Un movimiento regional es aquel que surge en un departamento, activado por una demanda insatisfecha o un compromiso gubernamental incumplido o frente a la convicción generalizada de que la región se halla postergada por el nivel central del Estado y cuya acción social regional legítima es conducida por la dirigencia cívica, sobre la base de una institucionalidad pública y privada, que pone en movimiento a la sociedad regional, sin distinciones partidarias o de clase, independientemente de la ideología política de los conductores del movimiento y cuyos beneficios buscados son generalmente colectivos.

La conversión de la región en sujeto colectivo para la acción social, no es el producto unilateral del partido político, de los gremios, los sindicatos o del empresariado; al contrario, es el resultado organizativo de un nivel suprainstitucional llamado Comité Cívico que, convertido o imaginado como escenario políticamente neutral, hace posible que los sectores con mayor peso técnico, tradición organizativa o capacidad de convocatoria amalgamen intereses particulares para darle dirección y sentido a las aspiraciones regionales, expresadas en la demanda de proyectos para beneficio de la ciudad y las provincias. El horizonte incuestionable de la movilización y de la unidad regional es la permanente búsqueda de bienestar colectivo a través del logro del desarrollo urbano y rural. Consecuentemente, los movimientos regionales no pueden separarse de la vida institucional de los comités cívicos. 

Comité Pro Santa Cruz, sujeto colectivo y sujeto político

Al Comité Pro Santa Cruz no podemos pensarlo separado de los movimientos regionales y de la conversión de la región en sujeto colectivo. Lo debemos pensar también como sociedad civil, al estar fuera o no integrado al Estado, y también como espacio público, porque hace posible la ampliación de la ciudadanía, al facilitar y promover la participación, el diálogo y el debate de temas que interesan a la población y que guardan relación con las estructuras estatales. Es también sujeto colectivo, porque tiene una organización interna, produce una identidad que es externamente identificable y que consta de niveles de dirección y de representación que permite su diferenciación de otras colectividades o movimientos; posee también recurrentes repertorios de movilización: declaratorias de emergencia, bloqueos, paros cívicos, huelgas generales, cabildos, marchas de protesta, conminatoria; aplicadas según la causa y magnitud del motivo que fundamenta la movilización. Solo si entendemos al Comité como sujeto colectivo y como escenario de construcción de ciudadanía, podremos comprender su rol pendular entre el campo esencialmente cívico y su accionar en el campo político, es decir, convertido en sujeto político que discute, objeta y cuestiona al poder político y a las estructuras gubernamentales.

Llamaré, por tanto, acción cívica, a toda acción regional capaz de lograr consenso, apoyo mayoritario o incluso unanimidad en la sociedad departamental, respecto de una reinvindicación regional considerada como legítima, justa y legal (pedido de concreción de una obra o mayor inversión pública), dirigida al nivel central del Estado, y que goza del respaldo de los actores partidarios locales; mientras que denominaré como acción cívica-política, a toda acción promovida por el Comité y decidida en instancias institucionales democráticas orgánicas, enfocada en cuestionar la organización y el funcionamiento del poder político (revocatorio al presidente, el 2008, por ejemplo), o el modo de organización del Estado, su forma o la distribución territorial del poder (autonomía, federalismo). En la acción cívica-política, algunos partidos políticos juegan un rol de apoyo, pero subalternizado a la dirección cívica, mientras que otras fuerzas políticas enarbolan posturas disidentes u opositoras al considerar la acción decidida como distante de lo esencialmente cívico.

La trayectoria histórica o ciclos de la lucha regional

El surgimiento de los movimientos cívicos tuvo como razón histórica dos problemas aún irresueltos en Bolivia: el centralismo y su producto: el desarrollo asimétrico del país, y la exclusión social. En ese contexto, el Comité Pro Santa Cruz, fundado en 1950, se movió en el plano cívico, cívico-político y en el accionar abiertamente político, con el objetivo superior de la búsqueda de autodeterminación regional a partir de su lucha contra la concentración del poder político y económico en el nivel central del Estado. 

El sentimiento regional cruceño, recogido luego por el Comité, en su larga trayectoria histórica, arranca con consignas radicales como imperativas: “federalismo o muerte” en 1890; el Memorándum de 1904 con su derivación de “ferrocarril o nada” en 1920; “regalías petroleras del 11%” en 1958; “Descentralización ya” en 1985; “Autonomía” en 2005, y en el pasado reciente (2019), el plazo de 48 horas, dado por el cabildo, al presidente Evo Morales para que renuncie: “pero que el día lunes se va a ir, se va ir; se los garantizo. Ya esperamos pacientemente durante 11 días, vamos iniciando el día 12 del paro indefinido, haciendo historia desde Santa Cruz” (declaración de Luis Fernando Camacho, presidente del Comité). El cabildo por el Censo (2022) tuvo una derivación abiertamente política al autorizar al Comité “revisar” la relación política de Santa Cruz con el Estado boliviano. O lo resuelto en el cabildo del 25 de enero pasado, que exige la aprobación de una ley de amnistía para presos políticos en un plazo no mayor de 30 días, con la amenaza de impulsar la revocatoria del mandato del presidente Luis Arce “por constituir su gobierno un régimen dictatorial y antidemocrático”. El recorrido realizado, permite constatar el rol cívico-político del Comité Pro Santa Cruz y su condición superlativa como un actor institucional con peso histórico propio.

Ahora bien, ¿por qué es tan fuerte el Comité Pro Santa Cruz? Porque equivale a institucionalidad sostenible respaldada por una sólida base empresarial que sabe lo que quiere, porque tiene opinión técnica y política propia, junto a las cooperativas de servicios, los gremios, las provincias, las universidades y las instituciones públicas que lo respaldan, lo sostienen y lo dinamizan (no afines al gobierno nacional). La élite regional posiciona en el Comité a cuadros dirigenciales con capacidad para desarrollar y reproducir el discurso del proyecto regional de desarrollo, y forjar, desde la dirigencia cívica, al próximo alcalde, gobernador, concejal, diputado o senador o candidato a la presidencia del país. La actual disputa por el control del Comité no es menor, porque se juega el liderazgo de una idea regional, con aspiraciones nacionales.

La institución cívica baja línea discursiva que cohesiona a la población y legitima al Comité, con la narrativa que gira en torno al posicionamiento de los contenidos ideológicos, políticos y filosóficos referidos a la existencia de una manera o de una forma propia y exitosa de hacer las cosas, que genera pertenencia, y que no es otro que el Modelo de Desarrollo Cruceño, como un Modelo que cobija a todos por igual, cruceños o no, y que presenta, con fundamentos, a Santa Cruz como tierra pródiga para el libre desarrollo del espíritu creativo de cualquier ciudadano que desee emprender una actividad económica. Y un elemento clave del Modelo, según Gary Antonio Rodríguez, es la institucionalidad cruceña (dentro de la cual se sitúa el Comité Pro Santa Cruz), junto a otros factores no menos importantes, y cualificadores del modelo: los recursos naturales (tierra), los recursos humanos (trabajo), el financiamiento (capital) y la innovación (tecnología), que hacen de Santa Cruz una región con sólidas credenciales económicas e institucionales para seguir creciendo económica y demográficamente.

Comité Pro Santa Cruz, agenda política, y lo que se viene

Históricamente, las decisiones cívico-políticas cruceñas (por ejemplo, las regalías, la descentralización, las autonomías) marcaron la agenda política del país, ¿lo seguirá haciendo? Considero que sí, por la sencilla razón de la debilidad y  la inconsistencia de la oposición política partidaria para posicionar temas de interés nacional, o para ser tomados en cuenta seriamente por el gobierno como interlocutores políticos en la discusión de asuntos que hacen a la organización del Estado, la economía o la sociedad, ante ese vacío, el Comité, asume el deber de jugar un rol político vinculado a la defensa de la democracia, la reforma judicial, el Estado de derecho o la discusión de la forma de Estado (federalismo); y con certeza, más adelante para volver a situar el tema del Censo, la redistribución de escaños y el pacto fiscal, o como mínimo, la exigencia de profundización de la autonomía, como temas de prioridad. En la coyuntura actual, es el Comité Cívico (Santa Cruz, la dirigencia cruceña), y no lo partidos de oposición, quien sitúa la discusión política pública, y la acción y la reacción también política del gobierno.

Con relación a su rol político, ¿podrá prosperar la idea de revocar el mandato del presidente Luis Arce? Considero que no, no solo por el porcentaje de firmas exigidas (25% del padrón nacional electoral en el momento de la iniciativa, porcentaje que debe incluir al menos el 20% del padrón de cada departamento), sino por la ausencia de una estructura nacional, cívica o partidaria, con capacidad operativa para el tamaño del desafío. 

Asimismo, la sexta pregunta del cabildo nacional del 25 de enero pasado, autorizó al Comité contribuir a la conformación de un frente político opositor único para las elecciones de 2025, lo que llevó a Rómulo Calvo, a promover “una candidatura unida para acabar con el comunismo opresor, una candidatura única para recuperar la libertad y devolvernos la paz y la justicia”; entonces, ¿podrá ser el Comité un efectivo articulador político en el corto y mediano plazo? Considero que no, debido a la tradición de las fuerzas políticas (partidos o agrupaciones) bolivianas que tienden a la dispersión, por los egos de sus líderes políticos siempre renuentes a ceder posiciones, y, sobre todo, porque no existe una base programática que cohesione a todos y que permita pensar en un proyecto político alternativo al del MAS. No existe, por ahora, una idea de cómo resolver la fractura social y la polarización entre quienes defienden los valores propios de una sociedad moderna o de una sociedad tradicional.

Por tanto, es insuficiente sostener la idea de la unidad política solo postulando la defensa de la democracia o reclamando respeto del Estado de derecho o la independencia de poderes. La tarea de la unidad (si remotamente fuera posible), deberá ser siempre, en última instancia, del partido político. ¿Hasta donde podrá llegar el Comité? Creo que no más allá de la exhortación a la unificación o tender algunos puentes comunicacionales, y eso es así, porque el rol dominante del Comité estará siempre cerca de la lucha por los objetivos del desarrollo local, no obstante, su faceta coyuntural de acción política. El Comité podrá desnudar la desorientación de los opositores, pero no puede ni podrá cumplir un rol partidario. Si lo haría, perdería su esencia, afectaría su capacidad de convocatoria y su legitimidad para seguir generando movimientos regionales.

Finalmente, el Comité Pro Santa Cruz, es decir, la élite social y política que lo sostiene, ¿podrá pensar nacionalmente y convertirse en clase nacional, bajo el manto de un proyecto político también nacional, es decir, aquella clase que “cuando al promover sus intereses específicos satisface a la vez los intereses nacionales”?  Hasta ahora, el Comité y Santa Cruz, pensaron geoestratégicamente solo en función regional (construcción y desarrollo de su etnogénesis), y no veo que aquello vaya a cambiar. El plantear la idea, aunque solapada, de federalismo, responde a la pregunta y nos exime de comentarios. [P]