En Colombia, la sociedad se rebela contra política económica de Duque

La sociedad colombiana lanzó al Gobierno un mensaje claro de que quiere un cambio de rumbo en su política económica y social que espera sea escuchado en la administración del presidente Iván Duque, donde hasta ahora no ha tenido eco.

Las multitudinarias manifestaciones del jueves en todo el país, lideradas por jóvenes y trabajadores, y sobre todo el prolongado cacerolazo nocturno en Bogotá el viernes, incluso frente al condominio donde tiene su residencia particular el Presidente, muestran que más allá de colores políticos, el país ha cambiado.

"Debe interpretarse la voz de la sociedad civil reclamando sus derechos. El Gobierno nacional tiene que escuchar y dar respuestas adecuadas: es tiempo de grandeza para convocar a un consenso que conduzca a un gran acuerdo nacional con las organizaciones sociales y políticas", manifestó el procurador general, Fernando Carrillo.

Sin embargo, la reacción del Gobierno ha estado por debajo de la gravedad del momento, tanto que hasta miembros del partido Centro Democrático, al que pertenece el presidente, han manifestado su disconformidad con el manejo que la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, está dando a los reclamos populares.

El presidente, ajeno a la realidad, dio una alocución al país para referirse a la protesta en la cual condenó, como era de esperarse, los actos vandálicos que se produjeron en Bogotá, Cali y otras ciudades, pero esperó hasta el viernes para abrir una vía de diálogo con los organizadores de las manifestaciones y con los partidos políticos.

"A partir de la próxima semana daré inicio a una conversación nacional que fortalezca la agenda vigente de política social; trabajando así, de manera unida, en una visión de mediano y largo plazo, que nos permita cerrar las brechas sociales", dijo

"No era para hablar de la forma. Era para hablar del fondo", criticó en Twitter el congresista Gabriel Santos, del Centro Democrático, sobre la alocución de Duque, de la que el país esperaba más y que hizo demasiado tarde.

En su mensaje, el Presidente dijo escuchar a los colombianos y que "el diálogo social ha sido la bandera principal de este Gobierno", que debe profundizarse "con todos los sectores de esta sociedad".

GOBERNABILIDAD

La convulsión social que vive América Latina parece no preocupar a una Administración que considera el mandato de las urnas suficiente para gobernar solo con los suyos, sin tener en cuenta que carece de mayorías en el Congreso para aprobar los programas bandera de Duque, lo que le crea además un problema de gobernabilidad.

Eso se refleja en la baja popularidad del Gobierno, que también es cierto enfrenta incluso desde antes de comenzar una feroz oposición de distintos sectores políticos, con lo cual la aprobación a la gestión de Duque ronda el 26% en solo 15 meses de mandato.

"La declaración presidencial fue excesivamente escueta, hay un llamado a la calma, pero no hay una mención al diálogo, ni a la mesa de concertación que estaban proponiendo los convocantes del paro", dijo el analista político Mauricio Jaramillo Jassir, de la Universidad del Rosario, de Bogotá.

En opinión del experto, con la alocución "lo que uno ve es que hay un Presidente que no entendió el mensaje" de la sociedad y por lo tanto no hizo propuestas concretas.

Y el mensaje ha sido bastante claro, especialmente con el cacerolazo, algo inusual en el país y que muestra que el descontento social se ha instalado incluso en las familias de clase media, donde está buena parte del electorado del uribismo que eligió a Duque presidente.

"Aquí ningún partido político puede reclamar la protesta de ayer como suya, y ese cacerolazo que se sintió desde los apartamentos demuestra que la marcha de ayer fue independiente y que el llamado no solamente es para el Gobierno, también es para la oposición; hay que analizar muy bien las demandas muy legítimas de la gente", añadió Jaramillo.

AGITACIÓN SOCIAL

Los disturbios continuaron el viernes en varios lugares del sur de Bogotá, aunque sin la magnitud de los ocurridos el jueves, y falta por ver qué tan dispuesto está el presidente a insistir en un gobierno solo con los suyos.

Ya lo demostró a comienzos de este mes con ocasión de la renuncia de Guillermo Botero al Ministerio de Defensa, que buena parte del país pensaba que abriría espacio para otros partidos en el gabinete para tener más gobernabilidad, pero el presidente optó nuevamente por un representante del uribismo puro y duro.

"La educación es el pasaporte al futuro... El mañana pertenece a la gente que se prepara para recibirlo" o "Ni terroristas ni delincuentes, estudiantes conscientes", decían algunas de las pancartas exhibidas por estudiantes y trabajadores en un ambiente de protesta en la capital colombiana.

El reclamo de una mejor educación fue expresado de distintas maneras, como un cartel que en Cali expresaba: "Con Duque no hay quien se eduque".

Reformas de fondo: El decálogo de la protesta social que se extiende por Colombia

1.- Los organizadores aseguran que una reforma laboral que supuestamente prepara el Gobierno destruye la estabilidad del empleo porque pretende que a los jóvenes que entran al mercado de trabajo se les pague el 75 % del salario mínimo legal.

2.- Las centrales obreras argumentan que el Gobierno busca eliminar el fondo estatal de pensiones Colpensiones y dejar los aportes de empresas y trabajadores para la jubilación en manos de fondos privados, un modelo del que dicen probó su "fracaso" en Chile.

Los sindicatos aseguran que esta reforma es promovida por organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En Colombia las mujeres se jubilan a los 57 años y los hombres a los 62, siempre y cuando hayan cotizado al menos 1.300 semanas a la seguridad social.

3.- Igualmente se oponen a los planes del Gobierno de hacer una reforma tributaria para rebajar los impuestos a las multinacionales y empresas mientras se los suben a la clase media y trabajadores.

4.- El Gobierno pretende, según los sindicatos, privatizar Ecopetrol, la eléctrica ISA, Cenit (filial de Ecopetrol para el transporte de hidrocarburos) y "todas las empresas en las que el Estado sea propietario del 50% de las acciones".

El Estado tiene participación directa en 105 empresas a través de sus ministerios y departamentos administrativos. En 39 de ellas su participación es mayoritaria y en 66, minoritaria.

5.- La protesta también es un rechazo a la corrupción que deja pérdidas de 50 billones de pesos al año (unos 14.560 millones de dólares) y señala escándalos multimillonarios como el de Odebrecht y la Refinería de Cartagena (Reficar).

Esta última, de propiedad de Ecopetrol, fue inaugurada en octubre de 2015 por el entonces presidente Juan Manuel Santos y tuvo un coste final de 8.016 millones de dólares, más del doble de los 3.777 millones de dólares presupuestados inicialmente.

6.- En la reforma fiscal llamada "Ley de Financiamiento" el Gobierno incluyó un aumento del 35% de las tarifas de electricidad para los estratos 4, 5 y 6 para "salvar" a Electricaribe, empresa de la española Naturgy intervenida en 2016.

Electricaribe presta el servicio a siete departamentos de la costa atlántica colombiana y tiene un déficit de 1,3 billones pesos (unos 407 millones de dólares), reveló en marzo pasado un informe de la Contraloría (tribunal de cuentas).

7.- El salario mínimo vigente en Colombia es de 828.116 pesos (unos 240 dólares de hoy) y quienes lo cobran reciben además un subsidio de transporte de 99.023 pesos (unos 28 dólares).

Según los sindicatos ese pago es insuficiente porque no alcanza para cubrir la "canasta familiar" y por eso las familias se ven obligadas al "rebusque" para completar el dinero de los gastos.

8.- Otro argumento para la protesta nacional es el supuesto incumplimiento por parte del Gobierno de acuerdos firmados por esta Administración y las anteriores con varios sectores sociales y sindicales, especialmente con indígenas, campesinos y maestros.

9.- Los convocantes rechazan que el Gobierno quiera "reglamentar" el "derecho a la protesta social" y criminalizar a quienes se manifiestan en las calles.

10.- Los estudiantes universitarios, que el año pasado protagonizaron una huelga de dos meses reclaman al Gobierno el cumplimiento de los acuerdos firmados y medidas contra la corrupción en las universidades públicas.

El citado acuerdo incluyó una inversión de 4,5 billones de pesos (unos 1.309 millones de dólares de hoy) en las universidades públicas durante cuatro años, la mayor suma destinada a la educación superior en la historia del país, argumenta Duque.