En enero, inicio de año marcado por la crisis político-judicial, siete de cada diez bolivianos encuestados reprobaron la gestión del Órgano Judicial. Ha tenido peores calificaciones. Entonces, ¿por qué, si hay una abrumadora mayoría que censura a jueces y fiscales, no es un tema que moviliza al conjunto de la población?

El 2023 cerró sin las elecciones judiciales que manda la Constitución y con la polémica declaración del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que “autoprorrogó” el mandato de los magistrados. Las fuerzas en la Asamblea Legislativa Plurinacional no hallaron consensos y las pocas aproximaciones cayeron en saco roto cuando el mismo TCP admitió una serie de recursos que frenaron los comicios; lo último ha sido una medida cautelar que obliga al Parlamento a aceptar la prórroga antes de seguir con el tratamiento de la ley de convocatoria a las judiciales, sobre la cual los partidos –acusados de no trabajar– ya habían alcanzado algunos consensos.

Por si eso fuera poco, la pugna entre las dos facciones del gobernante MAS ha anticipado la disputa electoral de cara a las elecciones generales de 2025.

Concluida la segunda semana de bloqueo protagonizado por los sectores sociales afines al expresidente Evo Morales, en demanda de elecciones judiciales y renuncia de los magistrados, se levantó la medida de presión. En la práctica, las protestas fueron una pulseta con el Gobierno después de que se conociera un fallo constitucional que veta una posible candidatura de Morales, resistida por el ala que responde al Presidente Luis Arce. 

“No creo que en este momento a ninguna de las dos facciones les interese la independencia judicial. Ese es un cuento. En realidad, les interesa mantener cooptado el Órgano Judicial, unos a través del prorroguismo y otros a través de la asignación de magistrados interinos que sean de su agrado”.

La abogada Kathia Saucedo lo dice claro. Presenció las acciones emprendidas desde el primer gobierno de Morales para cooptar la justicia y procesar a opositores y, luego, con el grupo de juristas independientes, apostó a una reforma judicial vía referéndum. Se quedaron a medio camino al no lograr la movilización popular esperada, aunque el respaldo que obtuvieron en firmas no fue menor.  

LA ENCUESTA 

Aunque los bloqueos provoquen un perjuicio nacional, están sostenidos por un solo grupo. Estas protestas restringidas difieren de una indignación generalizada con el estado de la justicia, ya sea por la postergación de las elecciones y la prórroga, o por la corrupción, retardación y politización de siempre, agravadas en los últimos 20 años, según han advertido diversos análisis con anterioridad.

En enero, un 75% de bolivianos desaprobó la gestión del Órgano Judicial frente a un 13% que la aprobó, según una encuesta en línea de Ipsos Ciesmori aplicada en el eje central del país y cedida a CORREO DEL SUR. Respecto a diciembre de 2023, el nivel de desaprobación aumentó tres puntos.

Entre cuatro ciudades, La Paz es la que da mayor nivel de reprobación: un 77%. Entre generaciones, los “boomers” –es decir, los nacidos entre 1946 y 1964– son los más indignados con la justicia ya que un 91% la reprueba.

¿Y el culpable del retraso de las elecciones judiciales? Otra medición, esta vez de Diagnosis, señaló como responsables al Gobierno (37%), a la Asamblea Legislativa (23%), a la oposición política (16%) y a los magistrados (8%); en suma, el Estado, aunque entre los consultados un considerable 16% no sabe ni responde.

INDIGNADOS EN CASA

¿Por qué los indignados no salen a las calles?

El politólogo Franklin Pareja tiene dos hipótesis. La primera, las organizaciones políticas no realizan acciones eficaces “que dinamicen la indignación y canalicen la protesta”. “Las conformaciones políticas opositoras –que yo no las llamo fuerzas políticas porque muchas no tienen fuerza– no tienen la capacidad de interceder, posicionar ante la sociedad civil un mensaje eficaz y contundente que permita una movilización colectiva” ante una justicia y democracia en peligro, manifiesta.

Su segunda hipótesis pasa por el rechazo a Evo, que ha tomado la bandera de las elecciones judiciales. “Eso puede estar disuadiendo a una parte de la población que no se quiere sumar a la protesta no porque no esté en contra de los prorrogados, sino porque parecería una acción vinculada al ‘evismo’ (…) La sociedad percibe en alguna medida que esta acción de Evo Morales no es por un interés nacional sino es por un interés particular”, remarca.

Se ve en las redes sociales y en las calles. Cuando las protestas contra los magistrados comenzaron en Sucre, sede del Órgano Judicial, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y El Bunker Tercera República se cuidaron mucho de no coincidir ni siquiera en espacios con militantes “evistas” que ya estaban en vigilia.

Para la politóloga Ana Velasco, hay una mezcla de “cinismo y cansancio” en la población. “Nos hemos acostumbrado a que así son las cosas (…) Nadie se va a movilizar para cambiar un sistema que, aunque sabemos que no nos gusta, ya nos hemos adaptado. Y cansancio, por otro lado, porque después de todo lo que ha pasado en 2019 con la crisis (política, que derivó en la salida de Evo); pandemia, 2020, 2021; en el caso de Santa Cruz el 2022, 2023 han sido años superduros (por el paro en demanda de censo), estamos totalmente agotados y abrumados con la cantidad de movilizaciones que se necesita hacer en este país para lograr cualquier cosa. La gente también quiere un poquito de paz social, trabajar en sus cosas, dedicarse a su familia, a su vida y no estar constantemente preocupada de arreglar lo que los políticos y el Estado deberían arreglar”, expresa.

A ello se suma la preocupación por la economía y el convencimiento de que 2025 acarreará conflictos al ser un año electoral e, incluso, este 2024, como periodo preelectoral.

“Creo que es una indignación en crecimiento, o sea progresiva, lenta, subterránea, pero muy extendida. El problema es que no tiene un factor en común: hay gente que está indignada por la situación económica, hay gente que está indignada por la corrupción en la justicia, hay gente que está indignada por los bloqueos. Entonces, los factores de indignación son múltiples, diversos y, de alguna manera, dispersos. Por otro lado, todavía no se pueden colectivizar, pero estamos a poco de que se genere una colectivización de esa indignación”, opina, por su lado, la activista de Mujeres Creando, María Galindo, que recién mandó a la mierda, en conferencia de prensa, a los bloqueadores de Evo y al gobierno de Arce.

Ve un “multibloqueo”, el clientelar del “evismo”, que entró en cuarto intermedio, y el de la inacción del Gobierno. Coincide en avizorar un panorama conflictivo a partir del nivel de la pelea del MAS. “Se están generando odios muy fuertes, por lo tanto, vamos a estar frente a una escalada, donde hoy son las elecciones, mañana va a ser el censo, pasado mañana va a ser el presupuesto, es decir, absolutamente todo va a pasar por un proceso tan dificultoso como este y, en ese sentido, probablemente Bolivia tenga que ir a un adelantamiento de las elecciones generales para hacer un rayado de cancha distinto que responda a la sociedad”, indica.

Ocurra o no, lo cierto es que los intereses electorales están en el centro de los próximos conflictos que se dirimirán no solamente en el Órgano Electoral, sino en la justicia en crisis. [P]

María Galindo

Activista Mujeres Creando

“Creo que es una indignación en crecimiento, o sea progresiva, lenta, subterránea, pero muy extendida. El problema es que no tiene un factor en común: hay gente que está indignada por la situación económica, hay gente que está indignada por la corrupción en la justicia, hay gente que está indignada por los bloqueos. Entonces, los factores de indignación son múltiples, diversos y, de alguna manera, dispersos. Por otro lado, todavía no se pueden colectivizar, pero estamos a poco de que se genere una colectivización de esa indignación”.

Ana Velasco

Politóloga 

“Nadie se va a movilizar para cambiar un sistema que, aunque sabemos que no nos gusta, ya nos hemos adaptado. Y cansancio, por otro lado, porque después de todo lo que ha pasado en 2019 con la crisis (política, que derivó en la salida de Evo); pandemia, 2020, 2021; en el caso de Santa Cruz el 2022, 2023 han sido años superduros (por el paro en demanda de censo), estamos totalmente agotados y abrumados con la cantidad de movilizaciones que se necesita hacer en este país para lograr cualquier cosa. La gente también quiere un poquito de paz social”.

Franklin Pareja

Politólogo

“Las conformaciones políticas opositoras –que yo no las llamo fuerzas políticas porque muchas no tienen fuerza– no tienen la capacidad de interceder, posicionar ante la sociedad civil un mensaje eficaz y contundente que permita una movilización colectiva (…) Una parte de la población no se quiere sumar a la protesta no porque no esté en contra de los prorrogados, sino porque parecería una acción vinculada al ‘evismo’ (…) La sociedad percibe en alguna medida que esta acción de Evo Morales no es por un interés nacional sino es por un interés particular”.