Panorama

Una ola de incertidumbre se extiende por Sudamérica

Protestas sociales ponen en jaque al presidente chileno, Sebastián Piñera, poco después de que Ecuador se estremeciara tras el intento de alza de carburantes

Una ola de incertidumbre se extiende por Sudamérica
DETENIDOS. Miles de personas protestan durante una de las jornadas de manifestaciones a nivel nacional en contra del Gobierno de Piñera, el cual ha emtidio una serie de anuncios qu EFE

Durante el último mes, la incertidumbre política y social se hizo presente en varios países sudamericanos, llegando en muchos casos a poner en jaque a los gobiernos.

Chile vive desde hace más de dos semanas la mayor ola de protestas de su era democrática, un fenómeno también inédito en el país austral por carecer de un líder que personifique los múltiples reclamos y por el apabullante poder de "autoconvocatoria" de la propia sociedad en redes sociales. 

Estas protestas, las más graves en muchos años, preceden a una convulsión social que poco antes había sacudido a Ecuador y puso contra la pared al presidente Lenín Moreno, quien tuvo que retroceder en su propósito de levantar los subsidios al precio de los combustibles. 

A finales de septiembre, el presidente peruano Martín Vizcarra provocó otro terremoto político al clausurar el Congreso y emitir una convocatoria anticipada de elecciones que tendrán lugar el primer bimestre de 2020.

A diferencia de otros episodios de protestas en Chile, como el movimiento estudiantil de 2011 que encabezó la ahora diputada de izquierdas Camila Vallejo, esta vez nadie está al frente de las movilizaciones, que se activan con apenas una simple convocatoria en las redes sociales que se hace viral.

Las concentraciones comienzan con unas decenas de personas en espacios públicos como la Plaza Italia de Santiago, que es el punto neurálgico de estas protestas, pero conforme avanza el día se van sumando más y más personas hasta llegar a ser cientos de miles, que no se van hasta que actúan los antidisturbios.

Son tantas las reclamaciones acumuladas por las clases medias chilenas que el espectro de estas protestas va desde los estudiantes universitarios hasta los pensionistas, y abarca demandas contra prácticamente los altos costes de casi todos los servicios básicos, con especial ahínco en la educación y la salud.

"Sin duda el uso de las redes sociales ha sido un catalizador importante para poder aglutinar personas y para que circule mucha información, lo que hace más fácil que se sumen adeptos", explicó la socióloga Gloria De la Fuente.

GENERACIÓN SIN TRAUMAS

La especialista indicó que desde la perspectiva sociológica es complicarlo denominarlo movimiento social porque en su acepción clásica este debe tener una demanda concreta, lo que no sucede aquí.

"La demanda ha ido mutando en la semana. Primero era el alza del pasaje del metro, después la medida de excepción de los militares en las calles y ahora prima la idea de un nuevo cambio o pacto, y eso es una nueva Constitución", apuntó.

Sobre el hecho de que todas las demandas se hayan aglutinado a la vez, De la Fuente apuntó a los jóvenes como los que han terminado por hacer despertar al resto de la sociedad chilena, tanto a sus padres como a sus abuelos.

Se trata de "una nueva generación que no tiene los traumas de la dictadura y tiene menos menor a enfrentarse a las autoridades por las injusticias", según dijo De la Fuente.

En la Plaza Italia se puede encontrar a personas de todas las edades y clases que comparten la misma indignación y, al reunirse, se retroalimentan en su confianza por alcanzar cambios.

"El pueblo se empoderó. Nos empoderamos todos con justa razón. No necesitamos un vocero porque ya la voz pública se hizo escuchar. Es evidente, es latente. Lo estamos viendo y escuchando", aseguró a Efe Sebastián Mora, un trabajador en la treintena.

Mora llegó empujado por su indignación, especialmente con la "usura" y el "robo" a las clases medias. "Pagamos impuestos pero todo está privatizado: farmacias, gasolineras, comercios, hospitales y carreteras... y este es el resultado", señaló.

A unos metros está Ailín Salgado, una adolescente universitaria que porta un cartel contra Piñera y quien piensa que estas protestas "no buscan un líder, porque no es por un partido ni por una religión".

"Esto es un pueblo que quiere los mismos derechos. Nosotros luchamos por la igualdad. Si vamos remando todos juntos, podemos conseguir las demandas que estamos pidiendo", apuntó Salgado.

Con una bandera de Chile en la mano, Felipe Candia, un hombre de mediana edad, aseguró a Efe que la gente "se autoconvoca" porque en estas protestas los líderes son todos para pedir a Piñera "vivir dignamente". "No queremos hacernos ricos como él", exhortó.

MOTIVACIONES

En estas movilizaciones no hay líderes claros. Javiera Delanoir, que vive en la Plaza Italia, reconoció que "no hay un llamado de alguien concreto, pero sí hay muchos que están llamando en redes". Nosotros respondemos a eso. Quizás si hubieran llamado de un partido, no habría resultado igual", apostilló.

Para ella "lo fundamental es la Constitución, que viene de la dictadura y como texto fundamental del país está todo mal. Eso ya deriva hacia los abusos que se han visto en estas manifestaciones, con toques de queda y violencia excesiva".

DETONANTE

Hace pocos días, la titular de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU (Cepal), Alicia Bárcena, atribuyó  las fuertes protestas sociales de Chile al modelo neoliberal y privatizador del país, así como al "trato" de las autoridades hacia los ciudadanos.

"Hay algo que corre por toda la región, un desencanto con un modelo, el modelo neoliberal", dijo Bárcena, quien señaló que "Chile era el alumno más aventajado que privatizó todos los servicios".

El paquete de medidas anunciado por el presidente Sebastián Piñera no logra rebajar la tensión en las calles y genera escepticismo sobre su capacidad para generar cambios profundos que disminuyan la desigualdad socioeconómica, el telón de fondo del estallido social en Chile.

Crisis política peruana estalló y se apaciguó en el Congreso

La crisis política peruana estalló y se disipó en los corrillos del Congreso y no tuvo esta vez alcance en las calles y entre los ciudadanos.

El Tribunal Constitucional (TC) de Perú aceptó hace pocos días pronunciarse sobre la constitucionalidad de la decisión del presidente Martín Vizcarra de disolver el Congreso, pero rechazó una medida cautelar para que el Legislativo vuelva a ejercer sus funciones, con lo que dio por consumado el cierre del Parlamento.

La aceptación a "trámite" de la revisión de la medida anunciada por Vizcarra el 30 de septiembre fue tomada el martes por los siete miembros del TC, mientras que la medida cautelar para suspenderla fue declarada "improcedente" por cinco votos contra dos.

Esta votación, que se hizo en respuesta a solicitudes presentadas por el presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Pedro Olaechea, implica que las elecciones legislativas previstas para el 26 de enero se mantendrán sin impedimentos, ya que se considera que el debate en el TC tardará, en promedio, unos tres meses.

"El proceso electoral en marcha queda en pie, más allá de la respuesta del Tribunal Constitucional" indicó tras decir que, en su pronunciamiento, el TC "no buscará simplemente respuestas a la disolución del Congreso, sino a la organización democrática del país de aquí en adelante".

El presidente Vizcarra consideró el 30 de septiembre que la cuestión de confianza planteada por el ex primer ministro Salvador del Solar había sido rechazada después de que el Congreso eligió a magistrados del TC a pesar de que el Ejecutivo había pedido que previamente se modifique ese proceso.

Posteriormente, el Ejecutivo cuestionó que Olaechea hubiera presentado su solicitud ante el TC como "presidente del Congreso" y no de la Comisión Permanente, con lo que desconocía la decisión del Ejecutivo de disolver el Parlamento.

En ese sentido, la procuraduría de la Presidencia del Consejo de Ministros solicitó este 12 de octubre a la Fiscalía que abra una investigación contra Olaechea por una presunta usurpación de funciones, un delito que contempla hasta 7 años de cárcel.

Luego de conocerse la decisión del TC, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) sostuvo que el Ejecutivo reitera su "respeto a las decisiones" del organismo y que estas "son clara muestra de que el Estado de derecho y la democracia están plenamente vigentes" en el país.

Tras el desconcierto inicial que generó la disolución del Congreso a nivel internacional, dadas las particularidades de las leyes peruanas, muchos países señalaron que cualquier contienda de competencia debía ser resuelta a nivel interno.

A nivel interno, la Justicia peruana emitió tres resoluciones que dieron un respaldo implícito a la decisión de Vizcarra, al rechazar diferentes jueces sendos recursos para que la disolución del Congreso sea dejada sin efecto, presentados por los exlegisladores Maritza Espinoza, Salvador Heresi y Ángel Neyra.

El caldo de cultivo ya existía previamente en Ecuador

El "caldo de cultivo" para las protestas que tuvieron lugar en Ecuador a principios de mes se encontraba allí antes de la eliminación de los subsidios a las gasolinas, y lo que se requiere ahora es establecer marcos estructurales de diálogo para evitar futuras escaladas.

Así dice el máximo representante del Sistema de Naciones Unidas en ese país, el francés Arnaud Peral, que junto con la Conferencia Episcopal encabezó los esfuerzos de mediación para poner fin, el pasado 13 de octubre, a una crisis de 11 días de violencia desenfrenada.

"Yo creo que el caldo de cultivo que permitió esta ola tan fuerte de reacciones en todos los sectores estaba presente en la sociedad ecuatoriana", afirma al hablar de indicios de "insatisfacción" entre ciertos círculos de la población, originados en las brechas sociales y la falta de oportunidades, entre otras causas.

"Muchas personas estaban pidiendo (advirtiendo) que se estaba degradando su calidad de vida y bienestar y, en ese sentido, había una tensión social muy grande que hemos sentido por supuesto en diferentes episodios", agrega en su primera entrevista desde las protestas.

Una situación originada en "la situación económica y social del país", "la compleja situación regional", y "la situación del empleo".

El pasado 13, Peral vivió uno de los momentos más satisfactorios de su larga carrera cuando, avalado por la Agenda de Desarrollo 2030, consiguió sentar en una misma mesa al presidente Lenín Moreno y al líder indígena Jaime Vargas, un encuentro que puso fin a unos disturbios que dejaron al menos seis muertos y más de 1.300 heridos, además de cuantiosos daños materiales.

Pero lo que aún sorprende al diplomático de la ONU fue el grado de "ruptura de diálogo" y "enfrentamiento generalizado" al que llegó la sociedad ecuatoriana, y por supuesto el alto nivel de violencia de las protestas.

"Tenemos antenas y diálogos con muchos sectores, pero ni siquiera nosotros habíamos visto que podía escalar a este nivel", asegura.

Convocados por sindicatos, grupos indígenas y de oposición, los manifestantes saquearon granjas, dañaron infraestructuras nacionales, cerraron carreteras, bloquearon varias ciudades y, en Quito, se alzaron contra las fuerzas del orden en batallas campales.

El disparador fue un decreto de Moreno que eliminaba un histórico subsidio a la gasolina y elevaba el transporte, aunque Peral señala que ya "se sentía malestar obviamente en todos los sectores sociales desde antes de la crisis" y que "no es sorpresa para nadie".

Y recuerda los tradicionales catalizadores de este tipo de protestas en Ecuador y en otros lugares: "Tomar una medida como eliminar o reducir subsidios, o subir impuestos, crea en todos los países una conmoción social, una reacción muy fuerte".

A los esfuerzos de mediación se sumó Peral en el quinto día de las protestas, el 7 de octubre, cuando el Gobierno le envió una carta solicitando asistencia de la ONU.


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