Después de celebradas las elecciones nacionales de 2020 y las subnacionales de 2021, que permitieron encauzar el conflicto político por la senda institucional, se perfilaba una paulatina resolución de la crisis que había explotado en octubre y noviembre de 2019, ocasionando el enfrentamiento violento entre bolivianos. Los resultados de ambas elecciones vislumbraban una reconfiguración y renovación del campo político ya que el Movimiento Al Socialismo- Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) al obtener el 55% de la preferencia electoral, reafirmaba su gravitación política a través de la instalación de una nueva estructura de gobierno sin la presencia de su líder histórico: Evo Morales. 

Así, a la cabeza de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, se instalaba con una nueva agenda de gobierno concentrada en la reactivación económica y la atención a la crisis sanitaria que marcó el inicio de la renovada gestión del MAS-IPSP, marcada por la transición a un nuevo ciclo político. El escenario de transición no sólo se configuraba por la presencia de una nueva estructura de gobierno y liderazgo presidencial; sino, porque en el campo opositor había acontecido también una fuerte renovación de liderazgos que cancelaba a las tradicionales expresiones políticas. Comunidad Ciudadana (CC) a la cabeza de Carlos Mesa y CREEMOS de Luis Fernando Camacho, líder y actual gobernador del departamento de Santa Cruz. Ambos, sustituían a las fuerzas y figuras que, a lo largo de más de una década y media, habían disputado la representación del campo opositor: Unidad Nacional (UN) con Samuel Doria Medina y Demócratas bajo la egida del exgobernador cruceño Rubén Costas.    

Sin embargo, desde la asunción del binomio Arce/Choquehuanca a la primera magistratura, el gobierno no dejó de interactuar en arenas de conflicto que, paradójicamente, retrotraían los referentes de la explosión de la crisis de octubre y noviembre de 2019. De esta manera, el 2021 fue un año electoral en el que finalmente se reconfiguró el campo político con la renovación de autoridades de los gobiernos departamentales y municipales. Los resultados reafirmaron, por una parte, la hegemonía del MAS-IPSP como única estructura partidaria con cobertura nacional y, por otra, la fragmentación de fuerzas opositoras que, nuevamente, no coincidieron con las que obtuvieron escaños de representación parlamentaria en las elecciones nacionales. Sin embargo, la novedad fue que, al interior del bloque “nacional-popular”, aparecieron importantes fuerzas y liderazgos que, por primera vez, de manera abierta disputaron al MAS-IPSP la representación de este. Los casos más emblemáticos fueron los de Eva Copa en el municipio de El Alto, Damián Condori y Santos Quispe en las gobernaciones de Chuquisaca y La Paz. En el fondo, esta irrupción y disputa ya constituía el síntoma de la configuración de una arena de conflicto interno al gobierno del MAS-IPSP que se hará visible a lo largo del 2022. 

A pesar de que el año 2022 se preveía como de relativa calma y estabilización, puesto que no agendaba ningún evento electoral que ponga en competencia a las organizaciones políticas, no dejó de ser un año cargado de intensidad en las tensiones políticas y sociales. El gobierno de Luis Arce si bien logró resultados relevantes en torno a la reactivación económica, reconocida a nivel nacional y regional y, una exitosa gestión sanitaria contra la pandemia del Covid-19, fue objeto de presiones que reactivaron la conflictividad y la polarización política con tendencia a extenderse al campo social. En ese sentido, se configuraron al menos dos arenas o campos de conflictividad: interna y externa, que han marcado el curso del contexto político del año pasado (2022) y se prevé su continuidad a lo largo del 2023.  

Arena de conflicto al interior del MAS-IPSP y el bloque popular

Internamente, el Gobierno fue flanqueado por Evo Morales, expresidente del Estado, presidente y líder histórico del MAS-IPSP, quien a través del control del partido y sectores afines (fundamentalmente cocaleros y ex autoridades de su gobierno) han solicitado, una y otra vez, la modificación del gabinete ministerial y, consecuentemente, de la correlación de fuerzas al interior del Gobierno. La presión alcanzó ribetes de ruptura ya que la crítica desde el partido oficial se dirigió a cuestionar las prerrogativas decisionales del presidente al mantener a dos ministros (de Gobierno y Justicia) acusados abiertamente como “infiltrados” y de “derecha”. El conflicto, desembocó en la fricción, pulseta y desencuentro entre dos grupos de la bancada parlamentaria al momento de elegir a las cabezas del oficialismo en la representación directiva del hemiciclo parlamentario: el presidente de la Cámara de diputados y el de la bancada parlamentaria. Las acusaciones de intromisión y división del MAS-IPSP se han dirigido, inicialmente, al Vicepresidente David Choquehuanca para, luego, alcanzar al Presidente Luis Arce. 

De esta manera, si aún no aconteció la ruptura de la estructura partidaria, al menos aparecen dos corrientes que litigan abiertamente el balance de la correlación de fuerzas en el hemiciclo parlamentario. Por un lado, la corriente denominada como “evista” por su adhesión al liderazgo y jefatura de Evo Morales, ahora a cargo de la conducción partidaria, con asiento en las bancadas de senadores y diputados en su mayoría vinculados a las organizaciones del Trópico de Cochabamba y, según el juego de intereses, a organizaciones sociales campesinas y populares aglutinadas en el “Pacto de Unidad”, instancia de confluencia de diversas estructuras organizativas de raigambre campesina y popular que apoyan al Gobierno. Por otro lado, la corriente denominada como “renovadora” calificada también como “arcista” que, se menciona, es impulsada por el Vicepresidente y el propio Presidente del Estado. En esta corriente se aglutinan una buena porción de la burocracia gubernamental y, de manera difusa, representantes de diversas organizaciones y sectores sociales de raíz aimara con asentamiento rural-urbano (La Paz, Oruro, Potosí), quechua (Chuquisaca, Tarija) y, con expansión en grupos de comunidades interculturales del oriente del país. 

La pulseta interna que, en los últimos meses, ha adquirido ribetes cada vez más dramáticos configura un escenario de alta incertidumbre e inestabilidad en la gobernanza política, en particular, en la gestión gubernamental y, según la agenda de decisiones de orden estatal, en la aprobación de leyes para el desemboque de los eventos político-electorales establecidos para el año 2023: elecciones judiciales, revocatorios y otros. Además, este factor pudiera tener consecuencias en el grado de cohesión y articulación social que, hasta la última elección, representó el MAS-IPSP como el principal dispositivo de organización política con estructura y cobertura nacional del bloque nacional-popular. 

Arena de conflicto en la relación Gobierno/ fuerzas opositoras

A nivel externo, la Gobernación del departamento de Santa Cruz a la cabeza de Luis Fernando Camacho junto al Comité Cívico y un Comité Interinstitucional impulsora del Censo de Población y Vivienda, a la cabeza del Rector y Vicerrector de la Universidad pública Gabriel René Moreno,  arremetió desde el segundo semestre del 2022 contra la decisión gubernamental de postergar la realización del Censo hasta el año 2024; evento que, según la misma programación del Gobierno, debía realizarse en noviembre de 2022. El estallido del conflicto erosionó la credibilidad gubernamental de Arce no sólo en cuanto a la idoneidad de este en la gestión de políticas públicas, sino respecto a la confianza que asiente su legitimidad nacional; ya que se sostuvo que detrás de la postergación del Censo había intereses de afectación directa a los “intereses cívicos” del departamento a través del no cumplimiento, o bien, no aplicación de los efectos vinculantes en la reconfiguración política e institucional que supone más recursos financieros y más escaños de representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para el departamento de Santa Cruz. 

La extensión del conflicto fue desplazando la agenda, los mecanismos y actores de la relación gobierno/oposición concentrada en el ámbito institucional y parlamentario a un escenario más informal, menos institucional y de mayor contingencia. Así, los portavoces y líderes del Comité Cívico, del Comité Interinstitucional y de la Gobernación cruceña adquirieron centralidad y gravitación política como reales fuerzas opositoras ya que encabezaron y, a la vez, sostuvieron un paro cívico por el lapso de 36 días que, entre sus efectos políticos, azuzó el clivaje regional y la polarización política y social. 

A pesar de que la resolución del conflicto no favoreció a las fuerzas encabezada por las elites cruceñas, quedó latente el agravio y la sensación colectiva de que las reivindicaciones regionales, los portavoces, los líderes y las autoridades de Santa Cruz son subestimadas y maltratadas por el Gobierno nacional. En ese sentido, a partir de la captura y aprehensión a días de fin de año de Luis Fernando Camacho, Gobernador de aquel departamento, con el consiguiente traslado a La Paz en calidad de detenido por uno de los procesos judiciales que se ventila en ese departamento a raíz de la participación en el caso tipificado como “Golpe de Estado 1”, reactivó nuevamente el clivaje regional, adquiriendo ribetes radicales y violentos con fuertes connotaciones de reinstalación de la polarización política y social fuera del circuito regional. 

Al respecto, las élites cruceñas activaron una estrategia de resistencia y agitación que buscan, además de desgastar la gestión e imagen del gobierno de Arce y del MAS-IPSP, marcando una clara y efectiva frontera de polarización discursiva, busca establecer una agenda de confluencia de las fuerzas opositoras y de la ciudadana bajo los significantes de: “Estado de derecho”, “federalismo” y “reforma del sistema de justicia”. En ese sentido, la activación intensa de la fractura regional expresada en visibilizar el “agravio” del Gobierno contra el departamento de Santa Cruz, se dirige a incrementar la polarización sobre la base de la diferenciación de identidades políticas de base territorial que, en el horizonte, reclamen la configuración de un nuevo modelo de Estado alternativo al oficial: el Estado Plurinacional. De esta manera, se busca tensionar y, de manera continua, poner en vilo la gobernanza del sistema político.

Precariedad de la gobernanza política 

Estos eventos, como es de suponer, tuvieron efectos en el desarrollo o asentamiento de la gobernanza política. Al parecer, el campo y juego en el que se movió el Gobierno es mucho más complejo que el asumido y gestionado por el antecesor partidario: Evo Morales. Todo indica que el binomio Arce/Choquehuanca requiere establecer un nuevo modelo decisional ya que no es suficiente replicar el estilo ejercido por el MAS-IPSP a lo largo de más de 14 años. Precisa, por una parte, garantizar la continuidad de la estabilidad económica e incrementar la eficiencia en la gestión de las políticas públicas demostrando mayor capacidad e interacción con diversos sectores sociales y, a la vez, generar condiciones o alternativas políticas para una adecuada gestión de la conflictividad que, de manera inmediata, eviten la escalada progresiva hacia una mayor división y polarización política y social. 

Los resultados en ambos planos, después de dos años y unos meses, no son enteramente negativos para suponer que se encuentra ante una explosión de una crisis de gobernabilidad que se dirija hacia un nuevo estallido de una crisis político-institucional; pero, tampoco, pudiera considerase que ya tiene garantizado las condiciones de gobernanza para asentar un curso normal o particular de gobierno. En el horizonte se avizora, además de la explosión de conflictos relativos a la gestión de las políticas públicas (economía, recursos naturales, educación, minería, etc.), los relacionados a la continuidad y estabilidad política que, de acrecentarse las actuales tensiones internas y externas, podría derivar en la configuración de un gobierno dividido al perder el control de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) , o bien, de empantanamiento que, en el corto plazo, pondría en riesgo la conducción gubernamental y/o el cumplimiento del ciclo político-electoral agendado para el 2023. Al respecto, recientemente, se ha incorporado otro factor de conflictividad que viene de un grupo de actores denominados como “juristas independientes” que, a través de la iniciativa ciudadana, impulsan una movilización ciudadana dirigida a provocar una reforma parcial de la Constitución para generar cambios en el sistema de administración de la justicia. 

A ello se suma la precariedad que sostiene a la institucionalidad del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) como principal garante de la gestión política-electoral que, finalmente, llega a dirimir las controversias y diferendos políticos. Ciertamente a lo largo del 2022, esta entidad sufrió directa e indirectamente los efectos erosivos que emergen de las tensiones que anidan y se despliegan en arenas de conflicto político. A raíz de la disputa entre las corrientes “evistas” y “arcistas”, parlamentarios oficialistas presentaron una demanda contra los vocales de la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) relativa al incumplimiento de deberes y actuación contraria a la CPE que puso en vilo la estabilidad y continuidad en las funciones directivas de la totalidad de los miembros de la Sala Plena. El caso denunciaba la no atención y resolución de la solicitud del MAS-IPSP al TSE respecto a la suspensión del curul de representación a un diputado suplente que, a través del proceso partidario, había sido expulsado. La demanda no procedió ya que, el mencionado diputado interpuso una consulta al Tribunal Constitucional que, una vez admitida por este organismo, a la fecha se encuentra pendiente de resolución y sentencia. Sin embargo, a raíz de esa situación, la ALP aprobó la solicitud del TSE para completar las acefalías de la Sala Plena que, según esta, permitiría contar con mayor margen de gestión colegiada y garantía institucional. 

Empero, esa decisión fue observada por la oposición como inconstitucional y, adicionalmente, parlamentarios opositores de CC iniciaron otro proceso de demanda legal a un número de vocales (la mayoría designados por el presidente Arce al inicio de su gestión) que, en el pasado, habían fungido como altas autoridades del OEP. La demanda de inconstitucionalidad sobre los vocales aludidos menciona que esa posibilidad de ocupar dos veces el cargo de máximas autoridades del OEP esta explícitamente prohibida por la CPE. 

Por último, también desde el campo de las fuerzas de la oposición, de manera continua, se levanta dudas sobre la idoneidad, transparencia e imparcialidad del OEP, siendo el cuestionamiento respecto a la limpieza y confiabilidad del padrón electoral, la distribución territorial de los escaños de representación o, la no existencia de un sistema de trasmisión rápida de resultados, aspectos que continuamente son observados y, resultan, motivos para sostener que los eventos y operaciones electorales traen consigo una sobra de desconfianza.   

Prospectiva y desafíos 

De acuerdo con lo manifestado respecto del 2022, tanto el sistema de gobernanza política como el devenir del sistema democrático presentan preocupantes nubarrones de riesgo que manifiestan la precariedad en estabilidad y gobernabilidad democrática. Por lo que, resulta urgente, impulsar acciones dirigidas a fortalecer al sistema democrático, en particular, a los garantes institucionales que canalizan y dirimen la conflictividad política. Sobre el tema, un aspecto central y estratégico recae nuevamente en reforzar y, quizás, desarrollar las reglas y mecanismos institucionales existentes para delimitar el despliegue de las acciones estratégicas de los actores inmiscuidos. 

Será central, por ejemplo, en función a lo establecido en la Ley de Organizaciones Políticas, que los recursos de imparcialidad, transparencia y celeridad respecto a la organización de las primarias para la elección de los binomios presidenciales que correrán el 2025, estén preparadas y asentadas con oportunidad para incentivar la democratización y resolución de las controversias y conflictos internos. 

El derrotero del conflicto del MAS-IPSP y del resto de partidos, tendría que canalizarse a través de estos recursos y dispositivos institucionales. Lo mismo podría decirse respecto a la conflictividad en la relación Gobierno/fuerzas opositoras. Lo importante es que está a pesar de su virulencia discursiva y, hasta, disposición de confrontación social, no desborden en escenarios de mayor contingencia y, por ello, menos institucionales e impredecibles. Indudablemente ello no dependerá tan solo de la existencia de reglas y mecanismos institucionales, sino de las estrategias y cálculos de oportunidad que cada actor pondrá en juego en cada arena. 

Sin embargo, precisamente, para evitar que estas dinámicas no acontezcan fuera del marco de las disputas democráticas, esto es, de la gestión institucional de los conflictos, se requerirá blindar y/o reforzar tanto los procesos que canalizan la conflictividad como al garante o árbitro del juego democrático, esto es, los procesos electorales y el OEP. [P]