Hace algunos días, el Presidente Luis Arce Catacora sacudió al país con una declaración sorprendentemente sincera y reveladora: afirmó que la producción de hidrocarburos “ha ido cayendo hasta tocar fondo”. 

Esta afirmación, hecha con cierta naturalidad, desencadenó preocupación entre aquellos que comprendieron su significado completo. Fue un golpe directo, similar al chasquido de dedos que despierta a un paciente hipnotizado. En aquella frase, probablemente sin proponérselo, insinuaba que la nacionalización había sido un engaño.

Torsiones

Días después, consciente de la magnitud de su confesión, el Presidente llamó a los medios de comunicación, en un intento por reparar el daño causado. Sin embargo, ya era demasiado tarde, pues el cristal se había roto irremediablemente.

En su comparecencia ante los medios prometió que, en un plazo breve, quizás para el 2026, el país recuperaría su prominencia en el sector energético, aspirando a convertirse nuevamente en el corazón energético del continente, una promesa que ya antes se había escuchado cuando el presidente Arce ejercía como ministro de Hacienda en la República y más tarde como ministro de Economía y Finanzas Públicas en el Estado Plurinacional.

No obstante, en el afán por explotar al límite nuestros recursos naturales, el gobierno pasó por alto una realidad crucial: la necesidad de cuidar a la gallina de los huevos de oro. A pesar de los esfuerzos y circunloquios del Presidente en la conferencia de prensa, buscando convencer al pueblo de que esta recuperación será posible en los próximos tres años, la realidad nos presenta un futuro preocupante.

En la actualidad, importamos y subsidiamos una suma significativamente mayor en millones de dólares de lo que ahora percibimos por la exportación del gas. Y las perspectivas de exploración, en manos de una dubitativa YPFB, no inspiran confianza. Nuestra principal empresa nacional está al borde del colapso y, para empeorar las cosas, carece del conocimiento y la experiencia que poseen las grandes transnacionales que alejamos con el discurso de la nacionalización.

Es posible que, en ese momento de honestidad presidencial al admitir que habíamos tocado fondo, Arce haya reflexionado sobre la oportunidad perdida de renegociar contratos con las grandes petroleras de manera más ventajosa. Empero, el tiempo no puede devolver las cosas a su estado anterior.

En lugar de ahuyentar a las transnacionales con leyes internas complejas, pudimos haber establecido acuerdos más equitativos para ambas partes. En la actualidad, ¿qué multinacional estaría dispuesta a invertir cientos de millones de dólares y someterse a una Ley de Inversiones que las obliga a someterse a la jurisdicción nacional en caso de conflicto?

Esta reflexión plantea cuestiones profundas sobre las decisiones pasadas y futuras relacionadas con los recursos naturales del país, destacando la importancia de encontrar un equilibrio entre la soberanía nacional y la inversión extranjera.

Considerar nuevamente la “sustitución de importaciones”, impulsada en América Latina en los años 80 por Raúl Prebisch y la CEPAL, suena a un esfuerzo extemporáneo. Esa época se la conoce como “década perdida” debido a sus resultados negativos. A menos que la administración Arce Catacora tenga una nueva teoría económica que reevalúe aquella vieja propuesta que implica tener una muy buena industria nacional, entre algunos de sus aspectos.

¿Es el litio el futuro?

El litio se presenta ahora como el recurso al que el gobierno mira con desesperación como su tabla de salvación. Es innegable que este mineral representa a futuro la fuente de riqueza más prometedora para Bolivia. Sin embargo, no podemos ignorar nuestra historia de dependencia del extractivismo ni el fracaso previo de intentos de industrialización.

El camino hacia la producción ideal de baterías de litio, pasando por los cátodos, desde la etapa inicial de carbonato de litio, tomará tiempo y debe abordarse con pragmatismo en lugar de seguir cerrando puertas por razones de afinidad ideológica internacional. El éxito requiere una política inteligente respaldada por un servicio exterior competente, en lugar del estado actual en el que se debate la diplomacia boliviana. Al menos no con el personaje intrascendente que hoy está instalado en la vieja casona de Plaza Murillo.

Mientras tanto, el país enfrenta el desafío de pagar los salarios de una abultada e inoperante administración pública, los varios bonos y las inversiones aún atrapadas en proyectos del pasado. Lamentablemente, parece que los fondos de la jubilación son mirados como una posible fuente de financiamiento; una táctica reprochable e indigna que el gobierno ha comenzado a usar a través de préstamos, para apoyar las tareas de terapia intensiva en las que se encuentra la economía nacional. [P]

* Javier Viscarra Valdivia, abogado, periodista y diplomático