Desde su orilla, la oposición –que desconfía del oficialismo– emplaza al MAS a respetar los procedimientos constitucionales. Con las elecciones de magistrados está en juego el destino de la justicia de Bolivia.

El peso de la presión para que Bolivia tenga nuevos magistrados judiciales en diciembre próximo ha caído ahora sobre la espalda del Poder Legislativo. Tiene tan sólo 30 días calendario para aprobar una ley de convocatoria con su reglamento.

De esa manera, dará vía libre a las elecciones de magistrados en todo el país. Añadamos a ello que esta norma debe ser aprobada, sí o sí, por dos tercios. Es decir, oficialistas y opositores deben hablar el mismo lenguaje.

A través de la sentencia 60/2023, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) anuló este lunes 31 de julio el reglamento y la convocatoria para la preselección de magistrados judiciales. Este era el argumento político del Movimiento al Socialismo (MAS) para llevar adelante la preselección de candidatos a magistrados. Cumplida esta labor, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) organizaría y ejecutaría las elecciones, vía voto directo para ocupar más de 90 cargos.

En el Poder Legislativo, el MAS tiene la mayoría, pero tal cantidad le es insuficiente para llegar a los dos tercios de votación y aprobar esta norma en particular. La oposición juega un papel determinante para cumplir este cometido. Y no dará su brazo a torcer mientras no se sigan al pie de la letra todos los pasos constitucionales.

Carlos Alarcón, diputado por Comunidad Ciudadana (CC), le dijo a Péndulo Político que el país necesita la certeza de que estas elecciones judiciales “sean transparentes, objetivas, que las reglas de juego estén garantizadas y que sean imparciales”.

En marzo pasado, con la mayoría del MAS, el Parlamento aprobó la convocatoria y el reglamento para la preselección de candidatos al Poder Judicial, lo que desembocó en airadas protestas de la oposición.

De inmediato entró en escena Fabián Ayala, diputado opositor por Creemos, quien interpuso ante el TCP una acción de inconstitucionalidad abstracta contra la convocatoria. Este recurso fue admitido por el TCP en abril y se suspendió por segunda vez la preselección de candidatos a las elecciones judiciales.

De nuevo, y con la mayoría oficialista, el MAS aprobó en junio una “Ley Transitoria” cuyo fin apuntaba a acelerar los plazos para garantizar que las elecciones judiciales se lleven a cabo este año, indefectiblemente porque la gestión de los magistrados electos vía elecciones, en 2017, concluye en diciembre próximo.

Pero, a falta de un pronunciamiento oficial del TCP esta ley transitoria no se hizo realidad.

Este lunes 31, recién se dio a conocer el fallo del TCP que instruye que este proceso retorne a fojas cero y comience otra vez, pero con la salvedad de que todos los pasos que dé el Parlamento estén regidos por dos tercios de votos. La sentencia también invalida la llamada Ley Transitoria.

Al respecto, Juan José Jáuregui, diputado del ala “arcista”, descartó que su partido vaya a obstaculizar el proceso de selección de candidatos a magistrados. Por el contrario, él sostiene que es la oposición la que no estará a la altura de este desafío de 30 días para garantizar estos comicios.

Jáuregui dijo que, si los opositores ponen freno a esta preselección de candidatos, le estarán diciendo al país que “no están de acuerdo con la renovación de estas altas autoridades”.

Plazos

Si la Asamblea Legislativa presenta al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la lista de postulantes preseleccionados el lunes 4 de septiembre, esta entidad informó que las elecciones judiciales se celebrarían el domingo 3 de diciembre.

Así lo informó la agencia ABI, que recoge las declaraciones de Nelly Arista, vocal del TSE: “El Órgano Electoral va a garantizar el desarrollo de las actividades tendientes a llevar a cabo la elección judicial hasta el domingo 3 de diciembre, para que los magistrados elegidos inicien sus funciones el 4 de enero. Por esa razón, tenemos la ley bien establecida respecto a nuestras actividades. ¿Qué quiere decir eso? Que el Órgano Legislativo debería estar enviando a este Órgano Electoral, hasta el 4 de septiembre, la lista de los seleccionados”.

A su turno, Jáuregui reconoció que el tiempo que el Parlamento dispone para esta tarea es breve. Sin embargo, dijo que su función, como asambleístas, es la de garantizar estas elecciones y cumplir el mandato que establece la propia Constitución Política del Estado.

“Si tenemos 30 días, vamos a agotar todos los esfuerzos para garantizar que se pueda cumplir con ese plazo. De no ser así, vamos a apelar al Tribunal Supremo Electoral para que comprenda la situación extraordinaria en la cual nos encontramos, que no es producto de la labor de la Asamblea Legislativa; sino, producto de la interposición de un recurso abstracto que ha sido promovido por el bloque de oposición”, subrayó.

Jáuregui no explicó en qué consistirá esa apelación que elevarían al TSE si es que el Parlamento no cumple los plazos establecidos. Apela, más bien, a la “madurez” de sus colegas de oposición para que Bolivia tenga nuevos magistrados electos en diciembre de este año y comiencen a trabajar desde el 4 de enero de 2024. [P]

Oscar Ordoñez, Periodista