Con la sanción de la ley 075, de cesación de los magistrados prorrogados, y el anuncio de que el presidente Luis Arce no la promulgará, se abren nuevas interrogantes sobre la suerte de las elecciones judiciales, sujetas a un choque de poderes que tiene por detrás la pugna entre ‘evistas’ y ‘arcistas’.

El jueves, la oposición y el ala ‘evista’ del MAS aprobaron la Ley 075 en una sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional, convocada y presidida por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, aprovechando el viaje del presidente Luis Arce a Rusia y la asunción a la primera magistratura del vicepresidente y presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca. Horas antes, el Tribunal Constitucional Plurinacional, que en diciembre dictó la prórroga de mandato para todas las autoridades judiciales, suspendió la competencia de Rodríguez para cualquier convocatoria al admitir un recurso del diputado “arcista” Juan José Jáuregui. Con la ley 075 todavía pendiente de promulgación y publicación, ¿se destrabarán ahora las elecciones judiciales y la crisis de este Órgano de la Justicia? Correo del Sur Radio entrevistó a la abogada Kathia Saucedo, miembro del grupo de juristas independientes que reclama una reforma constitucional para cambiar la justicia.

Pregunta (P). ¿Qué elementos son necesarios para una lectura de lo que ha ocurrido en la Asamblea Legislativa Plurinacional?

Respuesta (R). Primero, la acción de nulidad que se interpuso no es que haya sido declarada procedente, sino simplemente se ha iniciado procedimiento, han admitido y han ordenado la notificación a los accionados. Cualquier notificación a los accionados necesita que sea personal (…), si no fue practicada de esa manera, significa que no había ninguna obligación de suspender la sesión. Por otro lado, el señor Andrónico Rodríguez –y aclaro que no tengo ningún ánimo de defender a nadie ni de poner posiciones antagónicas, sino simplemente hago un análisis legal– estaba en suplencia legal del presidente nato de la Asamblea (…), tenía toda la competencia necesaria para convocar a una sesión de plenario de la Asamblea. Tercero, efectivamente la ley que se sacó necesita obviamente la promulgación del presidente (…) Por los anuncios parece que no va a ser sancionada, por tanto, no va a ser una ley del Estado. Por otro lado, cualquier ley inicia su vigencia a partir de su publicación y la publicación se hace una vez que el presidente la sanciona y no ejerce su derecho a veto. Tampoco hay que perder de vista que los mandatos prorrogados de los magistrados y magistradas son susceptibles de nulidad, porque no están amparados en la Constitución y, por tanto, no están ejerciendo su mandato basado en la jurisdicción y la competencia que solamente les otorga seis años de mandato, que feneció el pasado 31 de diciembre. 

P. ¿Estamos ante un choque de poderes?

R. Estamos en una disputa entre dos órganos del Estado: la Asamblea Legislativa Plurinacional y el Tribunal Constitucional Plurinacional; pareciera que esa es la pulseta que vamos a tener por varias semanas más. La pregunta es hasta dónde puede el Tribunal Constitucional lograr que sus decisiones se cumplan cuando tocan una esfera de otro órgano, cuando estas sentencias y estas declaraciones son dictadas por magistrados prorrogados y autoprorrogados. Sabíamos que ese era un escenario posible, que al mantenerse prorrogados sin jurisdicción constitucional provoque un desconocimiento, un desacato de las decisiones que el Tribunal vaya tomando durante este proceso. Es, creo yo, una antesala de la declaración de nulidad de muchísimos de los actos de los magistrados, pero eso sí hay que advertir que la declaración de nulidad se realiza de manera judicial, tiene que ser jurisdiccional, no corresponde a ningún ente administrativo.

P. Usted había remarcado en una entrevista anterior, tras un último fallo del Tribunal Constitucional sobre las elecciones judiciales, que correspondía avanzar en las comisiones. ¿Mantiene esa posición? ¿Las comisiones deberían retomar su trabajo?

R. En realidad eso es lo que corresponde porque, de hecho, todavía más ahora, después de este proyecto de ley, lo que sí tengo claro es que hay una desconfianza, un descreimiento y posiblemente un no cumplimiento de las decisiones que tomen los órganos donde hay magistrados y magistradas prorrogadas. Esa es una gran posibilidad a partir de ahora porque ya no se trata solamente de afirmaciones de juristas, en sentido de que la prórroga no es constitucional, sino hay hechos concretos y reales de desconocimiento de las decisiones que toman estos órganos. Cuando un servidor público asume un cargo, en especial un cargo jurisdiccional de este nivel, necesita además de los requisitos de idoneidad, probidad, etcétera, un cierto grado de legitimidad, de que los fallos tengan un sentido de justicia que permita que la gente los cumpla. Esa es la legitimidad.

P. Esto nos retrotrae a la propuesta inicial de los juristas independientes.

R. Obviamente aquí viene otra vez lo que nosotros habíamos dicho tantas veces: esta pulseta que estamos viendo tiene que ver precisamente con que la preselección está en manos de un órgano político partidario, y entonces todas las posiciones y discusiones de esta naturaleza recaen sobre la elección judicial. La elección judicial debería ser un tema absolutamente técnico, donde lo único que se esté viendo ahorita sean las idoneidades y probidades de los postulantes, sin embargo, estamos en un entuerto político donde se han mezclado las cosas, entonces nos da la razón de que en el futuro es necesario, absolutamente necesario, extraer la preselección de manos de la Asamblea Legislativa Plurinacional por las implicancias que trae su naturaleza político partidaria. Y la situación se está poniendo cada vez más grave, precisamente por eso. Probablemente si la preselección estuviera en manos de un órgano sin estas connotaciones, sin representaciones políticos partidarias, es probable que la elección y la preselección hubiesen transcurrido sin mayores problemas, porque no está ese ingrediente tan fuerte político partidario donde las posiciones no ceden. 

P. ¿Entonces las elecciones judiciales todavía siguen en la incertidumbre?

R. Si yo fuera asambleísta y si fuera parte de las comisiones, continuaría con el trabajo, porque no encuentro una limitación por ahora. La única limitación que te ha dicho el Tribunal es en relación al tema de los criterios de género y plurinacionalidad, que eso se puede solucionar, pero por eso mismo este proceso que debería estar continuando ahora, se ha visto detenido, porque hay una pulsera política entre “evistas” y “arcistas”, y ahora la oposición también involucrada: porque a los unos les interesa mantener la prórroga y a los otros les interesa no mantenerla, o sea, desde mi perspectiva la prórroga, como lo hemos dicho muchas veces, es un acto inconstitucional y va a generar nulidad de los actos de estas personas desde que fueron prorrogados, y va a generar en algún momento un caos jurídico, porque muchos de esos actos han afectado y están afectando derechos de muchas personas.

P. ¿Y se produce un vacío de poder?

R. Escuchaba decir que preocupaba mucho el vacío de poder. No sé si es que esto no tiene una lectura de costo-beneficio. Me parece que el mantener magistrados prorrogados con la grave incertidumbre que eso provoca, con la sensación de no certeza, inseguridad, deslegitimidad, como ahorita está sucediendo, es muchísimo peor que tener un vacío de poder temporal. Claro, tendría que haber un vacío temporal de poder mientras va realizándose en paralelo la conclusión del proceso de preselección, eso debería ser rápido, pero si tiene usted un vacío de poder y además la preselección se detiene, estamos en serios problemas. [P]