Juana Quispe, crónica de un asesinato anunciado

"Me arrastraron, me quisieron hacer renunciar a la fuerza. Mi hijo tiene 10 añitos y no han respetado a mi hijo -dijo Juana Quispe Apaza y tragó saliva, mientras lloraba. Respiró y continuó- Discúlpenme… Por eso no quiero a veces hablar de ese tema. Duele”.

Era la enésima vez que hablaba del peligro que corría desde que decidió no renunciar a su cargo de concejala de Ancoraimes, municipio de La Paz, tal como se lo exigieron al poco tiempo que asumió el mismo.

Pero aquella vez era distinta. Era una mañana de 2011. En una sala fría de la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) estaban autoridades que como ella habían sufrido acoso político por sus pares hombres o por alcaldes que evitaban que ejercieran sus funciones. Esas mujeres la escuchaban atentamente cada detalle de su suplicio y lucha, dependiendo el enfoque de la vivencia de cada una.

“No me he rendido, tomé fuerzas. Dije: ‘no voy a hacerlo (renunciar), si es posible mátenme. Estoy dispuesta para morir, mi hijo me va a ver cómo voy a morir’”, se la escucha en la grabación de ese día en la que relató sobre la vez, hasta ese momento, que más riesgo sintió.

MUJER AYMARA

Su lucha había comenzado en abril de 2010. Claro, al final de la jornada de las elecciones municipales en que escuchó el recuento de los votos, que le dio 70 por ciento a su favor, nunca imaginó que sería el inicio de su suplicio.

De ese modo, Juana llegó a ser la primera concejala mujer en Ancoraimes, aquel municipio de la provincia de Omasuyos, que hasta ese día había tenido solo autoridades hombres tanto en el Ejecutivo como en el Concejo del Gobierno Municipal.

Ella ya tenía experiencia en liderazgo. Su cargo de secretaria general de la comunidad de Llojllata Laymini, donde nació, y luego en la Federación Departamental Única de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de La Paz “Bartolina Sisa”, le habían dado la oportunidad de demostrar sus capacidades como dirigente.

Por eso, la noche de las elecciones, ella, sus familiares e integrantes de la agrupación ciudadana Tupak Katari, con la que candidateó, fueron a ch’allar, con coca y alcohol en una esquina de la plaza principal de Ancoraimes. Todos estaban contentos con la elección. “Vamos a hacer proyectos”, decía la concejala electa. Pero el festejo no duró mucho.

La mañana del martes 30 de mayo de 2010, familiares del alcalde y campesinos afines al MAS se apostaron en la puerta de la Alcaldía. Con chicotes y palos en las manos evitaron que Juana ingrese a la primera sesión del Concejo.

“Cuchiwarmi”, “Kusawarmi”. Eran algunos de los insultos que le gritaban en aymara, cuenta su tío Casio Villanueva, en el patio de su casa, en la comunidad de donde era Juana.

La vinculaban con los hechos de corrupción del anterior alcalde, quien pertenecía a su agrupación ciudadana y estaba encarcelado. El presidente del Concejo, Pastor Cutile, y la vicepresidenta, Basilia Ramos de Tallacagua, respaldaron dicha acción.

Así, Juana ese día no ingresó al pleno.

Las siguientes sesiones no fueron distintas. Juana despertaba temprano para llegar a pie hasta el cantón donde se había determinado que serían las sesiones del Concejo, pero cuando llegaba al sitio o a minutos de hacerlo se enteraba que el lugar fue cambiado sin notificarle.

“Ellos tenían movilidad disponible del Concejo Municipal, pero a ella no le recogían, cargaban todo el grupo, se iban y abrían la sesión sin ella no. La Juana tenía que contratarse taxi, a veces en moto alcanzaba, pero en la puerta los militantes le atajaban, no le dejaban ingresar a las sesiones que se realizaban”, cuenta don Casio en medio del ruido de los patos y las gallinas.

Juana, a diferencia de su correligionario, a quien también presionaron, decidió no renunciar y emprender su batalla legal. Interpuso recursos de habeas corpus y amparo constitucional, los cuales, en septiembre de ese año, salieron a su favor para que se le restituyera en su cargo y le repusieran sus sueldos no pagados de cinco meses.

Tras los amparos, el presidente del Concejo, Pastor Cutile, se molestó más. La presión subió hacia Juana. Los afines a Cutile y al alcalde, le gritaban por la calle y amedrentaban a su entorno. Cada vez eran menos las personas que la apoyaban.

Todo eso no detuvo a la concejala. Interpuso una demanda penal contra Cutile Quispe, Ramos y el alcalde Huanca, por los delitos de desobediencia a resoluciones de las acciones de habeas corpus y amparo constitucional.

La audiencia conclusiva en el juzgado del municipio de Achacachi —a una hora de Ancoraimes— se suspendió en varias ocasiones porque los partidarios y familiares de los denunciados llegaban con petardos, para evitar que se instale.

“En esa audiencia ya se han asustado los concejales, el alcalde mismo, y le ruegan a la Juana y le dicen: ‘ya tienes que incorporarte’, te hemos pagado un cheque’. Le giran un cheque de 7.000 bolivianos, de su sueldo, pero obligándole a que desista de ese juicio y la Juana desiste. Ha firmado”, relata su tío.

Al enterarse de ello, la defensa de Juana retira el desistimiento, aludiendo que en el documento firmado por su defendida no se consideraba el resarcimiento de daños y perjuicios, por lo que no tenía validez. El juicio continúa y también los insultos, calificando a Juana como prostituta, entre otras cosas.

 

 

ASESINATO

Juana Quispe fue asesinada el martes 12 de marzo de 2012, a 32 días de haber sido restituida en sus derechos políticos. Su cuerpo fue encontrado un día después en el río Orkojahuira, con marcas de ahorcamiento, presuntamente, con el cinturón de seguridad del asiento de un minibús.

Según el cuaderno de investigaciones, la última vez que se la vio fue en compañía del alcalde y de los concejales Cutile y Ramos. Todos ellos fueron a la marcha por el día del Acullico.

El hecho se dio 12 días después de que Cutile y Ramos la amenazaron de muerte porque se negaba a viabilizar los presupuestos y dos días antes de que se llevara la audiencia conclusiva, que -según su defensa de ese entonces- saldría a favor de Juana.

Los testimonios dan cuenta de que la concejala llevaba en su bolso las grabaciones de audio y de video, en las que se develaban actos de corrupción en la licitación de obras de riego y manejos económicos de la Alcaldía.

La noche que asesinaron a Juana, se escuchó la detonación de petardos en el centro poblado de Ancoraimes y en la comunidad de Sotalaya, de donde era el alcalde Huanca.

“Ha sido a modo de festejo, a mi manera de ver”, asegura don Casio.Tras siete meses de investigación del hecho, se inició un proceso por el delito de magnicidio contra Huanca, Cutile y Ramos, en grado de autoría intelectual, demás de Exalta Arismendi, a quien -según las investigaciones- el alcalde le pagó un sueldo mensual para que se hiciera muy amiga de Juana e informara de sus acciones de fiscalización.

"Félix Huanca cuando ha sido imputado, ha hecho anularla y luego hemos tenido que volver a hacer imputar, ha vuelto a hacer anularla y luego lo han imputado nuevamente, luego han rechazado, antes han rechazado, luego han ordenado que se lo impute, lo han imputado, y después lo han sobreseído”, dijo Valkiria Lira.

Al asesinato de Juana se lo considera como emblemático, porque aceleró la aprobación, el 28 de mayo de 2012, de la Ley “Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres”, la cual fue propuesta por organizaciones de mujeres en 1998.

Impunidad

- Y como dice Griselda Sillerico, activista en derechos humanos, esa impunidad da vía libre para que las mujeres sigan siendo violentadas en sus derechos políticos, de ahí que las denuncias de casos de acoso y violencia política en Acobol aumentaron de 64 en 2017 a 117 en 2018.