Muchos análisis sostienen que hoy América Latina pasa por un momento de crisis democrática causada por populismos de distinto pelaje. En este artículo pretendo mostrar que algunos países tienen una resiliencia institucional capaz de castigar a lideres populistas cortando su trayectoria política y otros no. Luego, de forma breve postularé qué tipo de armado institucional explica esta capacidad o no de resistencia al embate populista.  

En Brasil, el expresidente de ultraderecha, Bolsonaro tiene una suspensión de ocho años para postular a cualquier cargo público. En junio de 2023 fue sentenciado bajo la acusación de abuso de poder cuando puso en duda la votación electrónica en Brasil, lo que dio pie a que un grupo de desalmados atacaran instituciones como el Congreso Nacional. También lo castigaron por favorecerse electoralmente en ocasión de conmemorar el Bicentenario de la independencia de Brasil (2022).  

Algo parecido pasó en Ecuador, pero esta vez con un populista de izquierda como Rafael Correa, donde la Corte Nacional de Justicia de ese país, en septiembre de 2020, ratificó una condena por cohecho contra el expresidente. La sentencia lo inhabilita de por vida para postularse a cualquier cargo público sea electivo o no. 

En Perú, hoy guarda detención carcelaria Pedro Castillo, un político que logró con relativo éxito politizar la identidad étnica resaltando su origen campesino, pero que ya en funciones se enlodó en casos de corrupción por lo que el congreso intentó vacarlo (despedirlo) en dos ocasiones. Finalmente, ya acorralado por el legislativo, en diciembre de 2022 intentó un golpe de Estado decretando su cierre, lo que le valió la cárcel.  

En Argentina, la expresidenta Cristina Kirchner fue condenada el 6 de diciembre de 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.  Esto fue lo que la obligó a dar un paso al costado en las elecciones de 2023 y colocar a un candidato como Massa, un político profesional que tuvo que rendirse ante el novato Javier Milei. 

Contrariamente a esta lógica, Bolivia todavía no encuentra las vías para sancionar al populista Evo Morales. Pese a que cometió delitos como el desconocimiento del voto popular del referendo de febrero de 2016 y aplicó una explícita manipulación sobre los vocales del Tribunal Constitucional para sus postulaciones de 2014 y 2019, hoy Morales, libre de polvo y paja, se anuncia como candidato del MAS para las presidenciales de 2025.  Aunque suena obvio, esto mismo ocurre, con aun mayor gravedad, en Venezuela y Nicaragua. 

¿Qué podría explicar estas diferencias? 

Me animo a plantear tres factores. 

En primer lugar, en algunos países como Brasil o Argentina su sistema electoral tiene una forma de convertir los votos en escaños parlamentarios, que garantiza que ninguna fuerza política pueda lograr dos tercios del parlamento, lo que otorga capacidad opositora real a las minorías. Por ejemplo, si Javier Milei hipotéticamente hubiera ganado con el 80% de los votos, sólo podría haber alcanzado, como tope, la mitad de bancas parlamentarias. 

Segundo, países con sistemas semiparlamentarios, es decir aquellos donde el congreso tiene cierta capacidad de veto, han podido frenar los arranques autoritarios de gobiernos populistas, ya sea vacando directamente a un presidente corrupto o impidiendo una toma total de los poderes judicial y electoral por parte del poder populista. Esos son los casos de Perú y Ecuador, respectivamente.  

Tercero, países con sistemas federales, allí donde las regiones tienen poder político territorial real, gozan de mayor capacidad para frenar autoritarismos desde los espacios subnacionales. 

Nuestro país, por el contrario, tiene un sistema electoral de transformación de votos en asientos parlamentarios que garantiza que un partido grande como el MAS logre los dos tercios de votos en ambas cámaras, lo que indefectiblemente genera minorías ineficaces; su sistema es presidencialista y, a pesar de lo que dice su Constitución, es fuertemente centralista. 

Estos son los asuntos institucionales que debiéramos intentar discutir en Bolivia. El no hacerlo siempre nos llevará a que la definición política esté en las calles y sean ellas las que expulsen del poder a un mal gobierno. Pasó con Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003 y con Evo Morales en 2019. Ambos, antes de subirse al avión con destino al exterior del país, presentaron su renuncia. Aunque uno lloró más que el otro. [P]