En las últimas semanas ha habido un notorio descenso de las movilizaciones, paros y bloqueos en el Perú. Sin embargo, al sur, en Puno, las protestas se mantienen y no parece haber indicios de que vayan a amainar. Tampoco es seguro que en las demás regiones del Perú no tome cuerpo una nueva ola de marchas y confrontaciones. Nos encontramos en un momento de relativa calma, pero de absoluta indefinición política sobre el camino que tomará el país, especialmente respecto de una de las demandas de mayor consenso: el adelanto de las elecciones generales. 

Desde el 7 de diciembre del año pasado cuando el expresidente Pedro Castillo decidió en un mensaje a la Nación interrumpir el orden constitucional anunciando el cierre del congreso y la intervención de instituciones como el poder judicial o el tribunal constitucional, no aparece a la vista una salida política ni voluntad de dialogar. Lo que ha habido son protestas, unas pacíficas y otras muy violentas. El conflicto parece reducido a operaciones de restablecimiento del orden público. Mala señal.

Entretanto los fiscales han iniciado investigaciones sobre cada uno de los 48 civiles muertos en el escenario de las protestas, un policía asesinado con fuego, y más de 1300 personas heridas, algunas de ellas de gravedad. No será fácil avanzar en el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades penales, pero hay un pedido de no impunidad que suena muy fuerte y que forzará al ministerio público a hacer su trabajo con el máximo de diligencia e imparcialidad. 

Así nos lo hicieron saber el miércoles último los integrantes de la asociación de mártires y víctimas de Puno que llegaron hasta la Defensoría del Pueblo en Lima. Luego de revivir en su relato el dolor de la tragedia que les ha tocado vivir al perder a una hija y a un hermano, y de contarnos detalles de quienes eran en su vida diaria y de sus proyectos, uno de ellos, Raúl, dijo, “todos somos el pueblo, quizá de diferentes colores, pero somos iguales. Hemos venido hasta aquí porque queremos que nos ayuden a encontrar justicia. Hágannos sentir que no estamos solos, quizá lejos, pero no solos”. Y Demetrio, a su turno, y sin poder contener las lágrimas, nos dijo, “yo no entiendo porqué estas cosas tienen que pasar. Salgo con mis hijas un día y regreso con un ataúd”.

Cuando ocurren tragedias de esta envergadura hay una necesidad visceral de ser escuchado, de compartir el sufrimiento y de buscar respuestas a preguntas que golpean sin cesar en la cabeza de los deudos. ¿La sociedad y el Estado están   entendiendo el momento? ¿somos capaces de condolernos con los que sufren y repasar lo ocurrido con propósito de verdad y justicia? No parece que estemos yendo por ese camino. Prima aún el reproche irreflexivo que ubica a los actores en extremos irreconciliables.   

En el lenguaje de esquina, cuando usamos la expresión “soy todo oídos”, es para mostrar nuestra total disposición a escuchar porque entendemos que hay una urgencia de hablar, de dar testimonio. Del mismo modo en el medio político –si no es mucho pedir– valdría la pena enterarse de las historias de carne y hueso, leer la realidad desde las provincias, comprender que mientras no haya una salida política nos seguiremos moviendo en territorio minado. [P]

*Exclusivo para Correo del Sur.