Potosí: 20,5 millones de bolivianos, 41 ambulancias. Covid-19.
Datos que, aislados, tal vez no signifiquen nada para usted, sin embargo, confluidos constituyen el mayor hecho de corrupción en la gobernación del departamento de Potosí, estamos hablando de “las ambulancias fantasmas”.
Precisamente fue durante la pandemia por el covid-19, y aprovechando del decreto de emergencia sanitaria que autorizaba adquisiciones para “salvar vidas” en municipios y gobernaciones de Bolivia, que el gobernador de Potosí firma un contrato por 20,5 millones de bolivianos para la adquisición de 41 ambulancias, uno para cada municipio del departamento de Potosí.
Hasta ahí todo parece normal, pues obviamente las ambulancias son un equipamiento indispensable para trasladar personas enfermas, más aún durante una pandemia y en un departamento que no cuenta siquiera con un hospital de tercer nivel en funcionamiento pleno. Al fin una decisión para atender a la gente que ya estaba sufriendo mucho viendo morir a sus seres queridos en sus casas, sin auxilio oportuno.
Pero resulta que este millonario contrato se firma con una empresa bastante novel (de reciente creación), con un patrimonio mínimo, dirección inexistente, sin experiencia en la importación de vehículos y NIT falso, excluyendo del proceso a empresas legalmente establecidas que incluso ofertaban un menor precio.
Más grave aún: sin que las 41 ambulancias estén físicamente en suelo suramericano, boliviano y menos potosino, se había firmado ya el acta de recepción de las 41 ambulancias, dando cuenta que las mismas se encontraban en la ciudad de Potosí, en instalaciones del garaje del centro Covid, habiendo sido previamente verificadas y estando listas para prestar inmediatamente el servicio de auxilio a los enfermos de covid-19 y otras patologías que requerían traslado urgente. ¡Información absolutamente falsa!
A pesar que el hecho fue denunciado públicamente desde enero de 2022 y formalizado ante el ministerio público de Potosí, la fiscalía prefirió dilatar la investigación, tratando con mano de seda a los corruptos casi por dos años; naturalizando así el hecho de que la corrupción no se castiga cuando sus protagonistas son autoridades electas del partido de gobierno.
De esta manera, parecería que en el contexto actual boliviano, la “corrupción” tiende a ser un requisito en la política, más aún cuando “los malos” (carente de valores, principios, ética y preparación), en su mayoría están en las listas de los partidos políticos para acceder al poder; frente a “los buenos” (más íntegros moralmente, capacitados profesionalmente y prestigiados en su comunidad, según el artículo que acompaña esta edición, “La rebelión de los buenos”) que han optado por no hacer política partidaria, viendo de palco el desastre en el que nos sumergimos. [P]
Azucena Fuertes Mamani, comunicadora social y asambleísta departamental de Potosí
