Como abogado constitucionalista, Carlos Alarcón se dio cuenta de que su profesión no bastaba para contribuir a las soluciones de los problemas políticos que atraviesa este país. Faltaba algo más. Entonces, aceptó en 2018 formar parte de la agrupación Comunidad Ciudadana (CC) y, ahora –en su calidad de diputado– lleva adelante la misión de proponer proyectos de ley que mejoren a Bolivia. Confesó que en algunas ocasiones se siente impotente por no haber logrado que sus propuestas políticas sean tomadas en cuenta en la Cámara de Diputados. Sin embargo, mantiene la esperanza de contribuir a la solución democrática de los problemas que aquejan a este país. Uno de ellos, y de menor plazo, es consolidar la transparencia de las elecciones judiciales. El otro consiste en garantizar que la gente que vote en las elecciones nacionales de 2025 tenga la seguridad de que “no habrá otro fraude electoral”. De estos temas habló Alarcón con Péndulo Político.

PREGUNTA (P). ¿Qué peligra para el cumplimiento de la preselección de candidatos a las elecciones judiciales?

RESPUESTA (R). El peligro viene dado desde el MAS, el Gobierno y el Tribunal Constitucional al haber dictado esa sentencia a destiempo, tardía, para viabilizar las elecciones judiciales de este año por la falta de tiempo.

P. ¿Y por qué quiere el Gobierno que esos candidatos se queden en sus cargos?

R. Porque estos magistrados son producto de una elección manipulada por el expresidente Evo Morales, tal como lo reconoció el propio (ministro de Justicia) Iván Lima. Segundo, porque el actual Presidente y el gobierno los manipula para obtener fallos políticos.

P. ¿Se puede deducir que el Gobierno y el MAS no quieren elecciones judiciales?

R. No, no quieren. Comunidad Ciudadana ha presentado un proyecto de ley con una metodología que ayudará a que entreguemos datos de los candidatos preseleccionados hasta el 4 de septiembre.

P. ¿En qué consiste esa metodología?

R. Por una parte, la calificación básica de méritos se defina por el “cumple” o “no cumple” los requisitos de la Constitución y de la ley Orgánica que tienen que ver con documentos fidedignos, donde no hay posibilidad de manipulación política en la fase de preselección.

P. ¿Por ejemplo?

R. Los candidatos deben tener una antigüedad de ocho años de abogado o de docente o de juez o de fiscal. Deben tener conocimientos especializados en la materia a la que quieren optar, deben presentar documentos de educación superior, además de no tener militancia política, no tener condena ejecutoriada. Todos los que cumplan los requisitos básicos deberían ir a la papeleta de votaciones, en la nómina remitida al TSE para que el soberano, con su voto, califique los méritos óptimos.

P. Parece sencillo…

R. Si se acoge el único camino, de acuerdo con los tiempos extraordinarios que nos dejó esta sentencia, la preselección sería muy sencilla. Tendríamos 25 días útiles para mandar las listas al TSE. Junto con veedores nacionales e internacionales, y en cinco días, verificaríamos objetivamente el “cumple”, “no cumple”, con documentos fidedignos. Luego, se habilita dos días para las impugnaciones de la sociedad civil.

P. ¿Así se eliminaría la “manipulación” del oficialismo que usted asevera que hubo en las dos anteriores elecciones judiciales?

R. Claro, en esta elección no habría ya la posibilidad de manipulación. Lo que parece una solución imposible por esos 25 días de tiempo que nos quedarían; más bien, se convierten en una oportunidad para lograr una preselección transparente, donde el verdadero decididor con su voto ante candidaturas amplias, igualitarias y abiertas sea el ciudadano y no la manipulación de los asambleístas en el plenario.

P. ¿Ante qué tipo de escenario político estaríamos si fracasan las elecciones judiciales y los magistrados se quedan en sus cargos?

R. A Comunidad Ciudadana no se le puede reprochar absolutamente nada, porque nosotros estamos viabilizando la elección. Si hubiera un reproche de índole político, de índole jurídico debería ser al Gobierno, al MAS y al Tribunal Constitucional que no están viabilizando la elección. Ahora, siempre va a haber una responsabilidad política y le corresponde íntegramente al Gobierno, al MAS y al Tribunal Constitucional.

P. ¿Qué opinión le merece que algunos excandidatos de oposición a las elecciones de 2019 ya hablen de alianzas para las elecciones de 2025?

R. Comunidad Ciudadana ha señalado que todas las iniciativas para generar un esquema de unidad estratégica para el 2025 son positivas y convenientes. Pero este no es el momento, porque si ahora preelectorizamos al país, es hacerle el juego al MAS y al Gobierno.

P. A propósito, ¿hay una división entre “arcistas” y “evistas”?

R. A dos años y medio de los comicios, “arcistas” y “evistas” ya están preelectorizando el país. El MAS quiere que Evo sea presidente y el gobierno quiere que sea Arce. Para Comunidad Ciudadana, la prioridad en este momento es resolver temas críticos de la coyuntura de Estado: las elecciones judiciales, la realización del Censo, a fines de marzo del próximo año y las garantías para tener procesos electorales transparentes en 2025.

P. Sobre esa transparencia, ¿qué propone Comunidad Ciudadana?

R. Hemos presentado un proyecto de ley en el que se debe establecer un cotejo y un contraste de las partidas de nacimientos y los certificados de defunciones con los carnés de identidad y con los datos del padrón biométrico.

P. Un cruce de información…

R. Sí, un cruce de los tres registros que proporcionen mayor información, pues nos llama la atención la manera en cómo este narcotraficante (Sebastián) Marset, ha obtenido carnés como pipocas. ¡Imagínese! Con mayor razón tiene que haber un cruce de registros de datos.

P. ¿Un nuevo padrón electoral acaso?

R. Sobre la base del cruce de ese registro se tiene que hacer un nuevo padrón biométrico electoral o se tiene que sanear el existente, de acuerdo con la cantidad de divergencias que surgen entre estos tres registros.

P. ¿Qué pasa con el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP)?

R. Hemos pedido en este proyecto que se implemente oficialmente el sistema de transmisión rápida, simultánea y preliminar de datos electorales con las copias de las actas de votación, porque eso lo suspendieron el 2019 para hacer fraude, y el 2020, Salvador Romero, a pocos días de la votación, dijo que no lo habían podido hacer. Entonces, queremos que esa ley garantice como mejor mecanismo de transparencia un TREP que fue el que evitó que se haga fraude el 21 de febrero de 2016, cuando Evo Morales no pudo revertir el TREP y ganó el No. Estas son las urgencias que tiene Bolivia, ahora. [P]

Oscar Ordóñez, Periodista