibles dentro de los penales y, a la vez, el Estado se retiró paulatinamente de sus responsabilidades".