Panorama

¿La Chiquitanía aún está en riesgo?

Organizaciones buscan abrogar cinco normas contrarias a la Constitución y que, consideran, podrían provocar nuevos incendios

¿La Chiquitanía aún está en riesgo?
La movilización de indígenas y activistas esta semana, en la sede de Gobierno.

Desde los incendios que arrasaron su bosque en 2019, organizaciones indígenas de la Chiquitanía cruceña permanecen alertas ante la vigencia de tres leyes y dos decretos supremos a los que culpan de dar luz verde a la tragedia medioambiental que marcó al país, ya que, entre otros aspectos, avalan el chaqueo y las quemas "controladas" en Beni y Santa Cruz.

No hay –lo dijeron en el foro “No más ecocidio en la Chiquitanía” realizado el jueves en La Paz– un estudio técnico posincendio serio del daño, pero entretanto quieren actuar contra normas ya cuestionadas y llaman a los jóvenes sensibles a los temas medioambientales, a ser sus aliados, sobre todo en las redes sociales, donde quieren que el debate se instale. 

Ya no se habla mucho del tema o, en el mejor de los casos, se habla menos. Pasó tiempo desde que las imágenes de animales quemados y bosques devastados inundaran las redes sociales y los medios de comunicación. Pero indígenas de esa región cruceña no han olvidado lo sucedido. 

El jueves, una comisión de las organizaciones indígenas de la Chiquitanía presentó a la Asamblea Legislativa Plurinacional y a la Presidencia del Estado un proyecto de Ley y otro de Decreto Supremo, que pretenden abrogar tres leyes y dos decretos supremos.

“Lo que planteamos es que se abroguen estas leyes que han sido las causantes de los incendios el año pasado y no nos han tomado en cuenta en su elaboración. Lo que planteamos es que se den nuevas propuestas de normas que tomen en cuenta nuestra participación”, indica el Gran Cacique de la Organización Indígena Chiquitana (OICH), Agustín García, en declaraciones recogidas por el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), una de las instituciones aliadas.

Lo acompañaron en la entrega Germinda Casupá, de la Organización de Mujeres de la Chiquitanía (OMCH); y Martín García, de la Central de Comunidades Originarias de Lomerío (Cicol), en representación de los colectivos ciudadanos de Santa Cruz y La Paz y un conjunto de instituciones que apoyaron la iniciativa.

El proyecto de Ley plantea la abrogación de la Ley N° 1171 de Uso y Manejo Racional de Quemas que define los lineamientos de una política de manejo integral del fuego en el territorio nacional, un régimen de sanciones administrativas por quemas sin autorización y un período excepcional de regularización en el pago de deudas y multas por estas quemas; dejando como responsable de elaborar las políticas al Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

De acuerdo con la fundamentación del proyecto, la aplicación de esta norma significó el desastre ambiental del 2019 por la quema de más de 5,3 millones de hectáreas de la superficie nacional y la afectación a más de 47 comunidades indígenas que habitan en la región, como los chiquitanos, ayoreos, guarayos, cayubabas, baures, sirionós y araonas.

También plantea la abrogación de la Ley Nº 741 de Autorización de Desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias; y permite chaqueos y quemas de hasta 20 hectáreas por familia en tierras de producción forestal permanente, sin planes previos de ordenamiento predial, ni pagar por la madera aprovechada proveniente de los desmontes. 

Solicita lo mismo en el caso de la Ley N° 1098 que permite la producción, almacenaje, transporte, comercialización y mezcla de aditivos de origen vegetal, con la finalidad de sustituir gradualmente la importación de insumos y aditivos y diesel oíl, y que con su DS Nº 3874 autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la soya, destinados a la producción de aditivos de origen vegetal – biodiesel, y da el marco legal para desbosques indiscriminados.

Por su lado, el proyecto de Decreto Supremo busca la abrogación de sus similares Nº 3874, de la Ley N° 1098, y del Nº 3973; este último modificó el artículo del DS N° 26075 y amplió la frontera agrícola en Beni en tierras de producción forestal permanente, en una extensión aproximada de 1,2 millones de hectáreas, y permitió que la Asamblea Legislativa Departamental del Beni modifique el Plan de Uso de Suelos (PLUS), dando paso a las quemas que se realizan en el sur y norte amazónico de ese departamento, poniendo en riesgo a más de 19 tierras comunitarias de origen pertenecientes a los pueblos indígenas cabineño, chacobo, pacahuara, tacana, araona, yaminahua, machinery, chimán, itonama, baures, moré, joaquiniano, movima, cayubaba, canichana, mojeño y mojeño ignaciano, según recoge el Cejis.

Se trata de dos documentos elaborados en consenso por las representaciones de diferentes sectores, expertos, líderes indígenas y académicos.

ANTECEDENTES 

El cuestionamiento a estas normas no es nuevo en la agenda pública. Los incendios las pusieron en el foco de interés después de que marcaran 2019 y fueran uno de los detonantes de las primeras protestas contra el gobierno de Evo Morales, que terminó renunciando a la presidencia por el fraude en las elecciones generales del 20 de octubre.

Entre octubre y noviembre se llevaron a cabo cabildos ciudadanos en diferentes departamentos, previos a la renuncia de Morales, donde se puso en la mesa de debate la anulación de estas leyes y estos decretos.   

Los incendios en la Chiquitanía movilizaron a sectores nacionales e internacionales. 

Ahora la conocida plataforma Ríos de Pie, que tiene a jóvenes de protagonistas, fue una de las primeras en hacerse eco en redes sociales de la demanda de los indígenas de abrogar las normas cuestionadas.

Indígenas no descartan vigilia y apelan a los jóvenes

Indígenas chiquitanos están claros respecto a lo que esperan de la ciudadanía que se sensibilice con su causa.

Martín García, de la Central de Comunidades Originarias de Lomerío, pide ante todo apoyo moral, la firma de los libros que se habilitarán para respaldar su solicitud de que las normas observadas queden fuera del ordenamiento jurídico, y presión en redes sociales y hasta en las calles, si las autoridades nacionales hacen oídos sordos de su reclamo.

Estar atentos. Eso es lo que solicitó durante el foro realizado el jueves en La Paz, al anticipar que manejarán distintas estrategias.

Germinda Casupá, expresidenta de la Organización de Mujeres de la Chiquitanía, fue más contundente al anunciar que instalarán una vigilia si no son escuchados, especialmente de las organizaciones de mujeres. Y como sus compañeros apeló a los jóvenes para hacerse eco de su reclamo en redes sociales.

Recordaron a los asistentes al foro en La Paz que el suelo del bosque chiquitano es, de por sí, bastante pobre y quedó prácticamente devastado con los incendios de 2019. No sirve, dijeron, para el cultivo de la soya que lo empobrecerá más. ¿Qué les espera a ellos si eso ocurre? El exterminio, es su respuesta.

Y pusieron el dedo sobre la llaga al plantear el debate sobre modelos de desarrollo alternativos a los que vende el mercado, cuyos planes expansionistas fueron respaldados por el anterior gobierno y no parecen estar en cuestionamiento por las actuales autoridades, afirmaron. Organizadores e indígenas coincidieron en que falta diálogo horizontal con los pueblos indígenas para una mirada holística y mirar a iniciativas interesantes de manejo sostenible del bosque. 

Finalmente, dispararon: los actores que están beneficiándose de las normas cuestionadas por los indígenas son los mismos que firmaron acuerdos con el MAS y ahora están con el nuevo Gobierno.  

Importante

Estudio. Indígenas advierten que no hay un estudio serio de cómo quedó el bosque chiquitano tras los incendios.

Aliados. Plataformas de jóvenes ambientalistas, instituciones, la academia y el movimiento indígena son la fórmula, afirman los organizadores del foro “No más ecocidio en la Chiquitanía”. 

Constitución ambiental. Es el planteamiento ante la movilización de la ciudadanía durante 2019 en defensa de las áreas protegidas y territorios indígenas.

El foro “No más ecocidio en la Chiquitanía” fue organizado por la LXXI Cátedra Libre Marcelo Quiroga Santa Cruz de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz 

Llega Tribunal de la Naturaleza

El 15 de marzo una comisión de cuatro miembros del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza llegará al país para llevar adelante una evaluación sobre el "ecocidio" en la Chiquitanía y establecer recomendaciones para que los incendios no se repitan y generen más daños irreversibles en el ecosistema.

Normas cuestionadas

Ley 741 de Autorización de Desmontes

Ley 1171 de Uso y Manejo Racional de Quemas

Ley 1098 que permite la producción, almacenaje, transporte, comercialización y mezcla de aditivos de origen vegetal

DS 3973 que autoriza quemas y desmontes controlados en Santa Cruz y Beni 

DS 3874 que autoriza procedimientos abreviados para la producción de aditivos de origen vegetal

¿Cuánto se quemó?

5,3 millones de hectáreas de la superficie nacional fueron afectadas entre agosto y la segunda semana de septiembre por los incendios. 

Los más afectados

Alrededor de 3 millones (74,5%) de hectáreas afectadas por los incendios corresponden a Santa Cruz, y 879.441 hectáreas a Beni; mientras que 27 territorios indígenas entre Chiquitanos, Ayoreos, Guarayos, Cayubaba, Baures, Sirionó y Araona fueron afectados, según información del Cejis, el Centro de Planificación Territorial Autonómica y Oré.


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