Lamentablemente el narcotráfico, el crimen organizado y la vía que tienen para operar que es la corrupción han calado hondo en las instituciones democráticas de Ecuador. La policía, los jueces, las elecciones, los políticos, las autoridades electas y hasta los periodistas se han visto sindicados o relacionados con el crimen organizado. 

Aparentemente esta situación estuvo ahí por varios años, pero no había el nivel de la violencia que ahora se vive. Los asesinatos políticos del año pasado, de candidatos para alcaldes y el candidato presidencial Fernando Villavicencio evidenciaron lo que se estaba incubando en Ecuador hace unos 2 años, post pandemia. La inseguridad ahora es el mayor problema y fuente de preocupación de la población.  

En diciembre pasado, la fiscal general, Diana Salazar, develó una de las más grandes redes de crimen organizado en Ecuador, vinculando al sistema político, las fuerzas del orden y el sistema judicial. 

El presidente Noboa, que asumió el poder el 23 de noviembre de 2023 para completar el periodo presidencial por 16 meses, había prometido combatir el crimen y atender la demanda ciudadana de mayor seguridad. 

Es así como los primeros días del año, anunció planes para la construcción de nuevas cárceles para pandillas, siguiendo el modelo de El Salvador, y fortalecer la seguridad ciudadana proponiendo una consulta popular, que en ese momento tenía 11 puntos centrados en combatir el crimen. Ahora esta propuesta de referéndum incluye la extradición y la expansión del poder del estado para confiscar bienes criminales, a través de la Ley de Extinción de Dominio y exigir que las fuerzas del orden sean juzgadas por jueces especializados en leyes militares y policiales. 

Ecuador se caracteriza por tener leyes de protección de derechos humanos muy amplias para los “supuestos criminales”, las fuerzas del orden como la policía están de manos atadas puesto que solo pueden emplear armas de fuego en legítima defensa, y mientras es determinado este hecho, los policías involucrados van a la cárcel esperando el dictamen de un juez o el perdón Presidencial. 

Estos planes alarmaron a los líderes del narcotráfico que ocasionó la dramática fuga de la prisión de uno de los principales traficantes de drogas del país, José Adolfo Macías Salazar, alias ‘Fito’, el líder de la organización criminal Los Choneros, que está vinculada al cartel mexicano de Sinaloa. 

Ecuador cayó en una espiral de terror dese el 9 de enero, cuando miembros de bandas criminales desataron el caos, irrumpieron en el estudio de una transmisión de televisión en vivo durante el noticiero de mediodía, coches bomba en varias ciudades, tomaron como rehenes a unos 140 guardias en las seis cárceles amotinadas y mataron a dos policías en una ola de violencia que representa un desafío directo a la autoridad del presidente Daniel Noboa, quien decretó un estado de “Conflicto armado interno”.  Esta respuesta del crimen y caos siguió a la decisión de Noboa de declarar un estado de excepción y toque de queda de 23h00 a 5h00, en respuesta a la fuga de prisión del líder de la pandilla Los Choneros, Fito el 7 de enero.

La declaración de Noboa de un estado de conflicto armado interno otorga poderes a las fuerzas armadas para combatir a los grupos criminales que operan en Ecuador. Su decreto ordena a las fuerzas armadas “neutralizar” a no menos de 22 grupos criminales clasificados como “organizaciones terroristas y actores beligerantes no estatales”, incluidos Los Choneros, y los grupos rivales, Los Lobos y Los Tiguerones. Aunque se insta a que las operaciones militares se realicen “de acuerdo con el derecho internacional humanitario y respetando los derechos humanos”, se identifica a estos terroristas como objetivo militar y existe una posibilidad clara de un aumento en la violencia.

Las acciones de las bandas criminales parecen estar poniendo a prueba la determinación de Noboa, quien ha prometido seguir el ejemplo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en tomar medidas drásticas contra el crimen organizado. 

El narcotráfico, por una serie de factores, como las leyes blandas y un sistema judicial y político corrupto, encontraron en Ecuador un lugar confortable para operar.   Pero, no sólo es Ecuador, estos hechos son una señal de alarma para los países de Latinoamérica, que pueden ser afectados por este nuevo rumbo, el mercado de las drogas a causa de su sobreproducción y la creciDUente influencia de los carteles mexicanos y colombianos.

El narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción erosionan las instituciones del estado, la confianza de los ciudadanos en la democracia y es un caldo de cultivo para que políticos disruptivos, outsiders, de corte populista y autoritario, de cualquier tendencia, crezcan y se conviertan en una opción electoral, como un mesías que prometen liberar a los ciudadanos, en este caso, del crimen. Los gobiernos y el sistema político deben atender con prioridad las necesidades ciudadanas como la economía, la salud, la educación y la seguridad. De lo contrario, corren el riesgo de ser desplazados por estas corrientes. [P]

*Exclusiva desde Ecuador para Péndulo Político

Miguel Hernández, cientista político