El nuevo freno a las elecciones judiciales, en medio de las continuas denuncias de injerencia política en Bolivia, ha aumentado las voces de alerta ante la desinstitucionalización progresiva de ese Órgano del Estado.

Este martes, la Sala Constitucional Primera de Cobija, en Pando, dio curso a una acción popular y dejó sin efecto el proceso de selección de candidatos a magistrados, generando el reclamo airado de la oposición y otras organizaciones que acusaron al Gobierno y a las autoridades judiciales prorrogadas de estar detrás, en medio de la pugna entre las alas “evista” y “arcista” del gobernante MAS. Correo del Sur Radio entrevistó al Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, quien advirtió sobre un “uso perverso de las formas democráticas”.

Pregunta (P). ¿Se están violando derechos con las continuas paralizaciones del proceso de las elecciones judiciales?

Respuesta (R). La Defensoría del Pueblo ha hecho seguimiento desde la gestión pasada a todo este proceso de selección y designación de las altas autoridades judiciales. Ya lo habíamos dicho la anterior gestión, cuando se estaba suscitando una serie de incidentes, que ha habido un proceso de obstaculización, que desencadena en la limitación, a corto plazo, del ejercicio del derecho político que tiene la ciudadanía boliviana de elegir a sus autoridades judiciales, y a mediano plazo, también es el derecho de acceso a la justicia en condiciones de seguridad. La reiterada suspensión de este proceso eleccionario cierta- mente pone en vilo estos derechos y esto es importante, creo también mencionarlo, como parte de la situación que está aconteciendo en este momento. Pero creo que adicionalmente a estos derechos que están en serio riesgo en su ejercicio, también es importante reflexionar con todos los tomadores de decisión, con todos los actores políticos, acerca de la responsabilidad que tienen en los mensajes que le dan a la población acerca del mecanismo democrático como forma de convivencia, como forma de institucionalidad y como forma de solución de las demandas que tiene la población. Y creo que no hay que equivocar el camino: hay un sistema democrático que nosotros tenemos. Está claramente estructurado en su institucionalidad y no podemos avanzar hacia el uso perverso de estas formas democráticas con la finalidad, con un resultado que pueda lesionar los derechos de la población, en particular el ejercicio de ese derecho político de elegir a sus autoridades.

P. ¿Son los actores políticos, también los actores judiciales los que están equivocando ese camino?

R. Hay una responsabilidad de toda la institucionalidad estatal, desde los diferentes órganos que deben darle una respuesta a la población, cierta, oportuna, pero fundamentalmente de una alta seguridad acerca de lo que estamos realizando. No puede suspenderse en forma permanente un proceso eleccionario que debilita la credibilidad de todo un proceso democrático, que le da un mal mensaje ahora a la población en sentido que no puede solucionar un problema a través de estos actores políticos que debe- rían estar en su momento (prestos) a que se solucione rápidamente este tema de la selección, la elección y la posterior designación de las altas autoridades judiciales.

P. Hay una tensión latente en el país. ¿Ve riesgo de que se desencadene la violencia?

R. La verdad es que nosotros intervenimos en esta temática ante la posibilidad de vulneración de derechos. Le reitero, a corto plazo, el derecho político a elegir a las autoridades; a mediano plazo, el acceso a la justicia, pero también la eventualidad de que puedan generarse espacios de vulneración de otros derechos ante la posibilidad también que pueda haber manifestaciones de disconformidad por parte de algunos segmentos de la sociedad. Y eso pueda reeditar lo que el mes de enero hemos vivido recientemente (en referencia a los bloqueos protagonizados por los sectores sociales leales a Evo Morales) y ha provocado una serie de limitaciones a múltiples derechos, particularmente de aquellas personas que no estaban vinculadas en esa conflictividad.

P. La Defensoría del Pueblo llamó la atención recientemente sobre la próxima presencia en el país, este mes de mayo, del relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para Bolivia, José Luis Caballero, como una oportunidad para allanar el proceso de las elecciones judiciales. ¿Aún lo ve así?

R. La coyuntura del comunicado era en un momento anterior a la suspensión de este proceso de selección y designación de altas autoridades, pero definitivamente se constituía y ojalá se pueda materializar. Seguramente va a ser una oportunidad para generar estos espacios de reflexión para impulsar mucho más el tema de la selección, designación de estas altas autoridades, pero también generar una mayor decisión, una mayor responsabilidad por parte de las autoridades que, en este momento, se encuentran en la obligación de darle una respuesta a la población.

P. ¿Cómo resume su mensaje a las autoridades en esta coyuntura?

R. Quiero reiterar este mensaje claro a las autoridades, fundamentalmente, a esos tomadores de decisión, a los actores políticos, a quienes en este momento se encuentran conduciendo los diferentes órganos del Estado. No equivoquemos en esa idea que le estamos transmitiendo a la población, en sentido de que este espacio democrático, modelo democrático, es insuficiente para resolver es- tos problemas. Por el contrario, hay que dar a la población seguridad en lo que estamos haciendo, de tal manera que evitemos cualquier tipo de situación que genere la vulneración de los derechos humanos, no solamente por el tema de la no realización de las elecciones judiciales, sino espacios de violencia que se puedan dar a partir de confrontaciones que nadie quiere y pueden suceder. [P]