¿Cuál es la situación de la justicia social en Bolivia?

Hoy, domingo 20 de febrero, se recuerda el Día Mundial de la Justicia Social. ¿Existe justicia social en Bolivia? Se lo consultamos a tres profesionales.

El objetivo de esta celebración mundial es apoyar la labor de la comunidad internacional encaminada a erradicar la pobreza, promover el empleo pleno, el trabajo decente, la igualdad entre los sexos, el acceso al bienestar social y la justicia social para todos. 

La Asamblea General de Naciones Unidas reconoce que el desarrollo y la justicia social son indispensables para la consecución y el mantenimiento de la paz y la seguridad en las naciones y entre ellas.

Asimismo, el desarrollo social y la justicia social no pueden alcanzarse si no hay paz y seguridad, y si no se respetan todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.

CIFRAS ALARMANTES

El Programa de Acción de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para Bolivia informó que el 17% de los jóvenes de entre 18 y 29 años dejaron su empleo durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus.

También indica que 180 mil personas que ingresan cada año al mercado laboral, hoy, no encuentran trabajo.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), los jóvenes entre 16 y 28 años tienen la mayor tasa de desempleo de Bolivia, en torno al 8,5%, mientras que la media general es del 4,7%.

ESTADO DE DERECHO

La justicia social en un Estado constitucional de Derecho, que tiene una Constitución con supremacía constitucional, garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación, el ejercicio pleno de derechos no solo civiles y políticos, sino también derechos económicos, sociales y culturales.

Así lo explica a PANORAMA María Elena Attard Bellido, doctora (Phd) en Derecho Constitucional y docente de postgrado en varias universidades, entre ellas en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).

Cita como ejemplo el derecho a la salud, a la educación, a una vivienda digna y a una alimentación adecuada. En ese sentido, indica que la justicia social en un Estado social y democrático de Derecho implica la formulación de leyes, políticas públicas y jurisprudencia, que aseguren plenamente el ejercicio de esos derechos.

Además, supone asegurar las condiciones para su ejercicio con presupuestos adecuados y un marco institucional destinado a materializar esos derechos.

JUSTICIA SOCIAL EN BOLIVIA

Según Attard, el diseño constitucional boliviano ha tenido un importante avance y es uno de los más garantistas en cuanto a derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

No obstante, no tiene el suficiente desarrollo y la formulación de leyes y de políticas públicas que aseguren un real ejercicio y disfrute de la justicia social; especialmente, en cuanto a criterios de brechas de implementación, que tienen un mayor impacto en grupos de atención prioritaria.

Dice que la justicia social y la carencia de políticas públicas que materializa la Constitución impactan en mayor medida en grupos de atención prioritaria; por ejemplo, niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, migrantes y miembros de los pueblos indígenas.

“En el ámbito normativo se tiene un amparo importante desde la Constitución, pero ese amparo constitucional sobre los derechos, que van a asegurar una justicia social, no han tenido un suficiente desarrollo y materialización en las políticas públicas que inciden en el ejercicio pleno de derechos”, explica Attard.

En líneas generales, los principales problemas del ideal de justicia social en el país pasan por una carencia de igualdad de oportunidades, una vulneración de derechos, un desarrollo no equilibrado y un dato importante: 5 de cada 10 bolivianos son pobres. 

Otros datos preocupantes

Desempleo urbano

- 4,27% de desempleo urbano (INE - 2018)

Protección social

- 38,19% de la población total (más de 4,1 millones de personas con cobertura de seguridad social de corto plazo, según el INE 2016).

- 39,7% de la población ocupada (2,2 millones de asegurados en el Sistema Integral de Pensiones, según el INE 2018 y el Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros 2018)

Empleo informal

- 73,2% tasa de informalidad laboral

- 89% tasa de informalidad en jóvenes

- 87,5% trabajadores por cuenta propia

- 59,6% trabajadores asalariados

FUENTE: Andrés Delgadillo, abogado y sociólogo.

La casta política y los ingresos económicos

- El Estado controla más del 70% de la economía, situación diferente a la de hace 20 años cuando el sector privado tenía el control.

- Ahora el sector público tiene, en muchos casos y en varias áreas, mejores salarios que el sector privado.

- El Estado es el empleador más grande del país y el que mayor cantidad de trabajadores concentra.

- Sin embargo, responde a favores políticos, ese es un problema si se usa como ejemplo de justicia social.

- El Estado debería ofrecer oportunidades laborales según las condiciones y capacidades de los sujetos.

- Cuando el Estado habla de acceso de trabajo hay que constatar de qué tipo es, porque puede estar fuera del marco normativo.

- Generalmente tienen un nivel salarial bajo, no ofrecen beneficios sociales ni seguro médico.

- Si es así hay que analizar si puede generar calidad de vida a las personas. Si no lo hace, no resuelve el problema de empleo y justicia social.

- Mientras tanto, la población crece más y el Estado concentra más la economía boliviana.

FUENTE: Andrés Delgadillo, abogado y sociólogo.

Cambios en el concepto de justicia social

El concepto de justicia social ha ido cambiando mucho. Primero, estaba vinculado a la redistribución de la riqueza, es decir, a cómo los estados redistribuían los recursos económicos que tenían para mejorar la calidad de vida de las personas en un escenario de un estado de bienestar.

Es el criterio expresado a PANORAMA por el estratega político, sociólogo electoral, abogado constitucionalista y docente universitario, Andrés Delgadillo. “La justicia social es una categoría que tiene muchas aristas, depende de las miradas y de los paradigmas conceptuales e ideológicos”, aclara él.

Por eso, en los últimos 25 años del siglo pasado, el concepto de justicia social fue cambiando y se consensuaron tres pilares generales fundamentales: igualdad de oportunidades, derechos humanos y desarrollo equilibrado.

Igualdad de oportunidades. Consiste en cómo generar condiciones para que todos, por su sola condición de personas, tengan acceso a la igualdad de oportunidades.

Delgadillo afirma que en Bolivia se ha hecho muy poco por la igualdad de oportunidades. Lo que hay es igualdad formal (todos son iguales ante la ley y otros escenarios), pero para la igualdad material falta mucho. Por ejemplo, cuando se buscan posibilidades de estudio o acceder a un trabajo, las oportunidades no son por igual para todos. Es decir, no hay igualdad material, agrega.

Derechos humanos. “Si bien en los últimos 30 años hubo mucha cooperación y se hizo inversión, el tema de derechos humanos en Bolivia es muy flojo”, sostiene Delgadillo.

Añade que las vulneraciones de derechos por parte del Estado son flagrantes y esto puede pasar desde aspectos muy estructurales que suceden hasta cuando un sujeto se aproxima a la justicia en busca de ella.

Además, en su opinión, se ha hecho muy poco por trabajar en pro de los derechos fundamentales, el derecho interno y externo y los derechos humanos.

Por ejemplo, dice que el sistema educativo tendría que tener una asignatura de derechos humanos o por lo menos los maestros deberían dictar un taller sobre esa temática, al menos, en primaria o secundaria.

“Es realmente llamativo que el Estado haga tanto hincapié en derechos humanos, pero no hay una política educativa sobre ese tema. Ese es un problema central”, enfatiza.

Desarrollo equilibrado. Este pilar se refiere a cómo pueden tener acceso al desarrollo las comunidades y ciudades. En el caso de los departamentos de Chuquisaca y Potosí, las oportunidades de acceso al desarrollo son escasas.

Entonces, se puede afirmar que el acceso a la justicia social es mínimo porque el financiamiento no es bueno, se carece de grandes proyectos, hay pocas inversiones, y los recursos económicos cada vez son menos.

Chuquisaca continúa siendo dependiente de la producción de hidrocarburos (y de los precios del petróleo a nivel internacional), en tanto que Potosí, de la minería (con una similar situación respecto a los precios). En palabras sencillas: si los precios son altos, hay más dinero; si son bajos, la situación se complica.

¿Qué hacer para que haya justicia social?

Para una justica social plena, según la categoría conceptual contemporánea, depende de la voluntad política que tenga el Estado boliviano, según el sociólogo Andrés Delgadillo.

Actualmente, el Movimiento Al Socialismo (MAS) administra gran parte del Estado y, al ser un sistema presidencial, también depende del Órgano Ejecutivo, que tiene mayor concentración de poder y, por ende, más influencia en la vida en sociedad.

“No es que estos problemas nacen con el MAS; por supuesto que no, es algo histórico que se arrastra desde hace más de un siglo. La inclusión de la población y las oportunidades que se le da para un desarrollo pleno es la gran pregunta y el Estado boliviano no ha tenido esa oportunidad en más de cien años”, manifiesta.

“Es un tema estructural que data desde la fundación del Estado boliviano, en 1825”, agrega.

Las falencias estructurales que acarrea al Estado boliviano no solo son visibles en algunas áreas, sino en otras como la justicia social.

Sin duda alguna, la CPE de 2009 es avanzada en muchas áreas como el desarrollo, derechos humanos, igualdad de oportunidades, pero los resultados en estos 13 años de Gobierno no cambiaron mucho respecto a los años anteriores.

“No es un tema de leyes, es un tema de voluntades de sujetos que tienen el poder para hacerlo en los tres niveles: gobierno nacional, departamental y municipal, que tienen muy poca voluntad de elaborar políticas públicas y educativas en pro de la justicia social”.

Bolivia, la pobreza irresoluta

Según la información gubernamental (INE hasta el 2021), de cada 10 habitantes al menos 1 (11,1%) vive en pobreza extrema sin poder generar suficientes ingresos para su subsistencia y cerca de 4 (36,6%) lo hace en pobreza moderada, sujeta a privaciones básicas en su hogar. En suma, 5 de cada 10 pobladores bolivianos somos pobres.

En forma multidimensional, la pobreza no solo significa la precariedad de recursos monetarios, pobres también son quienes no acceden a oportunidades de trabajo digno, salud oportuna, educación con calidad, vivienda, servicios adecuados, comunicación, participación política, justicia con respeto a sus derechos o a una vida libre de violencia. 

Desde este punto de vista, al menos el 61% de los bolivianos continúan siendo pobres (Cedla). Los pobladores de las áreas rurales, indígenas y mujeres son quienes se llevan la peor parte.

Como efecto de la crisis sanitaria y sus consecuencias económicas, políticas y sociales, se ha profundizado la pobreza sin que todavía se pueda evaluar sus efectos reales. 

Muchos acabaron perdiendo sus empleos refugiándose en la precariedad de la informalidad, otros han visto reducirse sus pequeños mercados de bienes o servicios y la mayoría siente que con el dinero que gana, ya no puede alcanzar a satisfacer necesidades de su familia. 

Asimismo, la generación de alternativas y oportunidades se estanca, en la medida que los recursos del estado disminuyen. 

Las dimensiones de la pobreza seguirán sin ser resueltas mientras se incrementen los hombres y mujeres que tratan de vender minucias en las calles, se arremolinen otros en plazuelas esperando quieran emplear eventualmente su mano de obra poco calificada, la niñez abandone su escolaridad por falta de recursos, existan jóvenes que no pueden acceder a fuentes de ingresos y prime la falta de justicia. 

Los discursos y las estadísticas no cambiarán la percepción generalizada de que la pobreza sigue lacerando Bolivia.

Carlos M. Rojas Rivero

Consultor en desarrollo