Bolivia está frente a una nueva oportunidad histórica: su economía del litio. El salto tecnológico junto con las perspectivas de largo plazo, ofrecen al país y sus nuevas generaciones, un conjunto de potencialidades. También aparecen una serie de incertidumbres. Los principales problemas giran alrededor de lo siguiente: ¿el Estado boliviano está en la capacidad institucional, tecnológica y política, como para aprovechar competitivamente la economía del litio, aun a pesar de la inexistencia de experiencias solventes en la producción de baterías, políticas bien definidas en la transición energética y una estrategia estatal que tomó la decisión de priorizar las inversiones chinas? Esto es fundamental, porque el Estado sigue atascado en una tupida red con total falta de profesionalismo y capacidad técnica.

Por otro lado, es necesario saber qué características y alcances tienen los riesgos ambientales para la población indígena y los productores campesinos en los salares de Oruro y Potosí. Actualmente, la zona del salar y, en general, todo el departamento de Potosí, atraviesan por una crisis estructural de contaminación de las fuentes del agua debido a las prácticas depredadoras de la actividad minera y los efectos del cambio climático que golpeó de manera drástica a Oruro. Asimismo, es imprescindible conocer cuáles son las exigencias financieras inmediatas, la infraestructura tecnológica y las previsiones de transición energética de la economía boliviana del litio, que hayan sido concertadas entre el Estado boliviano y la sociedad civil. Los conflictos con los comités cívicos regresaron con fuerza y se demanda la aprobación de la Ley del Litio, haciendo ver que la explotación de los recursos no fue concertada, motivo por el cual no se puede garantizar transparencia y legitimidad.

Tampoco está claro cómo podrían influir, en términos prospectivos, el retorno de la ingobernabilidad, los conflictos regionales en Potosí y Oruro, así como diferentes demandas federalistas, frente a otras expectativas más realistas sobre el litio en América Latina. La transición energética en América Latina está muy vinculada al triángulo del litio compuesto por Bolivia, Argentina y Chile, donde se encuentra cerca del 70% de las reservas mundiales, cuya demanda global en el año 2021 llegó a las 465 mil toneladas. Su ritmo de crecimiento prevé un incremento de 2,9 millones de toneladas métricas de litio (LCE) para 2032. Los precios en el mercado también se dispararon 445%, puesto que el litio subió de $US 4.450 la tonelada en 2012 a $US 17.000 en 2021 y luego a $US 78.032 en 2022.

A pesar de los impactos negativos del Covid-19 en las economías del mundo, la fabricación de automóviles eléctricos se incrementó un 50% en 2020 y en el año 2021 se vendieron siete millones, todos funcionando con baterías de litio. Estas circunstancias son estratégicamente favorables para Bolivia que concentra una reserva entre el 25 y 30% del litio en todo el mundo, buscando convertirse en un contendor “supremo”, tanto en la producción como en el modelo de negocios denominado “soberano”, gracias a las irrestrictas inversiones que vienen de China. Es aquí donde yace la relevancia de la economía boliviana del litio, que se encuentra en medio de las oportunidades de la transición energética y el capital “pacientemente expansivo” de China, caracterizado por una estructura que madura en el largo plazo, altamente tolerante al riesgo y carente de condicionalidades hacia el gobierno boliviano.

La transición energética en el país todavía no posee una identidad específica, a pesar del intenso activismo de diferentes organizaciones sociales porque la economía del litio empieza a estructurarse entre las exigencias de “industrialización” que caracterizan al Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025, y la agenda 2025 del Bicentenario, de manera que el litio se transforma en la ilusión industrializadora y, al mismo tiempo, en el regreso de sutiles coacciones extractivistas que podrían distorsionar una armonía necesaria entre las políticas para enfrentar el cambio climático y la diversificación del potencial energético relacionado con fuentes hidroeléctricas, eólicas, solares y geotérmicas.

Las oportunidades no están exentas de contradicciones en lo referente a una explotación irracional que podría sobrevenir, agotando diferentes fuentes de agua en los departamentos de Potosí y Oruro. Además, varios conflictos están resurgiendo debido a la debilidad en el poder infraestructural del Estado boliviano, que tiene serias dificultades para estimular equilibrios entre los beneficios exigidos por los comités cívicos, los pueblos indígenas, las pugnas por mayores regalías de las clases medias y las presiones políticas de los inversores chinos para evitar transparencia e instaurar un tipo de capital destinado a la explotación en cadena, el cual ofrece mil millones de dólares en inversión para el periodo 2023-2030.

El gobierno firmó un contrato para la explotación del litio con un consorcio chino el 20 de enero de 2023. Las inversiones contemplan la construcción de plantas de energía eléctrica, caminos, instalación de servicios básicos y la infraestructura de los complejos industriales en Uyuni y Coipasa. Según las previsiones, se espera producir las primeras baterías de ion litio en 2025; sin embargo, la presencia china pretende monopolizar el litio, bloqueando un futuro acceso de Europa y Estados Unidos. Bolivia se convierte en el eje de conflictos en los balances de poder internacional y, eventualmente, podría también sucumbir ante la agenda oculta del gigante chino. [P]