Panorama

Nostas: Tomaremos medidas si el Gobierno sigue golpeando al sector

Los empresarios privados del país señalan que son víctimas de presiones salariales e impositivas; ven inseguridad jurídica y una “competencia irracional” de empresas que están bajo tuición del aparato estatal

Nostas: Tomaremos medidas si el  Gobierno sigue golpeando al sector
EMPRESARIOS. Ronald Nostas, volvió a cuestionar el pago del segundo aguinaldo.

Argumentando que la administración estatal y la COB tendrán que asumir las consecuencias del aumento “del desempleo y la precariedad laboral” con el pago del segundo aguinaldo, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) anunció que tomará medidas “si el Gobierno persiste en seguir golpeando al sector”.

El presidente de la CEPB, Ronald Nostas, respondió a un cuestionario de CORREO DE SUR para graficar la postura de su sector respecto al pago del segundo aguinaldo 2018 y el pedido del ministro de Economía, Luis Arce Catacora, de que este año los empresarios tomen la “previsión” de incluir en sus presupuestos ese beneficio.

El sector privado, entre otras cosas, señala que el pago del doble aguinaldo ya está causando problemas en la misma administración pública, porque entidades estatales tuvieron que echar mano de otras partidas y adquirieron recursos adicionales para honrar dicha cancelación.

Los datos de la parte patronal distan de las halagüeñas cifras que el Gobierno lanzó recientemente sobre el segundo aguinaldo y su incidencia en el aparato productivo.

CORREO DEL SUR (CS).- ¿Cómo incide la actual situación económica del país en el pago de ese beneficio?

Ronald Nostas (RN).- Más que impacto yo hablaría de afectación. En términos generales vemos que el segundo aguinaldo alimenta más al contrabando que es el que recibe una buena parte de los recursos que reciben los beneficiados.

La presión salarial va a resultar en informalización laboral, ya que muchas empresas medianas y pequeñas van a cerrar o ingresar a la informalidad, además que generará mayores presiones sobre el déficit fiscal de nuestro país, comprometiendo una vez más las reservas internacionales que van cayendo a un ritmo desalentador. Otro efecto que ya estamos viendo es que puede generar tensiones e incluso conflictos entre trabajadores y empleadores.

En el ámbito empresarial concreto, la afectación es mucho mayor. Las utilidades del sector están concentradas en pocas empresas. Las que tributan en el nivel de PRICO (Principales Contribuyentes) y GRACO (Grandes Contribuyentes) representan el 1.1% del padrón de contribuyentes, y explican el 80% de la recaudación tributaria.

Para una empresa promedio con diez trabajadores, en el Régimen General (sin GRACO ni Régimen Simplificado), el pago del Segundo Aguinaldo representa 118% de su utilidad. No le alcanza para pagar.

La utilidad promedio sin GRACO ha bajado en 30 por ciento, respecto al pico en 2015. La utilidad promedio, sin GRACO, anual, es aproximadamente US$ 3713.

La carga del segundo aguinaldo (medida respecto del Valor Agregado que producen) es mayor para la micro y pequeña empresa, lo que genera mayor incertidumbre de permanencia del empleo. En este sector están los trabajadores menos capacitados y ganan menos en comparación a la empresa grande y mediana. Afecta a los más vulnerables

CS.- ¿Qué efectos directos sobre el sector empresarial tiene el pago de este beneficio?

RN.- Es una medida que tiene efectos muy graves sobre todo el sector empresarial, incluyendo las empresas afiliadas a las Cámaras Departamentales de la Pequeña Industria y Artesanía, los sectores de la construcción, agricultura, ganadería, avicultura, madereras, surtidores, hotelería, gastronómicos y otras, además de las empresas que componen las federaciones de por lo menos seis departamentos.

El segundo aguinaldo es un bono que beneficia a un número menor de trabajadores, que no llega a los que más lo necesitan y por el contrario, afecta a todo el resto porque pone en riesgo su propia estabilidad laboral al desestabilizar la economía de las empresas.

Llega a un promedio entre 14 y 18% de la población trabajadora, incluyendo un alto porcentaje que representa al sector público. Los que reciben segundo aguinaldo no son los más pobres. En efecto, en el decil (un valor en estadística descriptiva) de asalariados de menor ingreso, este bono sólo será percibido por el 7%, mientras que en el mayor decil, lo recibirá el 65%. En resumen lo reciben pocos y esos pocos son los que menos necesitan.

CS.- ¿La apuesta por la compra “de lo nacional”, a juzgar por las cifras preliminares, se ha reforzado?

RN.- No creo que se haya reforzado. La obligatoriedad de la compra en un porcentaje del 15%, en productos bolivianos, en primer lugar es transitorio y coyuntural, es decir que no afecta estructuralmente el problema no modifica ni los efectos de un modelo que, por un lado facilita la importación y no detiene el contrabando, y por el otro, no busca modificar hábitos de compra y de consumo. Si realmente se quiere fortalecer lo nacional, se deben hacer ajustes esenciales a este modelo, eliminado o disminuyendo en primer lugar la presión salarial e impositiva, sobre las empresas e industrias nacionales y enfrentando seriamente el contrabando.

CS.- ¿El inédito uso de la “billetera móvil” es un buen ejercicio para pensar en la masificación de esa forma de transacciones? ¿Bajo qué parámetros se podría constituir en una política de largo aliento?

RN.- La iniciativa de la billetera móvil es un buen mecanismo, aplicable a todo tipo de transacciones y es una muestra de cómo la tecnología puede ayudar a los negocios y facilitar las transacciones, pero insisto que no es una solución y ni siquiera un mecanismo que mejore la situación. El problema no es el método de compra, sino la política salarial y el enfoque de apoyo a la producción nacional. De hecho, el sistema de pago por celular se ha extendido mucho en el país y hoy podemos hacer esas transacciones para comprar casi todo. La política de apoyo a la producción y el consumo de productos nacionales, tiene que empezar por no tomar medidas que eliminen la producción nacional.

No podemos seguir castigando a la empresa formal con segundos aguinaldos, con presiones salariales e impositivas, con inseguridad jurídica y con una competencia irracional desde las empresas públicas. Pero tampoco podemos esperar que la producción nacional se mantenga y crezca, si importamos incluso alimentos originarios de nuestro territorio y si dejamos vía libre para el contrabando inunde nuestras calles y ciudades.

CS.- ¿Cómo se lee desde la CEPB que este beneficio se haya impuesto por la fuerza en un contexto eminentemente electoral?

RN.- Hay varios factores que han evidenciado que en este último caso el pago del segundo aguinaldo sólo era el cumplimiento de un acuerdo político al que llegó el Ejecutivo con la Central Obrera Boliviana en abril de 2018. Ya en esa negociación, se excluyó al sector privado, desoyendo el mandato del Acuerdo 131 de la OIT. El problema tiene que ver con la consolidación de la tendencia discriminadora hacia los privados ya que, al evidenciar que las entidades del Estado locales y nacionales no tienen capacidad para cubrir el pago con sus recursos, el Gobierno ha autorizado traspasos de otras partidas y en algunos casos ha comprometido recursos adicionales, mientras que en el caso de los privados no considera ni siquiera la imposibilidad material de cumplir con esta decisión. El segundo aguinaldo es un problema de fondo cuya persistencia pone en cuestión el rumbo que quiere seguir el Gobierno en su política respecto al sector privado.

CS.- ¿Tendría el Ejecutivo que encarar de otra forma las negociaciones con la CEPB?

RN.- Nos parece prematuro hablar del segundo aguinaldo e irresponsable de parte de algunas autoridades, amenazar con su pago este año, pese a que ni siquiera tenemos los datos reales del crecimiento del 2018. El problema ya está presentándose en las empresas a inicios de este año 2019. Hay muchas empresas, especialmente medianas y pequeñas que pese a la obligatoriedad, no van a poder pagar ni siquiera con las medidas paliativas impuestas; son empresas que corren el riesgo de cerrar o ingresar en la informalidad. El ejemplo lo tenemos en el ámbito de las recaudaciones, donde el monto de la mora impositiva ya llega a 29.000 millones de Bs e incluso con perdonazo no se recupera ni el 10% y se llegó a estos niveles por la presión y el acoso tributario. Hay sectores que ya están hablando de reducciones de personal y organizaciones de mypes que han anunciado que no van a pagar. Y todo eso tiene que asumirlo el gobierno y los dirigentes de la COB van a tener que explicar por qué aumentan el desempleo y la precariedad laboral. Incluso en el sector público es tan grave el efecto que el Gobierno ha tenido que permitir que se destinen recursos de otras partidas y que, incluso a las empresas públicas se pague sobre el básico y no sobre el total ganado. Para el año 2019, definitivamente el sector privado deberá tomar otro tipo de medidas si el Gobierno persiste en seguir golpeando al sector con este tipo de medidas.

CS.- ¿En qué magnitud este beneficio golpea a las MYPES, las que a juzgar por sus representantes son las directas afectadas?

RN.- La carga es mayor para la micro y pequeña empresa, lo que genera mayor incertidumbre de permanencia del empleo. En este sector están los trabajadores menos capacitados y ganan menos en comparación a la empresa grande y mediana. Afecta a los más vulnerables (tanto empleadores como trabajadores). El nivel socio económico de la mayoría de los empleadores que serán afectados por el segundo aguinaldo es “Clase Media” con un ingreso familiar mensual que fluctúa entre Bs. 9,382 y Bs. 15,678. Los que reciben aguinaldo y podrían recibir el segundo aguinaldo no son los trabajadores mas pobres. Es importante señalar una vez más que el sector privado no es homogéneo y que hay diferencias entre regiones sectores e incluso empresas. Seis departamentos presentan ritmos de crecimiento bajo, incluso algunas como Tarija presentan decrecimiento. En lo que va de este año, 7 de 12 sectores con crecimiento por debajo de 4.5%. Pero también hay diferencia entre empresas; no es la misma situación de una empresa constructora en Santa Cruz que en Tarija.


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