La caña de azúcar devora territorio indígena tacana

Por donde antes corrían libremente animales como el jochi, taitetú, tortugas, lagartos, monos y otras especies silvestres, se imponen ahora 124 hectáreas de cañaverales. Del frondoso bosque que rodeaba a Buena Vista –una de las 20 comunidades del Territorio Indígena Tacana, en la Amazonía paceña– va quedando poco. Caminar por este lugar, que equivale a 173 canchas de fútbol, implica resistir los 35 grados centígrados en primavera. La falta de sombra que daban los altos árboles, arrasados hace cinco años, dificulta el recorrido.

Los habitantes cuentan que en este lugar, y en la parte urbana de la comunidad, la temperatura ha ido subiendo desde 2016. Aquel año comenzó la deforestación para plantar caña, y así proveer a la estatal Empresa Azucarera San Buenaventura (Easba), ubicada en el municipio de San Buenaventura del departamento de La Paz, y que colinda con parte de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Tacana 1.

Desde el inicio de la construcción de Easba (en 2010) se deforestaron, hasta 2019, 4.573 hectáreas de área boscosa, según el estudio Agroindustria y Amazonía boliviana: El caso de la Empresa Azucarera San Buenaventura, de Daniel Robinson (Cedla, 2019).

Esa desaparición implicó, por ejemplo, la pérdida de semillas nativas y manchas naturales de majo y asaí, cuyos frutos recolectan los indígenas para uso medicinal y alimenticio.

Es cierto que la caña representa un ingreso para las comunidades, pero tiene efectos negativos, dice la presidenta del Consejo Indígena de Mujeres Tacanas, Mariane Quenevo.

“Los animales están migrando; como tacanas somos afectados porque nos alimentamos de la carne del monte, y para nosotros es un problema que se deforeste más cada año”, expresa la dirigenta.

La relación que tienen los indígenas con el bosque es primordial.

Easba cambió esa lógica. Comenzó a operar en 2017, más de seis años después del inicio de su construcción, y le costó al Estado 265 millones de dólares, monto proveniente de tres créditos del Banco Central de Bolivia (BCB), de los cuales aún no se pagó ni la cuarta parte.

El gobierno del entonces presidente Evo Morales (2006-2019) auguraba con esta obra el desarrollo no solo del país, sino de las comunidades del lugar. Con ese argumento impuso una empresa en medio del bosque amazónico de La Paz, cuya vocación es forestal.

Las promesas llevaron a algunos indígenas locales –además de los llamados interculturales (indígenas provenientes de tierras andinas)– a apostar por esta actividad que, confiaban, les daría ingresos prontamente.

Buena Vista, que alberga a más de 100 familias, fue la primera comunidad tacana que aceptó plantar caña en 2017, y 20 socios se dieron a la tarea que, en septiembre de 2021, ya les ha permitido una tercera zafra.

Esta es una de las cuatro comunidades indígenas que está al sureste de los predios de la azucarera y una de las ocho comunidades tacanas donde Easba proyectó el cultivo, lo mismo que en los predios de 14 comunidades interculturales.

El monocultivo está casi en la mitad de las 20 poblaciones del territorio –es decir, en nueve de ellas–, según datos del Consejo Indígena del Pueblo Tacana (Cipta).

En la zafra de este año, la comunidad cosechó 994 toneladas y, por esa cantidad, cada uno de los 20 socios recibió 8.500 bolivianos, monto que llega a cubrir solo una parte de sus gastos anuales; para el resto, deben acudir a otras actividades.

La modalidad con la que participan los cañeros, establecida en un reglamento, es por contrato y alquiler de tierras. Es decir, las comunidades ceden una cierta cantidad de hectáreas y Easba se encarga de desmontar, preparar el suelo, sembrar y cosechar.

El desmonte no es gratuito, implica una deuda de 4.000 dólares por hectárea desmontada. En el caso de Buena Vista, la deuda llegó a cerca de medio millón de dólares, es decir, a 3.452.160 bolivianos.

“Como la empresa nos ha hecho todo el trabajo de desmonte para la siembra, esta se lleva el 80% y nosotros el 20%, a manera de pagar la cuenta. Ese es el acuerdo que tenemos como grupo. De los 4 millones, hemos pagado 1 millón. Como tenemos tercera zafra, yo creo que vamos a pagar casi 2 millones ya”, confía el corregidor de Buena Vista y uno de los productores de caña, Julio Duval, promotor de esta actividad.

La modalidad fue cuestionada en distintos momentos por diferentes actores cañeros, quienes sienten que la ganancia es mínima. La comunidad tacana Altamarani, que va por su tercera zafra, pidió el 30% de los ingresos, solicitud que fue denegada por Easba. 

Además, no todos los tacanas que cultivaron se beneficiaron. Los pobladores de Carmen Tahua, del municipio de Ixiamas, a 83 kilómetros de la planta (superior a los 60 establecidos), aún no recibieron ganancias.

Carmen Tahua destinó 171 hectáreas, otrora pastizales naturales de engorde. El diámetro de su caña no llega a los ideales nueve centímetros: apenas mide tres, en el mejor de los casos, y por ello Easba rechazó esta cosecha.

La comunidad firmó el convenio en octubre de 2020, pese a que no estaba considerada en las previstas por Easba, y esperaba cosechar en la zafra de 2021, iniciada en septiembre.

Debido a que el convenio establece que Easba adquirirá la producción de la caña “siempre que cumpla los parámetros mínimos aceptados por la empresa”, aquella no cosechó la producción.

La industria no brindó la asistencia técnica comprometida y sí una semilla de mala calidad, reclama el representante de la Asociación de Cañeros de Carmen Tahua, David Delgadillo Chuqui. 

Lo sembrado quedó, por tanto, como “caña parada” en terreno, es decir, sin cosechar. Según el convenio, esta situación debería ser cubierta por la empresa, pero hasta ahora no ocurrió.

La Brava consultó sobre este y otros aspectos al actual gerente de Easba, Rony Alcaraz, pero se abstuvo de dar información porque –argumentó– se requiere de una autorización del Ministerio de Producción.

Pese a esta situación –y a que los comunarios de Buena Vista están conscientes de todos los problemas que trae el cambio de uso de suelo para ampliar la frontera agrícola– tienen planeado sumar 800 hectáreas a la nueva agricultura para 2022. También están listos para plantar maíz y arroz de forma mecanizada y dotar a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa).

Las presiones

Hasta marzo de 2020, Teresa Suárez Tayo y otras indígenas tacanas se adentraban al bosque desde muy temprano para recoger sululu, majo, flor de asaí y otros frutos. Además, confeccionaban una variedad de artesanías que ofrecían a los turistas que llegaban hasta Tres Hermanos. Todo cambió desde la llegada de la pandemia del coronavirus, que paralizó el turismo, y por eso ella y el resto de las familias del lugar no vieron otra opción que ceder a lo que se resistieron por cinco años: que el cultivo de la caña de azúcar entre a su comunidad.

—Todos hemos dicho que vamos a trabajar en la caña, porque parece que hay ganancia —, dice Teresa, y su voz suena cansada. 

Con este cambio de uso de suelo, Tres Hermanos se suma a las ocho comunidades inmersas en el cultivo cañero.

Teresa y Federico Chipunavi, este último corregidor de Tres Hermanos, hacen seguimiento al desmonte a cargo de un empresario asiático, que les compra las troncas aprovechables como parte de los planes de manejo. A diferencia de las otras comunidades, esta logró acordar 1.200 dólares por desmonte y no 4.000, como cobra Easba.

La comunidad lograba sus ingresos combinando el turismo, planes de manejo forestal, pesca y caza, pero después de la pandemia solo le queda los ingresos por la venta de madera. Por eso, cedieron a la caña, pese a que las dos comunidades vecinas tienen deudas millonarias y pocas promesas cumplidas.

Aun así, las 18 familias de Tres Hermanos albergan la esperanza de que la caña les ayude a tener ingresos. 

En 2016, todos los tacanas, explica el presidente del Consejo Indígena del Pueblo Tacana (Cipta), Sergio Quenevo, objetaron que la empresa avance sobre las que consideraban sus tierras. Ante los cuestionamientos –recuerda– las autoridades anunciaron auditorías a las TCO para ver si estaban haciendo un buen manejo del bosque. 

Las advertencias no se concretaron, pero es un discurso recurrente del gobierno del MAS. 

“Somos la única comunidad que no está trabajando (con caña), pero por esas amenazas estamos ingresando con 300 hectáreas”, revela Eulogio Chipunavi, cuñado de Teresa Suárez y presidente de la Organización Territorial de Base (OTB).

Los pobladores de Tres Hermanos rechazaron este cultivo porque no solo vieron, sino que sufrieron las consecuencias de la deforestación en las comunidades que aceptaron las plantaciones. Una mañana de 2017, los pescadores se sorprendieron al encontrar peces muertos en los arroyos Maige y Jiruma. El agua cristalina llevaba manchas de color ocre, presuntamente de los lixiviados de la procesadora de Easba, y los pobladores presentaron problemas digestivos e irritación de piel.

Desde un inicio, los tacanas cuestionaron que no se les consultara sobre la implementación de Easba. Hubo algunas reuniones de socialización, pero no se realizó la consulta previa, libre e informada, estipulada en las normativas nacional e internacional. Tampoco se les dio a conocer los estudios de evaluación de impactos ambientales.

A través de dos decretos, el Gobierno habilitó 48 mil hectáreas, en 2012, y 97 mil, en 2016, para el cultivo de caña. De esta última cantidad, el INRA otorgó a Easba tierras en calidad de “usufructo” en el área Proinsa —menciona el estudio de Cedla— donde se encuentra parte de lo que los tacanas consideran sus tierras ancestrales. Desde 2010 que ellos demandan que se les dé el título de dichas tierras, y lo propio hacen las comunidades interculturales, pero ahora esa área es considerada tierra fiscal.

Secreto de Estado

La cantidad total de hectáreas deforestadas para sembrar caña de azúcar en la TCO Tacana 1 es secreto de Estado, así respondió la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), que autoriza los desmontes. La carta de respuesta afirma que dicha información tiene “carácter reservado, secreto y confidencial”.

En 2019, Easba solicitó un nuevo crédito al Banco Central, con el fin de sumar 8.912 ha para producir alcohol anhídrido; es decir, que se planea deforestar el doble de lo ya deforestado.

TEMPERATURA

Los habitantes cuentan que en este lugar, y en la parte urbana de la comunidad, la temperatura ha ido subiendo desde 2016 (…) Los habitantes cuentan que en este lugar, y en la parte urbana de la comunidad, la temperatura ha ido subiendo desde ese mismo año.

* El texto original fue publicado en la revista La Brava. Esta es una adaptación de PANORAMA.