En Bolivia, independientemente de sus posturas ideológicas, las élites políticas se empeñaron en preservar el poder más que en erigir y consolidar instituciones. La justicia no logró institucionalizarse e independizarse, siempre estuvo al servicio de los ocasionales detentadores del poder político. En los ciclos democráticos de nuestra historia, el Congreso designaba a los altos miembros del poder judicial, que normalmente correspondían a la mayoría política que gobernaba y a la cual, en reciprocidad, le debían plena obediencia. En los ciclos autoritarios, las autoridades judiciales eran designadas mediante decretos supremos inconstitucionales, que se promulgaban cuando los golpes de estado eran exitosos con el argumento que los anteriores habían “colaborado” con la “tiranía derrocada”, y que resultaba necesaria la “renovación” para garantizar la “independencia de poderes”, que en realidad significaba la sumisión al nuevo gobierno.
En la década de los años noventa del siglo pasado, desde el poder, se implementaron reformas judiciales que no lograron los resultados esperados: la independencia e imparcialidad del poder judicial ni la confianza y credibilidad ciudadana en la justicia. La administración de justicia en el Estado neoliberal se distinguió por la corrupción judicial, la discriminación, la retardación de justicia y un desigual acceso. La conducta de las autoridades judiciales estuvo marcada por la sospecha de que sus actuaciones no solo se desarrollaban al margen de la ley sino, muchas veces, contra ella. En la vida cotidiana, el mal funcionamiento de la justicia era la característica: litigios indefinidos, obstaculización de las investigaciones, conducta incorrecta de los subalternos judiciales y opiniones inadecuadas de los peritos. Esto hizo de la justicia un sistema sombrío, donde la justicia se vendía al mejor postor.
El texto constitucional promulgado en febrero de 2009 ha incluido, como un gran cambio revolucionario, la elección de magistrados mediante sufragio universal. Sus propugnadores creyeron que esta era la respuesta histórica a la crisis de la justicia, pero la selección de candidatos del 2011 y 2017 que se llevó a cabo en la Asamblea Legislativa Plurinacional solo ha significado la depuración política que se utilizó para seleccionar militantes del partido de gobierno; sin embargo, inesperadamente, la respuesta ciudadana fue el pleno rechazo a la elección de los magistrados quienes fueron elegidos con escasa legitimidad de votos y, lo peor, el rendimiento de los magistrados resultó un completo fracaso: escándalos internos inundaron la justicia, constantes pugnas de poder, innumerables fallos judiciales cuestionados, numerosas denuncias de corrupción y marcada ineptitud y retardación de justicia. Así, el proceso de cambio no cambió nada en los asuntos judiciales.
Dos estudios de encuestas revelan la percepción ciudadana sobre nuestra justicia: el primero, es una investigación promovido por la fundación Friedrich Ebert Stiftung (FES) con sede en Bolivia, donde se evidencia que el Órgano Judicial tiene una desaprobación del 97% de los consultados (ANF, 17 marzo 2022); y el segundo, es otra encuesta llevada a cabo por Observación Ciudadana de la Democracia – Bolivia (noviembre del 2022), donde los resultados referidos al tema de justicia indican que el 80% considera que el sistema judicial debe ser reformado. El primer dato muestra una amplia decepción ciudadana con la justicia y, el segundo, expresa la esperanza de una amplia mayoría de personas con la reforma judicial.
Así, entre decepción y esperanza, un grupo de juristas independientes ha iniciado la recolección de firmas para la realización de un referéndum que permita, esta vez desde la sociedad, una reforma a la justicia. Ojalá este noble propósito se logre; ojalá la justicia sea independiente, transparente, ágil e imparcial; y, ojalá nuestra justicia deje de ser esa “sala de espera sin esperanzas”. [P]
* Eduardo Leaño Román, docente de Ciencias Políticas, UPEA
